Deng Xiaoping, el artífice de la China moderna, acuñó una frase que se hizo famosa en el mundo entero a propósito de la convivencia de un modelo comunista en lo político y capitalista en lo económico: “No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen gato”.
El pragmatismo oriental queda en evidencia en una sentencia con la que resumió la simbiosis de dos mundos aparentemente antagonistas.
Lamentablemente, en Chile hemos caído a ratos en maximalismos que ya parecían superados, conforme a los avances y resultados notables alcanzados en algunos ámbitos en las décadas recientes.
Vale la pena citar que en 2021, según datos del Ministerio de Educación, Chile sumaba 1.204.414 estudiantes en educación superior, la cifra más alta de que se tiene registro. Un logro inmenso, considerando que en 1990 había apenas 290 mil jóvenes en el sistema. El total actual se reparte entre 691 mil alumnos en universidades, 378 mil en institutos profesionales y algo más de 134 mil en centros de formación técnica.
La tasa de acceso a la educación superior ha estado en torno al 49% en el último lustro, lo que quiere decir que casi la mitad de los egresados de enseñanza media sigue estudiando, otro buen indicador que expresa la decisión país en este ámbito, el valor que se le asigna a la educación y, obviamente, el enorme esfuerzo materializado por las familias y el Estado para concretar esta prioridad.
Para posibilitar aquello, Chile ha construido un modelo diverso, con presencia de instituciones privadas y estatales, todas normadas por una legislación estricta, que ha obligado a una sana competencia, entendiendo que lo importante y prioritario son los estudiantes y por sobre otros actores del modelo. Ellos y ellas, las personas de carne y hueso, son el centro de un sistema complejo que debe estar a su servicio.
Esto es clave, pues contar con una población más educada e investigación de avanzada son bienes públicos que terminan beneficiando a la sociedad en su conjunto, asunto en que las universidades tienen mucho que decir.
Ahora bien, tal como lo expresé antes, suponer que un sector exclusivo tiene alguna prioridad considerando su dependencia, es buscar un reduccionismo que solo empobrece el diálogo país respecto a educación superior, termina dañando al sistema y su competencia que, por cierto, es perfectible. El error es creer que hay una dimensión con privilegios asignados, negando la creación desde la esfera de la sociedad civil.
La educación es un bien público y todos los planteles aportan en esas dimensiones. Un ejemplo son las Universidades G9, de la cual la Universidad Católica del Norte es parte. Se trata de planteles de excelencia y servicio público, profundamente comprometidos con los territorios y sus habitantes. Desde Antofagasta hasta Coyhaique, pasando por Valdivia, Temuco, Concepción, Talca, Santiago y Valparaíso. ¿Cómo podría negarse aquello y el beneficio acarreado por esta labor eminentemente pública?
Y hablamos de una educación de calidad, con resultados concretos. En conjunto, las Universidades G9 aportan el 50% de las investigaciones que se desarrollan en el país, además de generar el 46% del total de publicaciones WoS (World of Science) en Chile (año 2000 al 2015), lo que se consigue gracias a un robusto cuerpo académico. Asimismo, el 45% del total de doctorados del país están en estos planteles.
A mayor abundamiento, la totalidad de las áreas de investigación de los nueve planteles están acreditados, lo que se traduce en la producción del 51% del total de publicaciones efectuadas por el CRUCh y el 42% de la producción científica a nivel nacional. Entre 2010 y 2020, las Universidades G9 solicitaron 762 patentes y ganaron 453 proyectos Fondecyt, el 45% del total nacional.
En conjunto, las Universidades G9 aportan aproximadamente el 50% del conocimiento de Chile, representando sólo el 15% del total de universidades del país. En producción científica, contribuyen con el 51% de las publicaciones efectuadas por el CRUCh, lo que equivale al 42% de la producción generada por las universidades nacionales. La red es ampliamente reconocida por sus indicadores de calidad, es así que el promedio de acreditación de todas nuestras universidades, entregado por la CNA, es de 6 años al 2022 y todas están acreditadas en investigación.
Todo esto va en directo beneficio de Chile, los estudiantes y la sociedad nacional. No se trata de logros que queden encerrados en cuatro paredes, sino que tienen una traducción concreta en las áreas prioritarias en las que nos desenvolvemos: minería, ciencia, salud, educación, ciencias del mar, humanidades, industria forestal, medio ambiente y personas.
En época de definiciones tan trascendentales, conviene analizar los datos precisos para formarse una idea cabal y ecuánime de qué estamos discutiendo, pero sin perder de vista que las personas son el centro, los jóvenes que libremente deciden educarse para convertirse en profesionales de bien y comprometidos con Chile y toda su gente.
