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miércoles, agosto 10, 2022

Pese a detención de dos involucrados en crimen de adolescente, autores de las heridas fatales siguen prófugos

Los dos detenidos, que golpearon y retuvieron a la víctima, quedaron en prisión preventiva. En la audiencia de formalización se conoció que otros tres sujetos, quienes todavía no son ubicados, golpearon al estudiante con objetos contundentes y que uno de ellos provocó lesiones cortopunzantes que terminaron con la vida de Ángel García Aguilera.

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Registros audiovisuales, el relato de testigos y de los propios imputados fueron expuestos en la audiencia de formalización de los dos detenidos por el crimen de Ángel García Aguilera, el adolescente de 16 años quien murió la tarde del 29 de julio tras ser atacado por una turba en el sector de la Plaza de los Eventos.

Según el Ministerio Público, los imputados, quienes permanecerán en prisión preventiva durante los 120 días concedidos para la investigación, golpearon y retuvieron al adolescente que luego fue agredido por otros tres sujetos que le provocaron las lesiones que derivaron en su muerte. Estos últimos todavía no son ubicados y las pesquisas de la Fiscalía Local y de Carabineros continúan para lograr su identificación. Por su parte, la defensa de los investigados argumentó que se involucraron en el hecho de forma errada y casual, con la convicción de que estaban participando en una detención ciudadana, ya que quienes seguían a la víctima gritaban que ésta había robado.

En la audiencia realizada ayer en el Tribunal de Garantía, el fiscal Cristian Aguilar explicó que los sujetos individualizados como R.J.C.Ch. y D.A.G.S. son investigados como autores materiales del delito de homicidio calificado. Los hechos narrados por el persecutor indicaron que el viernes pasado a las 20.30 horas, el adolescente de 16 años estaba acompañado de tres conocidos cuando tuvo un altercado con un grupo de venezolanos en la Plaza de los Eventos. Uno de los sujetos sacó un arma tipo machete para golpear a los jóvenes, quienes huyeron para evitar el ataque.

LOS HECHOS

La víctima fue alcanzada en el pasaje Calama y en ese momento otros individuos se sumaron al grupo agresor, entre ellos, los dos imputados. El adolescente fue retenido contra su voluntad y R.J.C.Ch. lo golpeó con manos y pies mientras que, en ese contexto, D.A.G.S. utilizó un casco de motocicleta para agredirlo en la cabeza, junto con propinar otros ataques.

“A continuación, ambos imputados y otros trasladaron a la fuerza (a la víctima) para inmovilizarla y aprovechando su número y que la víctima se encontraba indefensa y sola, continuar con la agresión por otros sujetos para matarla con golpes de puños, pies, objetos contundentes y un cuchillo con el que hirieron. Todo lo cual, mientras los imputados concertados con los demás impedían que la víctima arrancara para salvar su vida, manifestando en algún momento R.J.C.Ch., para justificar la agresión que ‘éste es el que robó’, dejando a la víctima herida y abandonada”, relató el fiscal en la audiencia.

En el tribunal, la fiscalía exhibió un video en el que mostró cómo los investigados participaron de las agresiones. Uno de ellos utilizaba un casco de motocicleta y tenía una mochila de la empresa Rappi y el otro imputado, quien retuvo al menor, vivía en el sector donde ocurrió el crimen. La causa de muerte fue una hipovolemia aguda de herida cortopunzante por arma blanca en el muslo derecho.

El adolescente también registró lesiones cortantes en la región temporal posterior izquierda (cabeza), otras zonas del cuerpo y Aguilar solicitó al magistrado Alejandro González la prisión preventiva por considerar que ambos son un peligro para la seguridad de la sociedad.

