El plebiscito del 25 de octubre del año 2020 fue inédito, un momento histórico para el país, ya que representó la primera oportunidad del pueblo de Chile de participar en una instancia electoral para decidir sobre una nueva Constitución y su mecanismo o procedimiento, es decir, un espacio soberano concreto para decidir entre todas y todos, y no entre unos pocos, si entrábamos o no en un proceso profundamente participativo e inclusivo para discutir desde cero (hoja en blanco) las bases de un nuevo pacto social, constituyéndose la ciudadanía en un actor de primer orden y no de reparto o simple espectador de las decisiones trascendentales de la patria.
Sin embargo, no fue una novedad para los chilenos, pues nuestra historia cuenta con variadas instancias similares, por cierto, en otro contexto y características, cuyos orígenes y primeras expresiones se remontan a los albores de la patria cuando, en la lontananza del nacimiento de Chile, José Miguel Carrera primero y Bernardo O’Higgins después, lideraron los primeros procesos plebiscitarios del país en los años 1812 y 1818, respectivamente, en busca de un primer texto constitucional.
Así, mientras el plebiscito del año 1812 zanjó conceptos tan relevantes como la soberanía nacional, las garantías individuales y la división de poderes, su participación fue limitada a un puñado de patriotas que se reunieron más de una noche en la casa del cónsul norteamericano Joel R. Poinsett quien, incluso, se auto impuso la elaboración de un texto basado en la carta magna Norteamericana, escasamente reconocido por la historia, pero que existió y, todo indica, estuvo sobre la mesa de las tertulias de debate constitucional de aquella época.
El segundo plebiscito, en cambio, fue el del año 1818, liderado por Bernardo O’Higgins quien se encontraba a la cabeza del país y donde sólo habrían podido participar los ciudadanos de Coquimbo hasta Cauquenes, ello por la lucha por la independencia que en aquellos instantes se libraba, texto que fue aprobado por unanimidad ante el temor del estigma realista que imperaba en esos momentos.
Sin embargo, dicho texto lejos de asegurar una sólida base institucional, brindando paz y tranquilidad al país, no despejó la discusión sobre los conceptos de Estado, su estructura y organización, nación, religión y democracia, por lo que la patria ensayó diversos textos constitucionales de corta duración, aumentando la tensión de esos años y deviniendo casi 15 años inmersos en la discusión de esos grandes temas, todo ello en medio de disputas de poder si bien propias de toda época, en este caso guerra civil de por medio entre 1829 y 1830.
Otra fue la composición que impusieron las fuerzas Conservadoras y el liderazgo de Mariano Egaña, lo que dio vida a la llamada Constitución del 33 que empezó a regir en mayo de ese año, constituyéndose con cerca de 100 años de vida en la de mayor duración en la Historia de Chile.
Si bien es cierto que las Constituciones son el fruto de la época y contexto histórico en que les toca nacer, también podemos afirmar que, al menos, en aquellos años de nuestra historia, y con un reducidísimo número de actores políticos presentes, fueron fruto, también, de las divergencias en el mismo seno de las familias preponderantes, como lo atestigua las distancia abismal entre el propio Mariano Egaña y su padre, don Juan Egaña, a quien aquél en una carta que denota su temprana conversión al conservadurismo que imperaría en los años venideros, acusa en el año 1827 de apoyar las leyes federalistas de 1826 y, nótese, de participar en el “gobierno de los malos” y de los “pueblistas”, agregándole, respecto de la democracia liberal, que ella era «el mayor enemigo que tiene la América, y que por muchos años le ocasionará muchos desastres, hasta traerle su completa ruina».
Si avanzamos más en el tiempo, aterrizamos en la consulta nacional de 1978, durante la dictadura de Pinochet, quien buscaba con ello limpiar su imagen ante las y los chilenos e internacional, amén de sentar las bases de aprobación de su propia futura arquitectura constitucional. Aunque ganó el apoyo al régimen con un 78% en un universo votante de 5.566.288 personas, los resultados estuvieron teñidos, con legítimo fundamento, de cuestionamientos en cuanto a su transparencia dada la ausencia de registros electorales, las restricciones a las libertades de opinión y de participación política y la fuerte censura imperante a los medios de comunicación.
Como se puede apreciar, ningún proceso ha sido igual al anterior, pues el avance de los años fue modificando cómo se entendía la participación política de la ciudadanía, evolución que permitió pasar del sufragio censatario y de exclusividad masculina a uno que reconoció el voto a las mujeres recién en el año 1949, creándose en 1958 la cédula única electoral mediante la ley N° 12.889; reconociéndose en 1969 el derecho a voto de los ciegos, y en 1971 igual derecho a los analfabetos.
El plebiscito del 25 de octubre del año 2020 creo que será recordado por poner en el debate el reconocimiento de los pueblos originarios, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el principio de paridad y por permitir la mayor injerencia, en la historia constitucional, de los independientes en cuanto a su representación electoral constituyente en condiciones de igualdad con los candidatos de los partidos políticos, precisamente con el propósito de lograr otorgar legitimidad a una nueva Constitución discutida por todos y todas.
Sin embargo, y en un escenario de necesario catalizador del estallido social de octubre del año 2019, la pregunta de si el proceso constituyente último ha servido para avanzar en la resolución de los temas que como país transversalmente constatamos como necesarios de zanjar, por constituir fuente de injustas diferencias entre hermanos, al punto de restringir el desarrollo integral de unos por la excesiva concentración de riqueza y poder político de otros, posibilitado por un esquema constitucional para ello propicio, es la gran interrogante a resolver el próximo 4 de septiembre, precisamente en el mes de la patria.
Efectivamente, muchos chilenos mediante diversas manifestaciones y, muy especialmente, las de octubre del año 2019, señalaron sentirse «abusados» por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad «justa»; y la salida constitucional mediante el plebiscito del 25 de octubre del año 2020, la elección de convencionales en mayo del 2021 y el trabajo de un año de la Convención por una nueva Constitución, pretendió responder ello y acontece que los chilenos se preguntarán este 4 de septiembre si ello se logró y repasarán en la soledad y silencio de la urna cuáles de esas llamadas «deudas sociales», por las que fundadamente reclamaban, el texto propuesto ¿las aborda mínimamente ?. El pueblo responderá esa pregunta.
