Ante la inminente votación de la Ley sobre el Indulto esta semana en la Cámara Alta, las Madres de Plaza Colón emplazan a los parlamentarios para que esta iniciativa sea aprobada en el Senado, siguiendo posteriormente los trámites legislativos correspondientes. Ellas señalan que la ley constituye un primer paso para dar solución a los jóvenes que se encuentran privados de libertad a lo largo del país, cumpliendo extensas prisiones preventivas.
En una declaración pública acusan imputaciones arbitrarias como el caso de Bastián Campos (21 años) «quien ha debido pasar tres cumpleaños en la cárcel. Este joven fue detenido alrededor de las 22 horas y 10 minutos del martes 26 de noviembre de 2019, en la intersección de 14 de Febrero con Maipú en Antofagasta. Sin historial condenatorio previo, el relato se construyó sobre la base del hallazgo de una botella y una polera roja, que presuntamente era la mecha. No había combustible, ni fósforos, ni encendedor entre las pertenencias del muchacho, y tampoco se realizaron pericias a su ropa ni manos. Finalmente, Bastián fue condenado en abril de 2021 por robo en lugar no habitado y porte de elemento incendiario», indicaron.
Maribel Gaete, mamá de Bastián, señala que a su hijo se le negó tres veces la solicitud de cambio de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, y estuvo en prisión preventiva durante un año y medio antes de ser condenado.
Para estas Madres, la problemática de fondo está lejos de ser abordada, cientos de jóvenes a lo largo del país han optado por procedimientos simplificados, aceptando culpabilidad por delitos graves que -aseguran- no cometieron y por los que fueron sometidos a procesos que ellas consideran injustos. “En Antofagasta, tenemos el caso de ocho jóvenes a quienes mantuvieron en prisión preventiva durante 13 meses, acusados de homicidio frustrado a Carabineros, y que el día de la audiencia, el Fiscal solicitó recalificar como lesiones menos graves. Los jóvenes debieron asumir un ‘acuerdo en paquete’ para obtener su libertad, pues la condición fue que todos debían aceptar, porque si uno no lo hacía, ninguno podía optar al juicio abreviado”, cuenta Michelle Eissmann, cuyo hijo fue parte de este inédito procedimiento de economía procesal en Chile.
“La Paz Social sólo se logra con Justicia. El Estallido Social fue la manifestación del malestar por los abusos y la corrupción que vivíamos en Chile, y el abuso tomó forma contra nuestros hijos. No queremos regalos, pero es imperativo que junto a la Ley de Indulto se cree una Comisión que revise caso a caso la situación de todos los jóvenes del país que resultaron procesados y condenados por casos del Estallido Social. Asimismo, la normativa debe incorporar las reparaciones por el exceso de prisión preventiva y situaciones de injusticia procesal. Actualmente, como la Ley de Indulto está presentada, no considera los casos de nuestros hijos. Esa es nuestra petición pues de no ser así, la violencia que produce la injusticia, no nos permitirá convertirnos en el país que queremos todos”, señalan las Madres de Plaza Colón.
