Este recurso presentado en la Corte de Apelaciones paraliza el traslado de pobladores desde campamentos de zonas de alto riesgo hacia el Barrio transitorio ubicado en el sector norte de la Chimba. Esto, debido a que se cuestiona la legalidad del procedimiento que impulsa la Gobernación Provincial de Antofagasta ante la ocupaciones ilegales que se encuentran bajo torres eléctricas de alta tensión, zonas aluvionales y matrices de agua potable. Según la información de El Mercurio, en total, el plan gubernamental busca trasladar a 110 familias, para que luego opten a viviendas sociales definitivas.
La acción judicial representa a más de 80 pobladores de los campamentos de Unión y Esperanza, Américas Unidas y Ecuachilep, de los cuales casi la totalidad corresponden a migrantes. El abogado Ignacio Barrientos, de la Corporación Migr-Acción, afirma que el recurso de protección cuestiona la legalidad del desalojo administrativo, que dictó la gobernación el pasado 11 de enero del 2016 y que se hizo efectivo con la entregada de una carta en cada domicilio recién el 12 de enero de 2018.
«Cuestionamos la legalidad de la notificación de desalojo. Nosotros entendemos que la gobernación carece de facultades para disponer el desalojo administrativo, y si se busca la restitución de estos terrenos fiscales, debería accionar en los tribunales civiles», comenta el abogado Ignacio Barrientos al diario.
El seremi de Gobierno Víctor Flores planteó que la erradicación de los pobladores solo busca evitar la exposición al peligro en los sectores que habitan. Sin embargo, comentó que el recurso de protección es una materia que se evalúa para seguir con el operativo.
En tanto, en la cima del cerro El Ancla, aparecieron sectores marcados por cal y mallas, por lo que las autoridades están preocupadas por una eventual ocupación del sector.
Foto: La Tercera
