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domingo, 16 junio, 2024
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Acción fue presentada por el concejal Luis Aguilera (RN)

Querella por fraude al fisco contra alcalde de Antofagasta suma apoyos en el Concejo Municipal

Un grupo de concejales respaldó la acción judicial iniciada por Luis Aguilera (RN) y que tras declararse admisible será investigada por el Ministerio Público. El edil denunció que, en el marco de un contrato de aseo para la comuna, las condiciones que habían sido aprobadas por el Concejo Municipal fueron modificados sin que el documento fuera nuevamente presentado para su votación. “Las confianzas se han perdido completamente, porque no podemos confiar en el alcalde”, declaró Aguilera.

La querella por fraude al fisco presentada contra el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, sumó apoyo entre varios concejales de la comuna. Los consultados consideran correcta la acción judicial presentada por edil Luis Aguilera, quien denunció que un contrato para la recolección de residuos domiciliarios en la comuna que había sido aprobado por el Concejo Municipal, sufrió alteraciones que no fueron presentadas nuevamente a votación y que ofrecían condiciones menos ventajosas para la ciudad.

Este lunes el Tribunal de Garantía de Antofagasta declaró admisible la querella y ahora inicia el proceso de tramitación notificando tanto a la Fiscalía Local como al alcalde. En su escrito, el concejal solicitó diligencias para investigar los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y cualquier otro delito que aparezca con motivo de las pesquisas.

La concejala Karina Guzmán (FREVS) manifestó que le parece bien la actuación de Aguilera en el rol que cumplen como ediles y que esto se suma a una serie de denuncias que han presentado en Contraloría. “Obviamente conversaremos con el colega para poder hacernos parte y que de una vez por todas se termine con actos que pueden ser constitutivos de delito”, aseguró.

Norma Leiva, concejala PS, declaró que ayer estuvo en conocimiento de los hechos denunciados por Aguilera, los que son de carácter grave y por ello espera que los tribunales de justicia se pronuncien apuntando al principio de celeridad, lo antes posible.  “Esto se suma a una serie de situaciones que hemos denunciado en el Concejo Municipal y Contraloría las cuales se encuentran pendientes. Espero que, con esto, el concejo de manera conjunta ejerza su poder fiscalizador, ya que este es un contrato vía trato directo que viene de una seguidilla de contratos anteriores, todos aprobados por el concejo, los cuales a mi entender y según las indicaciones de la Dirección de Control, no tienen causa legal suficiente para aprobarse”, cuestionó Leiva. En ese contexto, recordó que los tratos directos son excepcionales y deben estar justificados precisamente para evitar eventuales actos de corrupción.

“Venía a renovar la política»

El concejal Ignacio Pozo (PR) dijo que hoy no habrá sesión del concejo en la que pedir explicaciones al alcalde y deberán esperar hasta el próximo miércoles. El edil explicó que la querella es por lo ocurrido con los servicios de la empresa Demarco, situación de la que ha sido tajante al rechazar, ya que considera presenta un vicio reiterado, porque no se firmaba el contrato y después cambiaron las cláusulas. “Es preocupante y doloroso para la comuna que nos veamos involucrados en estas cosas, especialmente por personas que son independientes y dicen que vienen a renovar la política y a eliminar las malas prácticas, a ‘sacar a las ratas’. Y hoy esa misma persona es denunciada por fraude al fisco”, emplazó.

Pozo afirmó que a Velásquez le sugirieron de varias formas que hiciera cambios en su equipo porque no lo está haciendo bien, sin embargo, dijo que el jefe comunal no escucha y piensa que todo lo que proponen lo toma desde un punto de vista de que los concejales son sus enemigos, aunque el concejal afirmó que es todo lo contrario.

“Está bien lo que está haciendo Luis, es adecuado, porque si hay algo dudoso él siempre lo lleva a Contraloría. Ahora vimos el contrato de barrido que ni siquiera ha sido firmado porque no hay unas cláusulas, entonces nuevamente tendremos un vicio administrativo. Lo doy por adelantado y lo dije en el concejo anterior, nos llevarán nuevamente un trato directo con la misma empresa. Advertí que calcularan los tiempos para que el alcalde defina el contrato, porque no vamos a prorrogar otro trato directo y menos con la misma empresa porque no pudieron desarrollar la tramitación como corresponde”, advirtió.