Roberto Vega, abogado la Defensoría Penal Pública que representa a D.A.G.S., manifestó su oposición a la petición del fiscal, argumentando que el Ministerio Público pretende instalar que, desde el comienzo, un grupo de personas de manera conjunta y concertada habrían concurrido para la realización del homicidio.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

“Lo cierto es que hay situaciones fraccionables en el tiempo y separables respecto de cada uno de los sujetos e incluso el video da cuenta de ello, para determinar que no hay una actuación conjunta ni se comparte el dolo. La carpeta arroja que la víctima, junto a otros sujetos, habría concurrido al parecer al circo, donde habría sostenido un incidente con otras personas entre las que no está mi representado ni el coimputado. Producto de esa situación la víctima huye y uno de ellos se resguarda en un negocio y en eso retoma contacto con quienes lo acompañaban y vuelve a ser perseguido. En el contexto de esa persecución, los testigos del Ministerio Público dan cuenta de que se produce un alboroto donde se señala que una persona había sido robada (…) Hay una persecución de una supuesta sindicación de un delito y en ese contexto que ellos (imputados) estando en un lugar determinado no con el grupo original que persigue a la víctima, salen para ver lo que ocurre (…) Lo que motiva la intervención de mi representado en el contexto que el Ministerio Público hace parecer como un continuo. En los videos se ve que probablemente estaba trabajando, incluso con la mochila en la espalda, genera una intervención y él expresa cuál es, sale producto de la existencia de un delito previo”, puntualizó el defensor.

Vega advirtió que con relación a la atribución directa de una conducta de carácter homicida es necesaria la exigencia de un nexo causal, que tiene que ver con fundamentar que la ejecución de esa conducta determinara el desenlace fatal de lo ocurrido. “El testigo que más aporta habla de la existencia de un casco y que lo golpeaba en la cabeza y el primer video da constancia de esa acción. El informe médico establece como causa basal del homicidio las diversas lesiones vinculadas a venas de carácter femoral y eso tiene pleno correlato con lo que declara el testigo sobre la existencia de terceras personas, distintas a mi representado y el coimputado. Se habla de un sujeto que tiene una botella de vidrio y que golpea en la cabeza, de una persona que toma un fierro y que lo golpea en la cabeza y de una tercera persona que portaba un cuchillo y que lo apuñala en las piernas”, precisó.

En consecuencia, indicó el defensor, la muerte se ocasiona producto de las heridas cortopunzantes en las venas femorales y no a raíz de un traumatismo encéfalo craneal o de alguna situación vinculada a la conducta del imputado. La referencia del Ministerio Público es a la retención, la que según Vega, en caso alguno se observa por parte de su representado. “Lo que hay al parecer y, es lamentable toda vez que no es lícito para nadie hacer justicia por mano propia, es un linchamiento por un grupo totalmente desvinculado de mi representado al cual se suman personas a medida que se llega a un sector poblado. Se suman a un linchamiento, no es correcto, ejecuta ciertos actos lesivos, pero no es suficiente para que esa conducta determine una vinculación con el resultado mortal”, aseguró el abogado.

La defensora particular del otro imputado, Karina Ibarra, también apuntó a la tesis de una intervención errada y casual de los investigados, señalando que los homicidas inventaron el robo que los testigos escucharon con gritos mientras la víctima era perseguida. Ambos imputados tenían la convicción de que estaban participando en una detención ciudadana, y la profesional agregó que los golpes propinados no fueron la causa de muerte del adolescente, que no hubo dolo y que hay otros tres sujetos que provocaron las heridas más graves que aún no son ubicados. “Los verdaderos autores del crimen están sueltos. Existen tres personas identificadas en los 70 videos, una que le pega con un palo, otra con un cuchillo y otra lo golpea con una botella en la cabeza. De esas tres personas no existe idea de su paradero y la teoría de esta defensa es que con esas personas habrían mantenido la riña”, dijo la abogada.

Por estos argumentos, los defensores propusieron como medida cautelar el arraigo nacional y el arresto domiciliario para permitir que los imputados puedan seguir trabajando. Sin embargo, el magistrado resolvió decretar la prisión preventiva por considerar que en esta etapa procesal se cumplen los requisitos para ello. Tras escuchar la cautelar decretada, los abogados pidieron el resguardo de Gendarmería para asegurar la integridad de los imputados en el recinto penitenciario.

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