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lunes, diciembre 6, 2021

Nueva regulación y más coordinación: Postulantes al Congreso hablan sobre la crisis migratoria en Antofagasta

Candidatas y candidatos de oposición y el oficialismo coinciden en que se requiere un mejor trabajo de instituciones locales para hacerse cargo de la situación humanitaria. Exgobernadora provincial de Antofagasta dijo que lo mismo ocurrió el año pasado con ciudadanos bolivianos y que se articuló toda una red de ayuda para albergar estos casos y permitir que llegaran a su destino.

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Los cientos de migrantes que esperan en los terminales de buses de Antofagasta y Calama para continuar su viaje a la zona central del país son el reflejo de la crisis humanitaria que se vive en la zona norte y que suma a Colchane (Tarapacá), como otro de los puntos que congregan una multitud de personas de diferentes nacionalidades que ingresan diariamente a territorio chileno.

En su mayoría venezolanos, los grupos están compuestos por niños y adultos que dejan su país para reunirse con algún familiar o amigo en un viaje que incluso puede extenderse durante meses y que contempla grandes trayectos de caminata. El gobierno enfatiza que se trata de ingresos irregulares y en los terminales de buses la autoridad sanitaria se enfoca en pesquisar posibles casos de covid, sin embargo, a la espera de los resultados y poder continuar con su camino, los migrantes duermen en el piso de los terminales, no hay albergues ni mayor ayuda que la de quienes voluntariamente se acercan a entregar alimento o útiles de aseo.

El actual escenario está lejos de desaparecer o atenuarse y por ello, cuatro candidatas al Senado y cuatro candidatos a la Cámara de Diputados de la próxima elección se manifestaron sobre esta crisis, coincidiendo la mayoría, en que se requiere una nueva ley de migraciones que contemple una realidad acorde a los tiempos de la migración latinoamericana y un trabajo más coordinado entre las diferentes instituciones locales.

“Debe existir voluntad política”

La exgobernadora provincial de Antofagasta y candidata a senadora por la UDI, Katherine López, primero quiso aclarar que esta crisis humanitaria tiene su origen en Venezuela y que quienes están sufriendo ahí, ven en Chile la posibilidad de mejores oportunidades para su vida. “Debe existir una voluntad política, empezando por el gobierno, para dar facilidades de libre tránsito en forma digna hasta el punto donde quieren llegar”, propuso. Y recordó que el año pasado, en plena pandemia, vivió una situación idéntica con una ola migratoria de bolivianos, contexto en el que entregó una respuesta rápida y digna.

“Ahora se debería manejar de la misma forma, el general Aguirre me entregó la responsabilidad y articulé a todas las ONG de migración e instituciones que tenían algo que aportar, trabajando de la mano con el municipio que nos habilitó dos liceos como albergues, la Onemi, empresas que aportaron con buses, la Seremi de Salud y organizaciones sociales con ollas comunes. Todo esto bajo coordinación y cooperación articulada de manera humanitaria”, rescató López.

El llamado, añadió la exgobernadora provincial, es a que la Delegación Presidencial retome esta articulación con el apoyo del gobernador regional. Todo esto, porque estos flujos migratorios continuarán ocurriendo, porque estos casos que no fueron contemplados en la nueva ley migratoria cuando ésta se confeccionó.

“Las instituciones no actúan proactivamente”

Marta Molina es candidata a senadora por la Federación Regionalista Verde Social (Frevs) y explicó que junto al diputado Esteban Velásquez y su partido, están trabajando desde hace tiempo en de un documento de política pública para organizarla y ordenar la migración ordene estas. Explicó que un país tan avanzado como Chile no puede tener una política migratoria débil y que en los próximos días los regionalistas lanzarán una propuesta que va en el sentido de reordenar la migración. Antofagasta es una de las regiones más afectadas con esta problemática y las propuestas deben ser sostenidas en el tiempo, dijo.

“En todo ámbito estamos atrasados, la migración nos encontró desprevenidos, las instituciones no han actuado proactivamente y necesitan un impulso que tiene que ser generado con una política pública. Creo que muchas instituciones no se atreven a actuar mucho por desconocimiento. La migración es un derecho humano que no puede ser prohibido, pero tiene que ir de la mano de buenas políticas públicas, regular el tema y este ordenamiento irá en beneficio de los migrantes y de todo el país. Esta es la única forma, no veo otra alternativa, instituciones como las gobernaciones y las municipalidades quedan colapsadas muchas veces”, apuntó Marta Molina.

