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viernes, 12 julio, 2024
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Región de Antofagasta

Primera etapa de estudio de seguridad identifica prioridades de los barrios: mejorar iluminación y diseños públicos

La iniciativa se desarrolla gracias a un convenio entre el Gobierno Regional y la Universidad SEK. El estudio contempla mesas de participación ciudadana en Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones. La etapa de diagnóstico incluyó marchas en terreno con los vecinos y la elaboración de mapas comunitarios que detectaron los principales problemas. Pero también observan graves dificultades con el contrabando de cigarrillos, que sirve como puente para financiar otras actividades ilícitas y la extracción de huiro, donde hay vacíos que podrían ser utilizados para el lavado de dinero.

La iluminación, que permite a un barrio contar con vigilancia natural, el comercio irregular que se toma espacios públicos, la concentración de negocios dedicados al expendio de bebidas alcohólicas y una ramificación urbana que funciona como vías de escape. Estas son parte de los problemas que pudieron identificar, junto a la comunidad, los profesionales que desarrollan un estudio que permitirá al Gobierno Regional elaborar una Estrategia Regional de Seguridad. La idea es que los resultados permitan a las autoridades orientar las acciones en esta materia, contexto en el que se detectan otros factores complejos, como el tráfico de cigarrillos para financiar otras actividades ilícitas o ciertos vacíos legales en la extracción de huiro que podrían ser mal utilizados.

El proyecto Caminar Seguro, ejecutado por profesionales de la Universidad SEK y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad “Estrategias Innovadoras para la Seguridad Pública en la Región de Antofagasta” del Consejo Regional, finalizó la etapa de diagnóstico de un trabajo que se extenderá por 18 meses. Esta primera parte se construyó con un levantamiento participativo que contempló un diseño urbano seguro, marchas exploratorias de seguridad, además de la elaboración de mapas comunitarios y de síntesis.

Las actividades que iniciaron en abril se ejecutaron en Mejillones, Tocopilla, Calama y Antofagasta. Marco Tala es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica y es parte del equipo SEK que desarrolla el proyecto Caminar Seguro. Luego del trabajo de diagnóstico, el profesional sostuvo que detectaron cierta distancia entre el discurso de las autoridades y las preocupaciones de la gente.

“Quizás tiene que ver con la escala de cómo se enfrentan los problemas. Hay una escalas regionales donde los actores generalmente están viendo el gran panorama, mientras que la gente se enfoca más en los problemas y delitos que a afectan a su barrio en el día a día. Decir que están completamente desconectadas esas dos cosas sería falaz, porque una de ellas lleva a la otra y de estas pequeñas incivilidades, en la sumatoria de todos los barrios, vamos construyendo el panorama que están mirando los grandes actores, las seremis, la Delegación Presidencial”, precisó.

Esta diferencia de lectura se produce por la no denuncia, agregó. Esto, porque los grandes actores miran los números y muchas de las cosas que pasan no las conocen hasta que se juntan con la gente en terreno. “En parte, las marchas exploratorias buscaron profundizar en temas de participación ciudadana, pero también acotar la escala para entender la importancia de los problemas del día a día y cómo, a través de la sumatoria de esos problemas, podemos hacer el vínculo con el panorama que están mirando los grandes actores”, aseguró el arquitecto.

En el ejercicio de estas caminatas con la comunidad, entre los principales problemas que identificaron los vecinos estuvo la iluminación, que puede entenderse como la capacidad de un barrio de tener vigilancia natural. Una buena iluminación inmediatamente permite a la gente caminar de manera segura.

“Hicimos marchas en distintos sectores, en el comercial el principal problema nuevamente es la iluminación, pero también el comercio irregular que se toma las calles y el espacio público, asociado también a la concentración de clubes nocturnos y lugares de expendio de bebidas alcohólicas. En la Gran Vía o Villa Chuquicamata en Calama, que son barrios residenciales, los principales problemas de nuevo son la iluminación, el consumo de alcohol, pero un tema novedoso que apareció es que son barrios que se utilizan como vías de escape. Al tener una ramificación urbana que pasa desde la avenida a la calle, de la calle al callejón y después a la tranvía”, advirtió Tala. En el diagnóstico detectaron, por ejemplo, una avenida de 15 metros y llegaron a una travesía con tres metros de ancho. Aquello funciona como una oportunidad para despistar a las policías pasando a gran velocidad por estos barrios y en ese sentido, lo que pidió la gente fueron lomos de toro y control de acceso.

