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martes, julio 5, 2022

Marcos Barraza, convencional comunista: “Me habría gustado una afirmación más clara respecto del cobre y el rol del Estado”

El exministro de Desarrollo Social en la segunda administración de Michelle Bachelet sostuvo que habría sido ideal contar con normas más precisas sobre la explotación, exploración y el vínculo con los privados en materia minera. Sin embargo, manifestó que el texto constitucional se hace cargo de una cuestión central, la transformación del Estado para abordar las urgencias sociales.

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“Centrándome en el contenido, estoy bastante satisfecho”, explicó el convencional del Partido Comunista, Marco Barraza, respecto del borrador con las 499 normas que la Convención Constitucional presentó al país en Antofagasta. Aunque el documento pueda experimentar algunas modificaciones, éstas serán de forma y no de fondo, aseguró el exministro de Desarrollo Social (2015-2018), refiriéndose a la última etapa de trabajo que contempla el proceso de armonización del texto, la elaboración de normas transitorias y preámbulo.

Barraza, quien además se desempeñó como subsecretario de Pensiones en la segunda administración de Michelle Bachelet es convencional constituyente por el Distrito 13 de la Región Metropolitana. Sin embargo, el psicólogo nació en 1973 en Pedro de Valdivia y vivió sus primeros meses de vida en María Elena. Luego junto a sus padres se trasladó hasta Antofagasta y en la Población Corvallis estuvo hasta los 14 años. El exsecretario de Estado viene dos o tres veces al año a la región ya que toda su familia es antofagastina.

Con el pleno de la CC realizando su última salida antes de concluir con el mandato de elaborar una nueva Constitución, Barraza evaluó el contenido del borrador y mencionó qué aspectos faltaron por precisar. También señaló cuál es el cambio más trascendental que traerá la nueva Carta Magna y dijo que los partidos políticos son un elemento sustantivo en la democracia.

  • ¿Qué tan conforme lo deja el resultado de este borrador?

El borrador experimentará modificaciones de forma, no de contenido, porque son 499 normas permanentes y algunas están duplicadas, fueron redactadas de manera distinta y apuntan a lo mismo. Ese ejercicio de precisión en materia de forma disminuirá el texto. Centrándome en el contenido, estoy bastante satisfecho. Visto desde la naturaleza de la crisis política que vive el país y que lleva a este proceso constituyente, con las brechas sociales acentuadas y las regiones con carencias importantes, esta Constitución se hace cargo de esos contenidos y marca una pauta para la construcción de un país mucho más justo.

  • ¿Hubo alguna norma que no está y que cree debía aparecer en el texto?

Me habría gustado una afirmación más clara respecto del cobre y el rol del Estado. En materia de recursos estratégicos, pensando en el cobre, el litio, que es un problema de soberanía, pero también de sostenibilidad fiscal, prefería normas más precisas y claras en explotación, exploración y el vínculo con los privados. Desde el punto de vista de la proyección del Estado, también afirmaciones más precisas en términos conceptuales sobre prospectiva, construcción de futuro y dotar de herramientas no solo para pensar el país en el corto plazo, también en largo plazo. Pese a estas debilidades, creo que el texto constitucional se hace cargo de una cuestión que es central, la transformación del Estado para abordar las urgencias sociales. En eso, lo que se propone al país es más que una nueva Constitución, es una nueva relación entre la ciudadanía, sus instituciones, cómo se articulan las regiones y el centro.

Estado de bienestar

  • Lo más trascendental es que dejamos de ser un Estado subsidiario para ser uno de bienestar. ¿Qué implica esto, cómo explicarlo en forma sencilla?

La Constitución que va a expirar, en los hechos caracteriza un Estado subsidiario, lo que resta atribuciones al mismo Estado respecto de sus capacidades y responsabilidades, traspasándola a los privados. La consecuencia más brutal de esto es que en lo que entendemos como garantías o derechos sociales, salud, vivienda, educación, si alguien no tiene los recursos, no puede acceder a ellos. El privado participa de esta provisión de bienes, pero en tanto cuente con una retribución económica. El rol del Estado se diluye, lo que es nítido en las sanitarias, en la provisión de energía eléctrica y en salud es brutal. El otro día conversaba con una persona que trabaja haciendo aseo y lleva un año en lista de espera para operarse. Hablamos de cuál es el impacto del Estado subsidiario y es que básicamente tu derecho social se convierte en un mercancía transable.