“No podemos seguir mirando para el lado”

“Escuché al alcalde de Colchane (Javier García) y estoy de acuerdo con él cuando convoca al gobierno a una mesa de trabajo, porque cada lugar tiene su propia realidad”, sostuvo la diputada Marcela Hernando, candidata al Senado por el Partido Radical (PR). Lo que pasa en Iquique, en Colchane, Calama y Antofagasta, continuó, debería tener a las autoridades locales definiendo cuáles será las estrategias para enfrentar el problema.

“Todo esto es consecuencia de una mala política, cuando se invitó y estableció una visa especial para otorgar refugio a los venezolanos, y eso ahora nos está costando claramente y debemos operar con la ley que tenemos. La nueva legislación, de la que solo falta que se promulgue el reglamento, permite de alguna manera las expulsiones, pero esto tiene que revisarse caso a caso. No estoy de acuerdo con las expulsiones masivas, porque se requiere una mirada a la situación de cada familia, hay niños, personas que se están reagrupando y otros que huyen de una persecución. Esta situación humanitaria se escapó de todos los márgenes y las autoridades tienen que definir cómo van a enfrentarla, pero esto no lo hace solo una de ellas, hay recursos municipales para involucrar, otros que son de la Seremi de Salud, del gobierno interior. Esto es urgente y no podemos seguir mirando para el lado”, emplazó la diputada.

A Hernando también le preocupa la transparencia de los datos y la agilidad para tratar este problema, porque se realizan los exámenes y los resultados están “a los dos días mínimo”, estableciendo que varios de ellos son portadores de covid, lo que obliga a que estén en aislamiento y sus familias al ser contacto estrecho también necesitarían estar recluidos. “No sé si Antofagasta en este momento tiene tantas residencias sanitarias como para albergar a todo este grupo, por eso se necesita información más rápida y oportuna de la Seremi de Salud”, manifestó.

“Plan de acogida internacional”

La candidata al Senado del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), Galia Aguilera, sostuvo que “planteamos un plan de acogida internacional que mejore las condiciones de los migrantes y las localidades que los acogen”. Esta propuesta contempla terminar con las deportaciones forzadas, asegura el derecho al libre tránsito sin discriminación, facilita el transporte para que quienes han decidido migrar puedan reencontrarse con sus familias, garantiza el derecho a residencia, a la vacunación, entrega de implementos de protección frente a la pandemia y test de antígenos. “Es fundamental la unidad del pueblo trabajador independientemente de la nacionalidad, por ello es central el apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y populares para denunciar la crisis”, expuso Aguilera.

Y aseguró que las autoridades buscan dividir al pueblo trabajador entre nativos y extranjeros, pero de fondo hay un problema estructural heredado desde la dictadura, ya que no hay planes de viviendas o real derecho a la salud y la educación. Sobre la situación de los terminales de buses de la región, dijo que son cientos de familias que están en incertidumbre sanitaria y humanitaria, durmiendo en la calle y ya sin recursos para costear su alimentación. “El gobierno de Piñera ha tenido un especial sesgo xenofóbico y racista, incluso después de apoyar a Guaidó e invitar a venezolanos al país, su política ha apuntado a la expulsión y a la criminalización de aquellos que buscan mejores condiciones de vida; esto sostenido por la actual ley de migraciones defendida por el gobierno y denunciada por organizaciones migrantes por seguir fomentando la criminalización de la migración”, concluyó Aguilera.

“Es urgente la voluntad política de distintos sectores”

El exconsejero regional, Pablo Iriarte, candidato a diputado por el Partido Comunista (PC), explicó que lo primero que se requiere a corto plazo en esta emergencia es que las instituciones involucradas puedan mirarse a la cara y resolver sin tanta burocracia temas que deberían estar por debajo de lo humanitario.

“Lo más urgente es la voluntad política de los distintos sectores para dar soluciones humanitarias, y en segundo plano se requiere una política de migración que modernice la relación de los países de América Latina. Que el municipio, el Ministerio del Interior, la Gobernación, que hoy tienen un rol en la administración del territorio, se pongan de acuerdo para aplicar una propuesta que vaya hacia lo humanitario, considerando dos cuestiones fundamentales: estamos en una zona históricamente que por sus procesos económicos está ligada a la migración y, en segundo lugar, una crisis ligada con lo económico que seguirá generando migraciones. Hay que resolver desde la perspectiva de la regulación, pero también dar solución a un problema de personas”, puntualizó Iriarte.