Sobre el detalle de la querella, Pozo mencionó que se trata de un decreto que aprobaron como Concejo Municipal y que posterior a esa aprobación se generó una orden de servicio y se pidieron modificaciones. “Lo que no corresponde, es falsificación de un instrumento público. Cuando nosotros aprobamos algo no puede cambiarse, porque así queda estipulado por el concejo y si quieren hacer una modificación podemos rechazarla, porque ya habíamos aprobado en unos términos que después fueron modificados sin que el Concejo Municipal tomara conocimiento de aquello”, subrayó.

Querella

La presentación señala el historial entre el municipio y la compañía a cargo de la recolección, con dificultades que se arrastran desde el servicio contratado en el 2017 estuviera por expirar en el 2022 y sin licitación en curso.

Luego de varias gestiones, en noviembre de 2022, se llevó nuevamente para aprobación del Concejo Municipal un contrato modificado, el que fuera aprobado en la sesión del 16 de noviembre, donde el cuerpo colegiado, mediante acuerdo aprobó suscribir el Contrato de Concesión del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios, Asimilables y Urbanos de la Ciudad de Antofagasta, vía trato directo, entre la municipalidad y la empresa DEMARCO S.A.

El contrato comenzaba a regir a contar del 30 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 por un monto total de $ 550.990.000. La querella hace presente que en este nuevo contrato, aprobado por el Concejo Municipal, en el punto octavo “Programa de trabajo para la operación del servicio, subtítulo de vehículos, equipos, herramientas y otros, en el cuadro respectivo referente a los contenedores de 900 a 1200 litros de capacidad para el borde costero y otros puntos de uso público, mantenía la cantidad 200 de contenedores como señalaba el contrato aprobado el 15 de julio de 2022. 8.

Sin embargo, a pesar de la aprobación del Concejo Municipal del contrato, la empresa nuevamente se negó a firmarlo, porque no se ajustaba a sus requerimientos. “Es en este momento, donde se comienzan a generar una serie de actos constitutivos de los delitos. En efecto, con fecha 7 de diciembre de 2022, el alcalde de la comuna dicta la Orden de Servicio dirigida a Jurídica, la cual señala: ‘Se instruye a la Dirección Jurídica a realizar las adecuaciones y actos administrativos que sean necesarios para adecuar el contrato, términos administrativos y términos técnicos, a la oferta técnica presentada por la empresa Demarco S.A., respecto del servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios y Asimilables, estableciendo que las multas se podrán cursar, una vez dictado el D.A., que apruebe el contrato’”, dice el escrito.

Frente a dicha instrucción ordenada por el alcalde de la comuna, la Dirección de Asesoría Jurídica, procede a adecuar el contrato autorizado por el Concejo Municipal, modificando el documento en el punto octavo, donde en el cuadro respectivo referente a los contenedores de 900 a 1200 litros de capacidad para el borde costero y otros puntos de uso público, disminuyendo la cantidad mínima de 200 contenedores para el borde costero y otros lugares de uso público a la cantidad de 100 contenedores para los mismos lugares y usos.

“La situación planteada es grave, puesto que una vez materializada esta modificación instruida por la orden de servicio señalada en el punto 8 de la presente querella, y sin que mediara una nueva vista de los antecedentes y aprobación respectiva por parte del Concejo Municipal, respecto de la modificación instruida por el Alcalde (acto que es obligatorio), el contrato fue firmado por una parte por el querellado Jonathan Velásquez Ramírez, en representación del municipio y, por el representante legal de la empresa DEMARCO S.A. materializándose así un ilícito, que sólo tuvo por objeto favorecer a la empresa disminuyendo sus exigencias u obligaciones respecto a los contratos anteriores, por el mismo precio pactado, generando un detrimento al patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta”, aseguró Aguilera en su querella.

Finalmente, el 26 de enero de este año se dictó el Decreto Alcaldicio donde consta la regularización de la autorización a la Dirección de Secretaría Comunal de Planificación a reemplazar el procedimiento de propuesta pública por la modalidad de trato directo para la contratación de la de aprobación del Trato directo para la “Concesión del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios, Asimilables y Urbanos de la Ciudad de Antofagasta”, documento que fue firmado por el querellado en su calidad de alcalde de la comuna y que se encuentra incorporado como parte integrante de dicho documento el contrato adulterado, firmado por las partes.

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