Para la asignación y el destino de los fondos públicos debe existir prudencia y está bastante claro que políticamente esto no aparece como presentable, manifestó el exjefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, respecto de los cuestionados convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Sin embargo, el abogado precisó que esa es una discusión diferente y que su principal preocupación es que “acá puede haber indicios de eventual comisión de delitos y eso tiene que ser investigado”.
Gajardo dejó el Ministerio Público en el 2018 y abrió una oficina junto a Pablo Norambuena, profesional con quien investigó el financiamiento ilegal de la política a través de boletas ideológicamente falsas, caso que partió con el grupo de empresas Penta, en el 2014, y en el que posteriormente surgió la arista SQM.
Especializado en delitos económicos, informáticos, lavado de activos y corrupción, el abogado sostuvo que lo ocurrido en Antofagasta es una operación sospecha que debe ser investigada, ya que se trata de una importante suma de dinero público en un contexto en el que aparece un exasesor de la diputada Catalina Pérez como jefe de Vivienda en la región y la pareja de la misma parlamentaria, Daniel Andrade, como presidente de la fundación que percibió esos dineros.
“Es importante aclarar si penalmente estamos frente a una conducta delictiva y la única manera de esclarecer eso es mediante una investigación de fiscalía”, declaró Gajardo. El martes, el Ministerio Público comunicó que, de oficio, iniciaba pesquisas ante una eventual comisión de delitos y como persecutor a cargo designó a Cristian Aguilar, quien logró la condena de los exjefes comunales Daniel Adaro y Karen Rojo, ambos por los delitos de fraude al fisco. Las primeras diligencias instruidas fueron a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, junto con requerimientos de información a la Seremi de Vivienda, la Contraloría e informó la apertura del caso al Consejo de Defensa del Estado.
- ¿Qué observa en este caso, hay elementos que podrían constituir delito o más bien se trata de reproches éticos?
Una operación en la que se efectuó una asignación directa de un monto tan importante de dinero, más de 400 millones de pesos en los que, por un lado, aparece un exasesor de la diputada y por otro, la actual pareja de la misma parlamentaria, es por supuesto una operación sospechosa y tiene que ser investigada. Cuando estamos hablando de montos de dinero asignados de esta manera, la posibilidad de que pueda haber un delito de fraude al fisco es alta. Es necesario que se inicie una investigación para determinar si estamos en presencia de una conducta delictiva.
- ¿Qué cosas sería importante aclarar para despejar cualquier duda que pueda surgir de todos los elementos conocidos?
Los motivos que provocan que se efectúe esta asignación y luego, por supuesto, el destino exacto de los dineros, en qué se gastaron esos montos importantes, si es que efectivamente ya se utilizaron.
- El ministro Montes dijo el martes que se había informado un 3% de ejecución de los recursos, lo cual era muy bajo.
El ministro, además, estimó que esto era una situación que políticamente era inconveniente y me parece bien que se haga también un análisis político de lo que ocurrió, pero, es importante aclarar si penalmente estamos frente a una conducta delictiva y la única manera de esclarecer eso es mediante una investigación de fiscalía.
- ¿Lo que hemos visto se parece algún caso conocido?
En general, diría que no son poco comunes los casos en los que se efectúan asignaciones de dinero para fines que finalmente no son públicos y que por lo tanto constituyen fraude al fisco. Eso es lo que hay que investigar, en estos casos, por cierto, siempre está envuelta la fe pública, hay un volumen importante de dinero involucrado y todo eso exige que se realice una investigación penal, es ineludible para esclarecer estos hechos.
- ¿La normativa necesita una revisión para abarcar aspectos conocidos en estos convenios, que tal vez cumplieron con la ley en su trámite, sin embargo, existen otros elementos cuestionables?
No. Creo que las normas penales que tenemos son suficientes para abordar este tipo de materias y para investigarlas. Por lo tanto, si el destino que se le dio a los dineros no es un destino público, hay distintos tipos penales que pueden ser aplicados y en principio, por supuesto, el delito de fraude al fisco.
- Independiente de que, si el proceso estuvo apegado a los parámetros legales, el nivel de relaciones que involucra este episodio genera sensaciones de sospecha en la comunidad. ¿Las autoridades han tomado el peso del impacto de esta clase de acciones que afectan a la fe pública?
Evidentemente que no. Es bastante claro que en casos de este tipo debiera existir mucha mayor prudencia en la manera en que se efectúa el destino y la asignación de fondos públicos. Pero es una discusión distinta y creo que está bastante claro, políticamente esto no aparece como presentable. A mí lo que me preocupa es que, además, me parece que acá puede haber indicios de eventual comisión de delitos y eso tiene que ser investigado.
