El Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar las acciones para disolver de manera definitiva la fundación ProCultura, investigada por la ejecución de convenios con recursos públicos, tras despachar las conclusiones del análisis administrativo que realizaron sobre la entidad.
De acuerdo a La Tercera, la fundación creada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, no respondió a los requerimientos que realizó la cartera liderada por Jaime Gallardo, tras iniciar un procedimiento el 29 de junio de 2023. En Antofagasta, la ONG desarrolló un proyecto para la restauración de fachadas por más de $600 millones, iniciativa que firmó con el Gobierno Regional.
Sin embargo, aunque ese incumplimiento hubiese sido suficiente para avanzar en la disolución de ProCultura, no fue lo único que advirtieron los funcionarios de Justicia, detalló el citado medio. Es que, además, detectaron un presunto desvío de fondos destinados a la ejecución de programas y proyectos, al pago de remuneraciones y honorarios.
Entre 2018 y 2022, en promedio, el 70% de los gastos de la entidad correspondían a remuneraciones y honorarios, y solo el 30% al cumplimiento de su objeto social. En el 2022, por ejemplo, los salarios ascendieron a $1.980.841.722 y los proyectos quedaron con $641.561.349.
Sueldos de directivos
La misma publicación indica que el Ministerio de Justicia observó también la existencia de alzas periódicas y sin justificación en las remuneraciones de ciertas jefaturas, directivos y fundadores, salvo Casanova. Por ejemplo, Alberto Larraín pasó de percibir $29.700.000 en 2018 a $94.445.764 en 2022. Es decir, en cinco años se hizo de $267.779.612. Por su parte, Ilonka Csillag recibió un total de $149.661.333 en el mismo periodo.
“Analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, permite inferir a este Ministerio, que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta”, dice el escrito remitido por Justicia al CDE.
En el mismo sentido, agregaron que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública”.
