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miércoles, 8 febrero, 2023
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Columna de opinión

Me formé una convicción

"Hace 8 años concurrí a la aprobación del fiscal Jorge Abbott y he llegado al convencimiento de que nos equivocamos colectivamente (...) por eso no podemos volver a cometer un error que resulta muy costoso para el país": Senador Pedro Araya Guerrero

Varios de ustedes me han preguntado por qué voté en contra de la última nominación a fiscal nacional, en este caso, de Marta Herrera. Es una consulta no sólo legítima sino necesaria de contestar.

Un Senador de la República debe estar siempre en condiciones de responder por sus decisiones y en mi caso, como siempre, se explica por el hecho fundamental de que, luego de escuchar mucho y atentamente, llegué a formarme una convicción. Cuando llego a este punto, emito mi juicio favorable o adverso siempre con la conciencia tranquila y sabiendo que estoy cumpliendo con mi deber.

En este proceso las responsabilidades están compartidas. Es la Corte Suprema la que establece la quina que reúne los requisitos legales, luego de haber escuchado a los y las postulantes. Es esta nómina la que le envían al Presidente de la República y dentro de ella tiene que escoger un nombre y proponérselo al Senado.

Después de que se ha pasado por estos dos filtros, nos toca a los senadores pronunciarnos por la propuesta que nos llega. Lo que nos corresponde hacer es ratificarla o rechazarla. Es nuestra obligación analizar con atención y detalle los antecedentes de la persona en cuestión y decidir si reúne los requisitos para asumir como Fiscal Nacional.

De manera que el Senado es un tercer filtro. La evaluación legal ya está hecha, cada postulante es parte de una quina que cumple con los requisitos legales, lo que incluyen conocimientos y experiencia acreditadas. Ese ya no es el tema. Mucho menos se puede resolver atendiendo al género de él o la postulante, puesto que se trata de una nominación unipersonal donde este criterio no tiene aplicación. Tampoco se evalúa el juicio del Presidente, el que tiene que escoger dentro de cinco nombres, que pueden ser todos o ninguno de su agrado.

Lo que nos toca decidir es si tenemos la convicción de que la persona escogida cumplirá bien con una función vital para el país. Yo estoy muy consciente de esta responsabilidad porque hace 8 años concurrí a la aprobación del fiscal Jorge Abbott y he llegado al convencimiento de que nos equivocamos colectivamente. El hecho de que hubiera pasado los dos filtros mencionados y que fuera el sucesor de solo dos fiscales anteriores no hacía pensar en un desempeño muy diferente a de sus antecesores.

Nos equivocamos. Su gestión fue deficiente y los cuestionamientos a su labor se han multiplicado. Por eso no podemos volver a cometer un error que resulta muy costoso para el país. Es un cargo que dura ocho años y dejarlo en manos que no den suficientes garantías nos costará caro. Ya lo sabemos y quien asuma ahora deberá cumplir con sus funciones y, además, hacer que una institución fundamental para la justicia remonte desde su peor momento.

No resuelvo a la ligera, dedico todo el tiempo necesario, porque esa es mi obligación. Seguí atentamente las exposiciones de los 17 candidatos a la Fiscalía Nacional. Después de haber escuchado a la señora Marta Herrera me convencí de que debemos seguir buscando un mejor nombre para las difíciles circunstancias actuales de la fiscalía. No pretendo juzgar el valor de una persona, tampoco sus méritos académicos o profesionales, sino la adaptación a un cargo en circunstancias excepcionales. Eso es todo.

Otros podrán creer que basta con no hacerse problema y votar afirmativamente sacándonos un conflicto de encima. No puedo pensar del mismo modo. Lo que yo vi fue una funcionaria de confianza del fiscal Abbott, la número tres en la jerarquía de la institución, que no había adelantado con sus acciones lo que ahora prometía realizar desde un puesto superior.

No podía pasar por alto que no había sugerido nunca los cambios en la fiscalía que ahora prometía encabezar, pudiendo hacerlo. Se lo pregunté directamente y la respuesta, a mi juicio, no fue satisfactoria. Como jefa jurídica de la fiscalía autorizó un convenio con la Iglesia Católica que mal protegía a las víctimas de pedofilia y que tuvo que ser dejado sin efecto. Ella lo reconoce como un error, pero un error no habilita para un cargo en que hay que evitar fallas graves.

Estimé, y sigo haciéndolo, que para el puesto de Fiscal Nacional se requiere de otro perfil, que incluye la capacidad de anticiparse a las dificultades y también mostrar las condiciones para dar un golpe de timón necesario para esta organización. De seguro podremos encontrar a la persona adecuada. No podemos conformarnos con menos, aunque eso nos lleve más tiempo.

Estoy convencido de que lo que más beneficia al gobierno es generar un acuerdo en materia de la seguridad y que este acuerdo llegará a producirse. En Antofagasta este es una materia que concita la mayor preocupación de todas las personas. En esta nominación se juega la posibilidad de tener un buen fiscal, que le permita superar a la institución una profunda crisis y hacer una diferencia en su desempeño en favor de todo el país, incluyendo a nuestra región.

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