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miércoles, 24 julio, 2024
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Caso Convenios

Oposición valora que RD fuera excluido del caso convenios y apuntan a que cúpula del partido tuvo información y no presentó denuncias

El Juzgado de Garantía determinó que Revolución Democrática no puede actuar como querellante en la causa al no contar con domicilio en la Provincia de Antofagasta. Parlamentarios y abogado UDI que es parte del proceso valoran el fallo y explican qué dificultades advertían con el partido oficialista como parte de la investigación. “Hay que recordar que en su primera declaración el senador Latorre, presidente de RD, baja el perfil, refiriendo que esto era un error más administrativo que de otro tipo. Pero después tuvimos conocimiento de que ellos sabían desde antes la situación y no la habían informado ni tampoco denunciado”, manifestó Pablo Toloza.

Aunque la exclusión de Revolución Democrática (RD) como querellante del caso convenios ocurrió por un elemento de forma y no de fondo, la oposición valoró el fallo del Tribunal de Garantía de Antofagasta que dejó al partido fuera de la causa. El sector apunta sus dardos a que la cúpula de RD conocía los antecedentes de Democracia Viva antes de que fuesen difundidos por la prensa, sin embargo, no presentaron ninguna denuncia ni socializaron la información con las máximas jefaturas del gobierno.

La incidencia presentada por diputados del Partido Republicano finalmente fue acogida ayer por el juzgado, pero no por los argumentos ventilados en la audiencia, sino por una cuestión de forma, RD no cuenta con domicilio en la Provincia de Antofagasta para actuar como querellante. Ahora, vencidos los plazos para deducir algún recurso sobre la sentencia y una vez que el fallo quede firme y ejecutoriado, se comunicará a la oficina administrativa del Poder Judicial la exclusión del partido oficialista de la causa.

Pablo Toloza, abogado querellante de la UDI, partido que fue el primero en interponer una querella por el convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda, manifestó que están conformes con la decisión del tribunal. Si bien es cierto, agregó, que el argumento que del juez tiene una total y absoluta razón objetiva, en el sentido de que RD no cuenta con domicilio en la Provincia de Antofagasta, Toloza cree que también había otros argumentos de fondo para excluir al partido.

“A nuestra manera de ver, nos parecía altamente inconveniente que Revolución Democrática fuera parte querellante. Hay que recordar que en su primera declaración el senador Latorre, presidente de RD, baja el perfil a la situación, refiriendo que esto era un error más administrativo que de otro tipo. Pero después tuvimos conocimiento de que ellos sabían desde antes la situación y no la habían informado ni tampoco denunciado. Por eso era inconveniente desde el punto de vista de la transparencia del proceso, sobre todo porque los involucrados en esta causa son todos militantes o exmilitantes de dicho partido”, declaró.

La causa fue decretada como secreta por el Ministerio Público y Toloza indicó que seguirán solicitando diligencias, confiando en el trabajo del fiscal Cristian Aguilar.

El persecutor, quien es el fiscal jefe de Antofagasta, llevó la causa de Karen Rojo y para reunir los antecedentes que ameritaran una formalización necesitó más de un año de entrevistas y recopilación de datos. En términos de plazo, sobre cuánto podría durar este proceso hasta una eventual formalización, Toloza aseguró que son circunstancias distintas y esperan que el periodo sea más breve que en el caso de la exalcaldesa Rojo. “Sobre todo porque los antecedentes ameritan que el proceso sea bastante más rápido. Ya hay declaraciones del propio Presidente de la República y del ministro de Justicia de que acá hay corrupción. Por tanto, nos parece que si bien es cierto los tiempos son los que en derecho corresponden, esperamos que sea bastante más rápida que la causa de la exalcaldesa”, dijo.

Por una vía paralela corre el intento del Ministerio de Vivienda de recuperar las platas fiscales entregadas a Democracia Viva. En ese sentido, el abogado explicó que como planteó hace un par de semanas, ante la ausencia de una boleta garantía, lo único que procede es que el ministerio, a través del Consejo de Defensa del Estado, interponga una acción civil para la recuperar de los dineros.

“Y no tan solo los recursos de la diferencia que existe entre la opinión de Democracia Viva y lo que señala el ministerio, que es de 97 millones de pesos, sino que también solo lo que tenemos es una medida precautoria sobre los fondos que existen en la cuenta corriente de la fundación. Eso no quiere decir que de inmediato se transfieran las platas al ministerio, habrá que esperar que se interpongan las acciones y que sea la justicia la que determine efectivamente la devolución de los dineros. Específicamente sobre la diferencia entre lo que exige el ministerio y lo que asegura la fundación corresponde, tengo dudas razonables de que puedan ser recuperados, porque Democracia Viva no tiene bienes para hacer efectiva una sentencia que los condene a devolver la totalidad de los 300 millones y fracción que señala la autoridad”, advirtió Pablo Toloza.

DIPUTADOS DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA

El diputado José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión investigadora que indagará el caso convenios en la Cámara, sostuvo que la decisión del tribunal es correcta porque al ser querellantes RD tendría acceso a la carpeta investigativa y con ello saber cuál es el accionar y la línea que seguirá el Ministerio Público.

“Hubiera preferido que el partido informara a todos sus militantes y a sus altas autoridades lo que estaba pasando y que no quede en el aire, como hasta hoy, que la cúpula supo diez o 15 días antes lo que estaba ocurriendo y no lo transparentó a su gente que integra el gobierno. Al ministro Montes no se le informó y tenía a una subsecretaria que sabía el tema desde hace meses. Estamos hablando de un partido que decía venir a cambiarlo todo y al final nos damos cuenta de que lo único que ha hecho es ocupar malas prácticas, no solamente en términos de dinero, sino que también en el hecho de no informar u ocultar las cosas que están sucediendo. Creo que a Revolución Democrática y a todos estos jóvenes que llegaron al poder quizás les faltó un poco leer la Biblia y darse cuenta de que existen mandamientos que dicen no mentiras, no robarás, códigos básicos para una sociedad”, expresó Castro.

La diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile) es parte de la comisión investigadora de la Cámara y fue la primera en enviar un oficio alertando lo que ocurría con el manejo de la Seremi de Vivienda en Antofagasta. Coincide en que es positiva la exclusión de RD de la causa, ya que resultaría complejo que tengan acceso a la investigación cuando más de sus militantes podría estar involucrados.

“En su minuto lo dijo el mismo presidente de RD, así que no me parece correcto que buscaran ser parte de la investigación al querellarse. Por lo visto hay más involucrados de lo que nosotros creemos y esto permite hacer las cosas de manera más transparente”, destacó.

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