El diputado Jaime Araya Guerrero (IND-PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara y recientemente parte de la Comisión Investigadora por nuevas formas de criminalidad en el norte de Chile abordó esta temática que se eleva como la principal preocupación de los ciudadanos.
Los episodios en la región de Antofagasta respecto a la delincuencia van en clara escalada. El último de ellos fue el intento de ingreso de armas de guerra para bandas criminales por el Aeropuerto Andrés Sabella, pasando por la mayor presencia de pistolas en poder de los delincuentes, sumado a descuartizamientos, motochorros, balaceras, y la lista es larga.
En esta conversación con Timeline.cl, el parlamentario hizo un llamado a la Delegación Presidencial Regional a «transmitir con lealtad» a nivel central lo que está ocurriendo en el territorio pues, señala, «siento que hay que reforzar la labor que hacemos los parlamentarios de permanentemente estar solicitando medidas especiales, pero si del nivel regional no se hace un esfuerzo de manera clara, es poco probable que nosotros podamos tener algún nivel de escucha desde el nivel central».
- ¿Cuál es el problema más urgente al que debe dedicarse el gobierno a nivel regional?
Yo creo que son dos los temas, uno sin duda el combate de la delincuencia, narcotráfico y crimen organizado, es esencial poner en la agenda el tema del combate a la delincuencia; es brutal como está afectando y dañando la calidad de vida en la región de Antofagasta y en las distintas comunas que componen nuestro territorio regional, eso se espera que el gobierno lo ponga como tema uno en la agenda y que hayan medidas concretas y efectivas que puedan ir devolviéndole la paz a los barrios de la región.
El tema número dos, es cuáles son las medidas que el gobierno puede implementar y como puede hacerse escuchar y lograr que el gobierno central se abra a generar medidas especiales, para de alguna forma alivianar la carga financiera de los hogares de nuestra región. El impacto que está teniendo el alza del costo de la vida en esta región es brutal y se requiere que el gobierno tenga una cierta sensibilidad y que la Delegación Presidencial Regional de alguna forma haga sentir esta necesidad en el nivel central, me he percatado que se sabe poco en el nivel central sobre lo que pasa en la región y creo que quienes están en el gobierno deberían transmitir con lealtad a su propio gobierno lo que está ocurriendo en la región.
Es evidente que el costo de la vida acá hace que cualquier solución que se plantea desde Santiago termina siendo intrascendente en el presupuesto de las familias, creo que hay que actuar con lealtad y decir aquellas cosas que muchas veces son incómodas. Yo siento que hay que reforzar la labor que hacemos los parlamentarios de permanentemente estar solicitando medidas especiales, pero si del nivel regional no se hace un esfuerzo de manera clara, es poco probable que nosotros podamos tener algún nivel de escucha desde el nivel central.
- ¿Cuál es su opinión del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado que fue lanzado en nuestra región?¿Cómo se debería medir el éxito o fracaso de la iniciativa?
Yo valoro mucho la iniciativa del subsecretario Monsalve, que incluso haya venido a la región de Antofagasta a la instalación de dicho consejo. Yo espero que tenga medidas concretas y la forma objetiva de medirlas, y entiendo que el subsecretario si lo ha transmitido en la comisión durante la semana, es que le dieron planes enfocados concretamente en lo que es prevención del robo de cobre y prevención de narcotráfico, que entiendo son los énfasis que se dieron acá. Sumado a eso, tienen que empezar a ponerle mucho ojo a lo que está pasando con el robo con fuerza, creo que es uno de los indicadores más importantes que tenemos acá en la región y por lo tanto, uno espera que se cumpla dentro de los plazos que el propio subsecretario comprometió en la instalación, que era una vez instalados, a los 30 días se iban a presentar estos planes y espero que eso sea así y se cumplan con rigurosidad.
- El Defensor Regional planteó en su cuenta pública que la participación e extranjeros en delitos en nuestra región no supera el 1% ¿Comparte el mensaje que aquello apunta?
No conozco el detalle de la cifra que él entrego, me imagino que son cifras que corresponden al año 2021, pero si uno mira lo que ha pasado durante el primer semestre de 2022, me parece que es bastante evidente que la irrupción de extranjeros en la comisión de delitos en nuestra región puede haber aumentado de manera importante. Pero no solamente del punto de vista cuantitativo, si no que del punto de vista cualitativo, eso tiene que ver con la gravedad de los delitos que se están cometiendo por extranjeros y además la presencia de bandas de crimen organizado en la macrozona norte.
Yo entiendo que hay una delimitación de competencias por región, pero aquí el fenómeno criminal hay que mirarlo de una manera más amplia para poder tener un adecuado combate, en eso a mí me parece que hay que ir trabajando de manera interregional para ir abordando lo que es el fenómeno de criminalidad. Es evidente que estas bandas están instaladas ya en la macrozona norte, básicamente en Arica, Tarapacá y Antofagasta, y por lo tanto nosotros esperamos que hayan cosas colaborativas.
Yo no voy a cuestionar las cifras que entregó el defensor, pero me parece razonable que durante el primer semestre del año 2022 la situación ha cambiado de manera radical, ósea el año 2021 recordemos que todo estaba fuertemente condicionado con la pandemia y las cuarentenas (…) me parece que ahora es evidente que ha habido un aumento exponencial e importante con participación de extranjeros en la comisión de delitos, principalmente en los delitos más graves.