Y el excandidato a alcalde recordó que hace más de un año vivió una experiencia similar cuando alojaron a cerca de 90 bolivianos en el local del PC y a pesar de golpear muchas puertas, fue difícil encontrar soluciones incluso, con las autoridades bolivianas. “Me parece correcto tener medidas sobre la migración y el control de fronteras, pero en esta política se necesita algo menos burocrático con una mirada más amplia, una política migratoria con una visión del siglo XXI y con una visión de guerra o que no reconoce la situación de Latinoamérica”, reflexionó.

“Facilitar que se encuentren con sus familiares”

Para Lester Calderón, candidato a diputado por el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) y excandidato a gobernador regional, debería “facilitarse el transporte para que puedan encontrarse con sus familiares y llegar a sus destinos, con esto evitar más muertes en las duras condiciones altiplánicas. Al mismo tiempo deben tomarse todas las medidas que permitan evitar focos de contagio, con testeo de la población, entrega de mascarillas y asegurar residencias sanitarias para quienes lo requieran, así como integrar un plan de vacunación”. Al mismo tiempo, solicitó derechos políticos y sociales que hoy no están garantizados, lo que, a su juicio, es responsabilidad de la política proempresarial del gobierno de hacer pagar la crisis a las y los trabajadores.

Calderón destacó que, en este escenario, la solidaridad de las ollas comunes para familias que buscan una mejor oportunidad fuera de sus países contrasta con la política de expulsiones por del gobierno de Piñera, que luego de promocionar a Chile como destino para la migración venezolana ante la crisis de ese país, pasó al cierre de fronteras, proponiendo un plan de acogida internacional. “Existe una crisis de proporciones en el terminal de buses de Antofagasta, cerca de 700 familias esperan un cupo en residencias sanitarias mientras esperan resultados de antígenos para Covid-19 y así trasladarse a otros puntos del país. El traslado a residencias no se está cumpliendo, dejando a cientos de hermanos extranjeros en condiciones de precariedad, realidad que golpea sobre todo a menores que sufren condiciones terribles en la intemperie”, lamentó el candidato.

“La situación es invisible al gobierno central”

“La grave situación que estamos viviendo en el norte, es invisible para el gobierno central, y esto es consecuencia directa del oportunismo de Piñera y de la destrucción de la democracia en Venezuela”, dijo Jaime Araya, candidato a diputado IND-PPD. Y mencionó que tanto en las calles de Tocopilla como de Antofagasta se pueden ver familias venezolanas angustiadas buscando nuevas oportunidades, pasando hambre y frío, por lo que resulta obvio exigir al gobierno de que se haga cargo de lo que han generado, ya no se puede tolerar esta desidia. “Me parece grave que una vez más se repita la triste historia que, mientras el problema no llega a Santiago, no se tomen medidas urgentes para enfrentar la situación y debemos partir por llamarla por su nombre, tenemos una crisis migratoria en curso”, señaló.

En términos locales, Araya dijo que lo que corresponde es que cada institución actúe conforme a las facultades que la ley dispone, pero que la responsabilidad es exclusiva del gobierno y de sus funcionarios, por lo que sería “impresentable que pretendan además responsabilizar a otras entidades que no tienen ninguna atribución para actuar en esto. Estoy segurísimo que las otras autoridades actuarán en el ámbito de la ayuda y asistencia humanitaria, de eso no hay duda”, criticó el candidato.

“Actuar de una manera más coordinada”

El actual diputado y candidato al mismo cargo por RN, José Miguel Castro, enfatizó que primero debe distinguirse entre la ley de migraciones, que debe seguir aplicándose para controlar las fronteras, pero al mismo tiempo, mirar la condición de quienes ya ingresaron al país, como los venezolanos que “vienen escapando de una dictadura. No podemos mirar al suelo y hacer como que no existen, hay niños que viven en carpas, familias completas que emigran y debemos hacernos cargo de esa condición. Hay que actuar de una manera más coordinada en términos de Estado, gobierno e instituciones para dar facilidades”.

Castro manifestó que quienes escapan de lo que ocurre en su país, deberían extenderse visas humanitarias para entregar condiciones en Chile. “Estoy en contacto con la gobernación, con la delegación presidencial y están en terreno, el trabajo tiene que ser coordinado con el gobernador regional y los alcaldes, ya que el tema humanitario es lo importante. Las veces que he hablado con las autoridades, ellos han estado presentes entregando algo de auxilio en Antofagasta”, reconoció el parlamentario.

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