Luego de que expirara el periodo para que los extranjeros regularizaran su situación migratoria en Perú, el gobierno de ese país publicó un decretó que permite expulsar en 48 horas a los inmigrantes en situación irregular o que figuren vinculados con actividades delictivas. Frente a la crisis de seguridad pública en territorio nacional, algunos parlamentarios de Antofagasta explicaron que ya han presentado iniciativas similares, mientras que otros advierten las dificultades de ejecutar un procedimiento de estas características, requiriendo no solo más recursos para hacerla efectiva, sino también, distinguir la situación judicial de cada involucrado.

La nueva normativa peruana no solo establece un protocolo de actuación de la policía, además contempla multas para las empresas de transportes que circulen con extranjeros en condición irregular hecho que incluso, se extiende hasta los servicios de hospedaje que no faciliten la fiscalización. La publicación del decreto generó movimientos migratorios por parte de quienes abandonan Perú y que por el momento se concentran en la frontera norte de esa nación.

El diputado Sebastián Videla (IND-PL) explicó que presentaron un proyecto para que los extranjeros que estén involucrados en delitos menores sean expulsados inmediatamente. Sin embargo, apuntó que lo que debe reforzarse para que la medida tenga efectos es una inyección de dineros para su ejecución. “Teniendo mayores recursos podría lograrse esto y el subsecretario Monsalve ha manifestado que podría concretarse. Él dijo que el problema no es el decreto, la dificultad es su ejecución y para eso se necesitan más recursos y hacemos un llamado al Presidente para que pueda realizarse”, manifestó.

Hay que distinguir dos escenarios en una idea como la implementada por el gobierno peruano, dijo el senador Pedro Araya (IND-PPD). En el caso de un extranjero que ha cometido un delito en Chile, no es partidario de su expulsión inmediata y la razón es que debe pagar su deuda con la justicia, ya que no hay ninguna garantía de que cumpla la pena en su país de origen. “Si se trata de extranjeros que se encuentran irregularmente en Chile y que no han cometido ningún delito, pero tienen antecedentes penales, en esos casos claramente hay que proceder a la expulsión inmediata”, propuso.

Preocupación por la frontera

Araya sostuvo que el miércoles en la Comisión de Defensa planteó al ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve y al subsecretario de FFAA, su preocupación respecto de la medida que se decretó en Perú. Esto, porque es probable que nuevamente Chile tenga una fuerte presión migratoria en el norte y no por las expulsiones, ya que éstas son hacia los países de origen, sino porque podríamos experimentar un aumento de extranjeros que están de forma irregular en Perú y que traten de ingresar a Chile para evitar las deportaciones.

“Le pedimos al Ministerio del Interior y Defensa reforzar la presencia militar en la frontera de la macrozona norte e incluir en el decreto que permite a las FFAA colaborar con la custodia de la infraestructura crítica, que se despliegue personal militar en el sector de la aduana de Quillagua, que divide Iquique con Antofagasta. No se puede descartar ninguna medida que tenga el Estado de derecho con el objeto de devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Mi opinión es que deben ser medidas escalonadas, establecer un plan, porque si vamos a la medida más extrema de forma inmediata, después nos quedamos prácticamente sin instrumentos. Es necesario e insistimos en la presencia de las FFAA en la frontera y no se descarta pedir el estado de excepción en algunas zonas del país”, subrayó el parlamentario.

La senadora Paulina Núñez (RN) señaló que llevan años exigiendo expulsión para quienes han ingresado de manera clandestina y, que este proceso se concrete vía decreto en 48 horas, depende exclusivamente del gobierno. “La única manera de empezar a ordenar la casa y saber quién está en Chile es exigiendo que se ingrese por pasos habilitados y cumpliendo los requisitos que todo país tiene el derecho de pedir”, enfatizó.

12 mil carpetas para expulsiones inmediatas

Recordando que en agosto presentó un proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile, el diputado José Miguel Castro (RN) indicó que dicha iniciativa debe ser considerada por el gobierno. “El problema está en que ellos creen que las fronteras son completamente abiertas, tienen la ideología tan incrustada que no se dan cuenta lo que está viviendo la población. En la Cámara no nos permiten avanzar con este proyecto por una mayoría y no dan el acuerdo para que se pueda discutir en la sala, ya habiéndose aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por eso, incluso hemos llegado al punto de decirle a la ministra Tohá que si no moviliza 12 mil carpetas que tiene para expulsión inmediata de aquí a fin de año la acusaremos constitucionalmente”, adelantó.

Para Antofagasta, Castro expresó que deberían tomarse medidas como el copamiento durante las noches, algo que ha pedido al subsecretario Monsalve, quien respondió que el tema está en análisis. “Sobre todo ahora que viene el verano y el centro es más concurrido. Es necesario que Carabineros se haga presente en los centros para recuperar las calles del delito”, indicó.

En el actual escenario de seguridad del país, la diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile) dijo que el crimen organizado con todas sus aristas ya está enquistado en Chile y liderado por peligrosas bandas internacionales, las que aparentemente tienen incluso acceso a armamento de guerra y explosivos.

“Bandas cuyos integrantes, ingresan de manera irregular por los pasos de Arica y Antofagasta, bajo la acción pasiva de autoridades de gobierno que se niegan a solicitar acciones más restrictivas de control y presencia militar en nuestros sectores fronterizos. Estoy seriamente considerando sumarme a las voces al interior del Congreso, que ya están solicitando al gobierno decretar estado de excepción, pero no sólo en Santiago, sino también en las regiones fronterizas como Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso, para así contar con las herramientas y el personal militar que sean necesarios para frenar de una vez por todas, la creciente ola de criminalidad.  Además, debemos sumar leyes a nuestra propia legislación, como la que se promulgó en Perú”, declaró Ahumada.

Ley de inteligencia detenida en la Cámara

El senador Pedro Araya manifestó que, frente a los casos de secuestros de las últimas semanas, más que cambios legislativos, lo que se requiere es mejorar la persecución penal. El legislador expuso que la pena de secuestro con homicidio llega hasta el perpetuo calificado, lo que implica el techo de la sanción en el país y con pisos que también son muy altos. También contó que tuvo una reunión con Ignacio Castillo, el director de Crimen Organizado del Ministerio Público y el fiscal nacional Ángel Valencia para abordar esta nueva criminalidad que, a su juicio, tiene que ver con que el Estado se quedó atrás con las herramientas de persecución penal. Araya observa que faltan recursos para las policías y la fiscalía, ya que, a diferencia de otras actividades, es un recurso humano que costará encontrar porque hay que formarlo y lamentó que en eso nos quedáramos atrás como país, en la preparación de profesionales dedicados a temas de seguridad.

“Y faltan temas legislativos que debemos abordar, es impensable que el gobierno no quiera avanzar en un nuevo sistema de inteligencia. Tienen que dejar atrás los discursos y mirar que estamos con un problema real que necesita enfrentarse con nuevas herramientas. Todos estamos conscientes de que la ley de inteligencia es mala, se hizo fruto de la desconfianza porque salíamos de la dictadura y había temor por el recuerdo de la CNI. Pero han pasado años, esa ley está obsoleta, no sirve para desbaratar bandas criminales ni prevenir estas situaciones. Espero que el gobierno se la juegue y coloque discusión inmediata a un proyecto que lleva dos años frenado por el Frente Amplio en la Cámara”, emplazó el senador.

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