En un Estado democrático y social de derechos, o de bienestar, se establecen dos garantías, derechos políticos, civiles y derechos sociales, en el entendido que el concepto de ciudadanía deviene tanto de los derechos políticos como sociales. Es evidente que creció el grado de desafección de los procesos electorales y eso tiene una explicación clara: si veo que la democracia no tiene ningún impacto en mi calidad de vida, difícilmente me sentiré interpretado electoralmente. Cuando uno asume en el Estado de bienestar que los derechos sociales son responsabilidad del Estado, es claro que estoy fortaleciendo la convivencia democrática.

Mis asesores están trabajando en un formato comparado del texto constitucional, lo que dice el actual documento y la nueva propuesta, siendo evidente las ausencias. Esto es relevante, aprobamos una norma de vivienda, porque la construcción en Antofagasta es baja. La nueva Constitución plantea con claridad el rol del Estado respecto de la responsabilidad de proveer vivienda y asegurarla como un derecho social. Esto de la mano de una cuestión clave, un sistema impositivo y un criterio normativo constitucional que asegure que los más ricos y las grandes empresas tributen mucho más, al menos en el estándar de los países OCDE.

Impuestos

  • En el debate de la carga tributaria no solamente a los más ricos y las grandes empresas, también a las personas, en muchos países con derechos garantizados, el impuesto individual bordea el 40% o 50%. Pero en Chile, la sensación es que este debate se evita.

Es un debate necesario, pero una vez que se resuelvan condiciones previas. Lo que define el texto son normas constitucionales que aseguren un sistema de tributación progresivo. Esto significa que, sea creciente, y que la principal carga tributaria recaiga en los que tienen mucho más. En los países OCDE, las grandes empresas tributan en el orden del 27% o 28%, en Chile es el 20% y en América Latina el promedio es del 23%. La carga tributaria para las grandes empresas es más baja y quedó demostrado, incluso durante la pandemia con la contracción económica más fuerte en el país en décadas, que siguieron teniendo utilidades. En los países donde el Estado de bienestar es más sólido, evidentemente van de la mano con una carga tributaria más alta para las personas, pero una vez que tienen una participación de los ingresos por concepto de trabajo más elevados. En Chile cerca de un millón de personas tiene salarios iguales al mínimo y el 60% de las familias tiene ingresos inferiores a 600 mil pesos para cuatro personas. Una sociedad de bienestar bien desarrollada implica mucha tributación de las grandes fortunas, y una vez que se consolida una distribución más equitativa de los salarios, también viene una mayor tributación, pero eso es un camino a realizar. Los salarios en Chile crecen más por concepto de negociación colectiva que por negociación individual, por esto último, crecen de forma nominal, mientras que de forma colectiva el porcentaje es sobre el IPC. Este proyecto está consagrando el derecho a huelga o negociación colectiva con estándar constitucional, asegurando mayor protección y redistribución.

  • ¿Cómo puede enfrentarse esto desde las pymes, qué rol debería tener el Estado para ayudarlas?

Las pymes hay potenciarlas, porque además de generar de empleo, son circuitos locales de encadenamiento de comercio a fortalecer y la nueva Constitución establece un reconocimiento a las ferias libres y los comercios locales. A comienzos de los 2000 fui asesor de la Asociación Nacional de Ferias Libres y ellos han tratado de impulsar leyes que aseguren el fomento y protección de las economías locales por parte del Estado. Ninguna de esas iniciativas legales ha prosperado porque la competencia con las grandes cadenas de supermercados es fuerte. Si la Constitución reconoce la existencia de las ferias libres, hay una mandato expreso para que el Estado genere política pública para fortalecer ese tipo de negocios.

El debate del salario mínimo lo expresa bien, a las pymes hay que darles trato preferente, lo que implica la inclusión laboral a partir del salario para los trabajadores, pero con apoyos del Estado en materia de subsidios. En la última negociación del salario mínimo del gobierno del presidente Boric, se estableció un subsidio a las pymes para complementar. Son medidas que tienen que ver con el rol del Estado, porque las economías pequeñas y medianas son fundamentales, proveen cerca del 30% del empleo en Chile.

Fin del Senado

  • Participó en la Comisión de Sistemas Políticos. ¿Qué discusión hubo frente al Senado, instancia que no recibió apoyo ciudadano respecto de su posible disolución?