- Hace poco se descubrió que el Aeropuerto de Antofagasta intentó ser utilizado como vía de ingreso de armas de guerra con dirección a bandas criminales que operan en el norte ¿Qué esperaría del gobierno frente a este hecho?
El Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior van en la línea de lo que corresponde, que ha sido tomarse enserio el tema. Hemos tenido bastantes reuniones con la ministra y el subsecretario, hemos ideo delineando estrategias que nos permitan avanzar en estas materias y por lo pronto hay un compromiso concreto del subsecretario de la compra de un camión scanner para la Aduana para aumentar la fiscalización de ese servicio público. Ahora, a nosotros nos quedará determinar si la dotación que tiene la gente a nosotros nos corresponde y qué adecuaciones de orden legal habría que hacer para poder combatir adecuadamente el crimen organizado.
Por de pronto, les puedo comentar que tuve una reunión con el subsecretario y el diputado Jorge Alessandri (UDI) donde se planteó que uno debería traspasar desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio del Interior el servicios de Aduana, pues hoy podría ser que ese servicio sea más importante desde el punto de vista de la fiscalización para impedir la comisión de eventuales delitos, o la internación de armas y drogas, más que desde el punto de vista de recaudación fiscal por impuestos en las fronteras. Creo que es una discusión interesante que se ha planteado y que debe ser revisada como uno de los ejemplos de las adecuaciones legales que habría que hacer para tener una institucionalidad mucho más robusta para combatir la droga y el narcotráfico.
- Usted es parte de una Comisión Investigadora por nuevas formas de criminalidad en el norte de Chile que contó con el apoyo transversal de todos los diputados de la región, con excepción de Catalina Pérez (RD) ¿Qué busca esta comisión?
Junto a la diputada Yovanna Ahumada (PDG), Sebastián Videla (IND-PL) y José Miguel Castro (RN) tenemos la firme convicción que tenemos que tener un diagnóstico muy adecuado y certero de cuál es la capacidad institucional que tenemos al día de hoy para combatir fenómenos criminales que no se conocían en el norte del país, hablamos concretamente de los motochorros, del sicariato, del secuestro, del préstamo gota a gota, trata de persona, narcotráfico a gran escala, explotación sexual de personas; delitos que hoy están asociados – algunos de ellos- están asociados a bandas internacionales. Entonces, cuando uno se enfrenta a estas verdaderas transnacionales del crimen debe hacerlo de forma responsable y nos parece que lo serio es tener un diagnóstico de qué institucionalidad pública tenemos. Por ejemplo, la dotación de Carabineros, Defensoría, Fiscalía, Gendarmería (…) Por eso es importantísimo tener una radiografía clara en los 90 días que dura la comisión, a objeto de poder enfrentar la discusión de presupuesto de la nación del 2023 con las brechas identificadas y pedirle al gobierno central que se sensibilice y le ponga freno al crimen organizado en el norte del país, pues hoy esto puede constituirse como un verdadero atentado a la democracia.
- ¿Cómo se deben enfrentar las nuevas formas de criminalidad que se han detectado y que incluye la articulación de bandas criminales extranjeras operando en el norte de Chile?
Tiene que haber una política permanente de colaboración y actualización de las capacidades institucionales, y eso implica sentar a todas las autoridades que tienen competencia en la materia (…) de manera tal de tener una política muy robusta que nos permita la defensa del Estado de Derecho de la zona norte de país. Es necesario incluso abrirse a contar con herramientas de refuerzo de las dotaciones policiales y en eso estoy pensando en aplicar la Ley de Infraestructura Crítica que se acaba de promulgar para ver qué pasa en las fronteras de nuestro país.
No puede ser que extranjeros que vengan derechamente a delinquir y entran sin ningún problema, se paseen como «Pedro por su casa» por las fronteras del norte del país. O sea, escuchar al alcalde de Colchane es realmente conmovedor ante su angustia respecto a cómo está operando el Tren de Aragua en su comuna. Entonces, nos parece que hay que actuar con sentido de responsabilidad, dejando de lado las diferencias políticas y por sobre todo sin ningún tipo de complejo para enfrentarse a uno de los fenómenos que amenaza a las democracias modernas, no solo en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica y otros países. Hay que revisar la normativa comparada para ir afinando nuestra legislación para enfrentarse a fenómenos criminales que no eran conocidos y que llaman mucho la atención.
- De cara al plebiscito, ¿Cómo cree que impactará el coste de la vida que se registre en septiembre, la inflación y la inseguridad en el resultado?
Es importante que el gobierno entienda que el resultado del plebiscito va a estar totalmente condicionado por la delincuencia y el costo de la vida. En eso hay que actuar con un alto grado de pragmatismo político. Nadie puede cerrar los ojos respecto a que los niveles de delincuencia y el costo de la vida naturalmente van a impactar en el resultado del plebiscito, y uno espera que haya un buen manejo en ambas materias que son muy complejas, pues se debe entender que ambas, la delincuencia y el costo de la vida van a ser determinantes en el resultado final del plebiscito
