El 90% son hombres, los reclusos de origen extranjero ya alcanzan el 32%, una de las cifras más altas del país y el 42% declara no tener un oficio calificado al momento de ingresar a la cárcel. Estos son los detalles que muestra la caracterización de la población penal privada de libertad en la región, cifras elaboradas por Gendarmería y que a nivel país, muestran la compleja situación que enfrenta el sistema con el sostenido incremento de internos en los penales.

El estrés de los recintos carcelarios ha sido advertido por los gremios de Gendarmería, los que no solo apuntan a los recintos que ya cumplieron un ciclo, como la cárcel de Calama ubicada en pleno centro de la ciudad, también señalan el aumento de reclusos y en particular de los extranjeros, cuyos módulos operan excediendo su capacidad de origen.

Los datos de la caracterización de población penal en Antofagasta, al 31 de julio de este año, dan cuenta de un total de 2.791 internos en la región, aunque estos números tienen variaciones diarias con ingresos y salidas decretadas por los tribunales. En enero del 2019 había 2.589 encarcelados y desde entonces el número más bajo se registró el 31 de enero del 2022, cuando hubo 2.220 presos.

En la región, solo el 9,5% de quienes están privados de libertad son mujeres y en términos globales, por calidad procesal, el 62,8% corresponde a condenados y el 37,2% a imputados.

Por tramo etario, el que registra más presencia es el segmento de 25 a 29 años, con 568 personas; seguido del rango que va de 30 a 34 años, con 531; de 35 a 39 hay 471 internos; de los 20 a los 24 años aparecen 415 y entre los 40 y 44 años, se registran 317 reclusos. Solo hay un reo en el tramo de 80 a 84 años.

Por procedencia declarada, los extranjeros ya representan el 32,1% del total de la población penal en Antofagasta, frente al 67,9% de nacionales. En este apartado, la región ocupa el tercer lugar nacional y la zona norte es la con mayor incidencia, ya que la cifra más alta está en Tarapacá, con un 51%, seguido de Arica y Parinacota con un 33%. Localmente, las nacionalidades con más personas privadas de libertad son la boliviana (390), colombiana (301), venezolana (127) y más atrás la peruana, con 44. En la región, 145 personas se declararon de etnia Quechua, 46 Aimaras, 20 atacameños, tres mapuches, mientras que Colla y Diaguita tienen un interno.

En cuanto a la orientación sexual, 2.731 internos se declaran heterosexuales, 39 homosexuales y 20 bisexuales. La religión que profesan en su mayoría es católica (1.446), luego la evangélica (641) y 524 personas no declararon ninguna creencia religiosa. En estado civil, 2.287 permanecen solteros, 324 casados, 94 figuran como divorciados o separados, 59 están como convivientes y 25 perdieron a su cónyuge.

Por nivel de instrucción, al momento de ingresar a la cárcel el 42% declara no tener un oficio calificado, un 43% sí lo posee, mientras que un 10% no cuenta con oficio ni actividad y un 3% son técnicos o profesionales. De los 2.791 internos, 1.088 tienen la enseñanza media completa y 655 la básica incompleta. El 82% de los condenados no registró una capacitación laboral certificada durante los últimos tres años, solo un 15% tuvo un curso y un 1% recibió dos capacitaciones.

En julio, el ministro de Justicia Luis Cordero expuso en la Cámara el plan nacional de infraestructura para la Política Penitenciaria, señalando que los cinco ejes son el respeto a los Derechos Humanos, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, combate al crimen organizado, posibilidades de estudio y trabajo junto a reinserción social.

El ministro puntualizó que las proyecciones de Gendarmería precisan que en el año 2033 la población penal superará las 64 mil personas, actualmente hay un poco más de 51 mil y en los últimos meses la cifra creció un 20%, situación que excedió lo esperado.

La sobrepoblación es uno de los aspectos que más preocupa por todas las consecuencias negativas que genera y por ello, en Antofagasta la cárcel de Calama es requerida con urgencia por los gremios de Gendarmería, los que manifestaron el impacto del aumento de la población extranjera y recordando que incluso, hubo un intento de ataque a las dependencias para liberar internos. Tras la publicación de dos licitaciones que fracasaron, Obras Públicas adjudicó la etapa de diseño para la construcción del nuevo complejo penitenciario. Se trata de un proyecto superior a los mil millones de pesos financiado con fondos sectoriales y que tendrá 750 días para su ejecución. El recinto contará con una superficie construida de 40 mil metros cuadrados y más de 12 mil metros cuadrados de patios con lo necesario para reinserción social. Sin embargo, se trata de una solución a largo plazo, esto, porque si el proceso no acumula más complicaciones, la construcción recién podría partir a fines del 2026.

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