No vi grandes manifestaciones defendiendo la actual institucionalidad política y esa ausencia de afecto por parte de la ciudadanía, tiene que ver con la evidente distancia que existe entre la gente y los logros que percibe de esa institucionalidad. El Senado en Chile no se justifica ni se entiende. Tenemos la Cámara de Diputados, el Senado y normativamente hacen lo mismo, una instancia legisla, la otra revisa y si no hay acuerdo nos vamos a comisión mixta y se va alargando. Así encontramos leyes que han demorado 12 años en su resultado que finalmente ha sido malo, como el Código de Aguas.

La existencia de dos cámaras espejo en los hechos repercute en proyectos legislativos más lentos y la desvirtuación de esos proyectos. Esa ausencia de valoración social tiene que ver con una institucionalidad de la dictadura en materia de sistema legislativo, donde agregamos que el presidente tiene exclusividad para la presentación de iniciativas prácticamente para todas las leyes. Este es uno de los factores que explica la crisis política, con el agravante, en el caso del Senado, de que tengan ocho años de duración a diferencia de los diputados, lleva a que la desresponsabilización es más larga.

  • ¿Cuánto duraría la nueva Cámara de las Regiones?

Cuatro años, pero con desfase de un año respecto de la elección de la Cámara de Diputados.

  • ¿Ese desfase tiene por espíritu evitar las mayorías circunstanciales de algún momento político?

Si se cumpliera con la visión que tenemos de las disposiciones transitorias para el debate actual, respetando el calendario electoral vigente, la próxima elección del 2025 sería la elección de diputadas y diputados, y de la Cámara de las Regiones poniendo fin al Senado. Empezaría a funcionar el 11 de marzo 2026, sin embargo, la próxima elección de la Cámara de las Regiones tendría que ser no en cuatro años desde el 2026 en adelante, sino que en tres, para provocar el desfase de un año, para que no sean simultáneas.

  • Una de las críticas de los senadores es respecto de las mayorías circunstanciales.

Esa crítica de los senadores es un poco injusta, porque la idea de contrapesos no es entre cámaras, es entre poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo. Es suigéneris tener dos cámaras que se contrapesen, porque si miramos la tendencia mundial es al decrecimiento de los sistemas bicamerales. En el caso de Chile optamos por un sistema bicameral asimétrico, pero con atribuciones puesta en las regiones y otra como órgano político de proporcionalidad a nivel nacional. Una cuestión que es central es que, si se eligen en desfase, el problema de los contrapesos también queda resuelto.

  • ¿Habrá la misma cantidad de parlamentarios?

En términos numéricos, sí. En el caso del Congreso se mantienen los 155 y se suman los 17 representantes de los pueblos originarios, que es proporcional a lo que representan en Chile. En el caso de la Cámara de las Regiones, serían tres por zona y si lo llevamos a 16 regiones serían 48 personas.

Partidos políticos

  • ¿Qué mirada tiene que en algún momento se debatió, y no quedó en el borrador, que el peso de los partidos políticos tenía que ser distinto que el de los movimientos sociales? ¿Era partidario de esa lógica?

Los partidos son un elemento sustantivo y determinante de las democracias. Lo que ha ocurrido es que la Constitución de la dictadura cívico militar se expresó en una subsidiaridad que también releva la despolitización de los partidos. El discurso de denostar y que ningunea a la política no es nuevo, nace con la dictadura. En el contexto de un sistema basado en parámetros neoliberales, claramente las personas asocian a los partidos a abusos y desigualdades. Y digámoslo, hubo partidos que incurrieron en corrupción en la ley de pesca, hubo corrupción con Soquimich, con grandes empresas, pero no con todos y ese es el punto. El problema es que la solución no va por deslegitimar a los partidos, sino por incorporar estándares en materia democrática y programática que sean más altos.

  • ¿Y con las leyes que surgieron de financiamiento, cómo quedaron los estándares?

Se avanzó y se permitió que el financiamiento no se corrupto, pero falta, especialmente en la idea de tener partidos políticos con base programática. Para fundar un partido el requisito no puede ser solo cumplir con una cantidad de firmas, con contabilidad propia y fiscalización, también se necesita una propuesta para el país. Y con esto no quiero decir que no exista espacio para los independientes, pero ponderemos la discusión correctamente, el fortalecimiento del mundo independiente no puede ser en detrimento de los partidos políticos, hay un mix que es necesario.

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