“Si bien todavía no se ha establecido una normativa de seguridad en diseño, sí hay algunas oficinas de arquitectura que han hecho buenas labores el sentido de considerar una muy buena iluminación, control de acceso y vigilancia natural en un proyecto, y en eso relevaría el caso de la restauración del Parque de Brasil. Tiene un estándar de seguridad que se ve reflejado en la elección de sus luminarias, a la escala del peatón, en una buena distribución de las circulaciones y de los accesos al parque. En sí misma, una remodelación es presencia institucional, entregar una buena calidad y terminaciones habla de la presencia del Estado”, destacó.

En el caso de Calama, lo que llamó la atención es el deterioro de la infraestructura urbana de la Villa Chuquicamata, zona residencial con muchas casas de baja altura. Ese deterioro, añadió, habla de una cierta ausencia del Estado y la calidad de las terminaciones es presencia territorial y en este caso que no había. Lo segundo es la posición que tienen la grillas con respecto a la gran toma de Calama, porque queda entre el centro y el casco histórico, por lo tanto, es un lugar de paso para gente que no tiene todavía una cierta formalidad y que por lo mismo no puede ser perseguida ni fiscalizada.

Primera escala para el crimen organizado

Gerardo González es general inspector de Carabineros en retiro con 37 años de experiencia y parte del equipo de la Universidad SEK en el proyecto. El oficial ( r ) explicó que tras la etapa de diagnóstico viene la formulación de la estrategia y sobre eso habrá una búsqueda paralela de las buenas prácticas, lo que permitirá, ejemplarizar y llevar a cabo alguna de ellas que realmente tengan algún resultado positivo.

“Después de investigar varias cosas y por declaraciones de actores importantes en el tema hemos determinado que el contrabando de cigarrillos es la primera escala para el narcotráfico o para que el crimen organizado desarrolle distintas acciones criminales. Esto, porque la penalidad es muy baja, no tiene un control efectivo y eso permite un amplio espectro lucrativo. Hoy el contrabando de cigarrillos solo lo están persiguiendo las tabacaleras, que se preocupan porque se le echa a perder el negocio, pero desde el ámbito criminal tiene un grado de incidencia muy fuerte”, advirtió.

Este delito deja al descubierto todas las vulnerabilidades en el proceso d fiscalización y control, revelando las debilidades institucionales.

La extracción de huiro es otro elemento de preocupación en seguridad pública, mencionó González. “Al analizar con profundidad te das cuenta de que es algo de mucho impacto. En nuestra costa, tenemos 600 km con más de 13 caletas que están trabajando en esta materia, sumando una población de extranjeros que tampoco es identificada, es caldo de cultivo para determinadas acciones delictuales, partiendo desde la riña hasta llegar a los homicidios. Por lo tanto, el mensaje que deja desde el ámbito criminológico es que es tierra de nadie, hay una ingobernabilidad”, dijo.

Al mirar esto desde el punto de vista criminológico, para el general en retiro son actos preparatorios para otras episodios que son de escalada. “Hecha la ley, hecha la trampa, porque existe un permiso que son las RPA que otorga Sernapesca con una fiscalización y un registro en línea. Por lo tanto, cualquier persona que esté acreditada en el rubro puede salir a la mar y pescar. Cuando vuelve, registra y da cuenta de lo que pescó y eso es el procedimiento. Pero lo que pasa es que la gente puede hacer registros dolosos, falsos, que le permitan lucrarse a través del blanqueo de dinero. Si declaro salir y pescar cierta cantidad de recursos, queda registrado que estoy comercializando, pero si es verdadero o es falso, da para cualquier cosa”, apuntó.

Durante esta primera etapa del estudio, González indicó que queda la percepción de que Antofagasta todavía tiene oportunidades, en el ámbito delictual, de tener algunos contrafuertes si dispone de una organización debidamente participativa y vislumbrando determinadas situaciones. El investigador sostuvo que el antofagastino, en general, no tiene esa percepción que existe Santiago, por ejemplo, de ese temor permanente, ya que cuentan con el conocimiento del delito, de la inseguridad, pero no les afecta directamente. “Pero sí afecta en los alrededores, en las caletas, el borde costero, los robos de camioneta, factores que elevan la percepción del delito en Antofagasta”, apuntó.

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