En relación a la propuesta de ley denominada “Admisión Justa”, en nuestra calidad de académicos, investigadores y profesionales comprometidos con la educación, pertenecientes a entidades con impacto directo en el sistema escolar de la región de Antofagasta, queremos manifestar nuestra opinión y señalar lo siguiente:
Vemos con preocupación la intensión de la actual administración gubernamental de efectuar modificaciones a la Ley de Inclusión Escolar y al Sistema de Admisión Escolar SAE, en la dirección de retomar mecanismos de selección anteriormente eliminados por el nuevo sistema, usando como justificación la valoración del mérito como eje central para promover un sistema de admisión con mayor justicia. La evidencia nos muestra que en nuestro país el desempeño escolar está fuertemente ligado a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Cabe señalar, que Chile se encuentra dentro de los países OCDE con mayor correlación entre desempeño escolar y nivel socioeconómico, siendo un caso de estudio a nivel internacional debido a los altos niveles de segregación exhibidos. Un gran número de investigadores nacionales e internacionales sugieren que, en efecto, han sido los mecanismos de selección, muchos de los cuales desean ser nuevamente instalados por esta propuesta de ley, los contribuyentes a la profundización en los niveles de segregación presentes en el sistema escolar chileno. Adicionalmente, la evidencia disponible no da cuenta de que medidas como las propuestas contribuyan a la mejora de la calidad del sistema educativo. En consecuencia, las modificaciones propuestas por el gobierno no sólo son contraproducentes en base a la evidencia disponible, sino que también constituyen a nuestro juicio un serio retroceso en términos de justicia social, equidad e inclusión.
Consideramos que es transcendental para las políticas públicas educativas mantener una visión de estado de largo plazo, que garantice la adecuada implementación de las reformas en esta área. En este sentido, los cambios serán pertinentes sólo cuando la evidencia concreta demuestra necesidades de mejora preventivas o reactivas. En el caso del sistema de admisión SAE, los resultados exhibidos se ubican dentro del estándar esperado, si se contrasta con la experiencia internacional en el uso de este tipo de modelos, siendo altamente contraproducente la insistencia en la aplicación de modificaciones, muchas de ellas sin ningún asidero en la evidencia disponible. Utilizar casos puntuales como ejemplo de un posible fracaso generalizado del sistema no es sólo peligroso, sino que también instala una percepción extendida en la opinión pública basada más bien en subjetividades, por sobre hallazgos objetivos basados en evidencia completa y sostenida, con la respectiva riguridad técnica, estadística y científica. Por ello hacemos un llamado a las autoridades públicas, parlamentarios y tomadores de decisión de nuestra región, que, en el caso de considerar mejoras dentro de políticas públicas educativas en marcha en relación a equidad, como es este caso, estas se encuentren fuertemente basadas y respaldadas por evidencia y consideren el cuerpo de investigación de más de 20 años en esta temática, el cual refuerza las consideraciones planteadas anteriormente.
Un sistema socialmente justo, inclusivo y equitativo es aquel que brinda oportunidades a todos sus estudiantes, evitando posibles segregaciones o discriminaciones arbitrarias en base a sus contextos de origen. En efecto, en más de 30 años de investigación, el movimiento de las escuelas efectivas ha llegado a la conclusión que los establecimientos educativos efectivos o de excelencia son aquellos que son capaces de promover aprendizajes efectivos en todos sus estudiantes, independientemente de las condiciones de entrada o iniciales de los mismos. Creemos que la calidad educativa no se determina seleccionado a algunos y abandonando a otros, sino que brindando espacios donde todos, en condiciones equitativas, puedan aprender y desarrollar su potencial en su máxima expresión. Esta concepción de calidad en equidad debiese ser a nuestro juicio la esencia de nuestro sistema educativo. Por esto, instamos a reconsiderar las modificaciones propuestas y recomendamos recopilar mayor información sobre los resultados e impacto real de la Ley de Inclusión y el nuevo Sistema de Admisión Escolar, que permitan obtener evidencia plausible que favorezca el accionar de mejoras apropiadas y atingentes. Creemos que la rigurosidad científica y el uso de evidencia son claves para la promoción de políticas públicas serias, responsables y efectivas.
Mg. Alejandro Proestakis – Magíster en Psicología Social
MSc. Cristian Celedón – MSc en Educación, Política Pública y Equidad
Mg. Guillermo Guevara – Magíster en Matemáticas
Dr. Javier Mercado – Doctor en Antropología Social
Mg. Juan Pablo Garrido – Magíster en Ciencias de la Educación Mención Currículo
Lorena Cisternas – Jefe de Proyecto Antofagasta Educación2020
Dra. Nielka Rojas – Doctora en Didáctica de las Matemáticas
Mg. Olga Hernández – Magíster en Educación Mención Gestión Directiva Escolar
Dra. Patricia Castillo – Doctora en Innovación Educativa e Intervención Psicopedagógica
Mg. Ramiro Vargas – Magíster en Educación Mención Gestión Educacional
Dra. Sixtina Pinochet – Doctora en Didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales
*Declaración atitulo personal de los firmantes, en su calidad de expertos ligados a la materia, y no constituye en ningún caso una postura institucional de las entidades donde estos profesionales de desempeñan.
