Esta es mi última columna como Consejero Constitucional. Y, lo primero, es agradecer a los partidos políticos- Revolución Democrática, Partido Socialista, Convergencia Social- que apoyaron mi postulación como independiente y me dejaron libertad de acción, en cuanto a mis actividades y argumentaciones en el seno del Consejo. Y, por cierto, los miles de ciudadanos/as, de distintos espectros ideológicos y sociales, que confiaron en mi propuesta, especialmente, los miles de alumnos/as que he tenido el honor de impartir lecciones por más de treinta años.

Durante los cinco meses que duró el funcionamiento del Consejo Constitucional, Ud. lector/a, pudo ir leyendo los diversos temas que se ventilaban y mi postura ante ellos. Del mismo modo, que me despedí de los miembros de la Comisión 2 del Consejo, y de los integrantes que no eran parte de la bancada progresista, me refiero a Chile Vamos y algunos de Republicanos, con los cuales se tuvo un ambiente de respeto y afabilidad, no fue inconveniente alguno para el suscrito para expresar mi disconformidad con el texto final. Naturalmente, habrá que distinguir los temas sustantivos de aquellos contenidos importantes, pero no tan significativos para el interés y la vida cotidiana de millones de compatriotas. En estos últimos, las propuestas de las bancadas de derecha- una vez, desechadas las presentadas por nuestra bancada- que apuntaban a las mismas materias, fueron apoyadas por nosotros, como ser los asuntos de los órganos autónomos del estado, Banco central, Contraloría General de la República, y otras incorporadas por Republicanos y apoyadas por Chile Vamos, como la Defensoría Penal de las Víctimas, finalmente, contaron con nuestros votos en la sesión plena.

Los contratiempos se dieron en los contenidos medulares. Tampoco se aspiraba a que se recogiera todo lo que planteábamos, imposible, éramos minoría, pero un poco de sentido común y de cierto consenso democrático, hubiera mejorado el texto, desde nuestra perspectiva, de modo aceptable en la medida de lo posible. Al menos, esa era mi postura.

Una impresión general del texto, muestra, sin duda, su apego a los 12 bordes establecidos en el Congreso. De igual forma, el Anteproyecto siguió a la letra el desarrollo de los 12 bordes, manteniendo de modo ecuánime y, diríamos, equidistante, las opciones de la subsidiariedad y de la acción del estado. Acá estaba el meollo del asunto, como escribimos en nuestras columnas. Dejar que las próximas legislaturas- el nuevo Congreso que debería comenzar a instalarse desde el próximo año- pudiese ir acometiendo, según fuesen las sensibilidades ideológicas, de consuno con el poder ejecutivo, los avances en cuanto al Estado social y democrático de derecho y lo concerniente a los derechos sociales. Es decir, como dar respuesta a las inquietudes legítimas- ahora soterradas del estallido social (no la violencia anárquica y destructiva de bienes públicos y patrimoniales)- respecto a salud, previsión, educación, vivienda- para establecer una matriz de acuerdo básico. Empero, se rompió lo que se dibujaba en el Anteproyecto, que no era optar por una sola opción (o lo estatal o lo privado), inclinándose la mayoría aplastante de las bancadas de derechas, por la resolución de dejar nominal al Estado en lo hechos, e inclinarse por la opción privada. Todos sabemos que la “cancha no está pareja”, sea para las posibilidades reales de la población por optar por mejor salud, educación, derivado por su capacidad económica y el gasto proporcional de sus ingresos (la alimentación consume cerca de un 40% familiar); pero, asimismo, tampoco la cancha está pareja, cuando se compara los servicios públicos con los servicios privados, en salud, educación. El tema de las Isapres, no da una solución al tema de la salud. Y se deja como única opción en los hechos, aun cuando cambiaran de nombre.

El Estado social y democrático de derecho, queda en pie nominalmente, pues lo que le otorga significado, es que debería encauzar el mejoramiento de la calidad de vida a través de la justicia social, como se aprecia en Europa. Pero, para esto, se requiere la acción de un Estado. No el que tenemos que ha mostrado sus falencias en la poca fiscalización de los fondos públicos, en su andar burocrático que entorpece las inversiones. Necesitamos un Estado moderno y eficiente, que es la promesa de la modernización del estado que llevamos años aguardando. Pero, es el Estado el que ampara el bien común, el bienestar general ante los intereses particulares. Y en nuestro país, estos últimos han dado muestras de su poderío e influencia. La eventualidad de una Constitución habilitante, que se deslizaba en el Anteproyecto, donde cada fuerza ideológica, sea de derecha o de izquierda, podía avanzar en el desarrollo de los derechos sociales, desde su perspectiva, quedó descabezada. La idea era edificar algo mixto, más acorde con lo que ha sido el desarrollo institucional del país, pero poniendo énfasis en la acción del estado, para la accesibilidad de la gran mayoría de la población.

Tampoco tenemos una respuesta de futuro en cuanto a los graves problemas que nos aquejan. Por un lado, el cambio climático, que nos exige adecuarnos a otra manera de vivir en el planeta, donde el agua tenemos no solo conservarla y hacerla llegar a toda la población, sino buscar nueva accesibilidad para cubrir la necesidad vital de este elemento. La ciencia y la tecnología serán nuestros aliados en tal sentido.  Empero, no hubo reconocimiento en concordancia que el agua es un derecho de la humanidad, como lo ha declarado la Naciones Unidas. Por otra parte, tenemos que dejar abierta las posibilidades de reformas constitucionales viables, para las generaciones venideras. Ellas deberán dar diagnóstico y respuestas a lo que será nuestro país y el planeta en 20 o 30 años más. Pero, con un quorum de 3/5 que equivale a un 60% de los representantes populares en el Congreso, con un fraccionamiento político casi demencial, con más de 21 partidos políticos, será muy difícil aunar una visión y estrategia común para procurar alguna reforma plausible. Mientras tanto se clausura, se pone cerrojo a esta visión unilateral que posee el proyecto constitucional a plebiscitar.

Obviamente, que hay temas- que bien pudieron ir en materia legislativa- que son muy sensibles para la ciudadanía. Seguridad ciudadana, inmigración irregular, delincuencia y narcotraficantes, que la Constitución contiene. Materias que requieren una atención urgente, pero, dada la reacción del estado y la unidad de criterios de las fuerzas políticas, es muy posible que en dos o tres años más, tengamos solucionado en lo grueso tales temas. Lo preocupante son los tópicos, los asuntos, que acompañan al ciclo de la vida, pues en éstos nos jugamos la calidad de vida, el sentido de formar un capital social sano, abrir las posibilidades a los proyectos personales y de pareja postergados: era necesario avanzar más en lo concerniente a la salud, educación, vivienda y sistema previsional, y aquí el proyecto constitucional, a mi entender, deja vacíos importantes.

En un par de sucesivas columnas, ahora como ex Consejero Constitucional, ahondaremos en los temas que, como país, aguardamos que hubiesen podido solidificar una mirada en común de futuro, pero no lo fue.

Con ocasión de la Convención Constituyente, escribimos un extenso artículo en El Mercurio, el día 20 de agosto de 2021, trayendo a colación la teoría del académico australiano Bill Ashcroft, quien planteó el modelo de baranda/balcón, para distinguir entre lo “adentro”, el hogar, la intimidad y lo de “afuera”, la calle, el mundo. Con menos estridencias, habrá que reconocer, que la experiencia pasada, hoy, nos encontramos con una disyuntiva más o menos parecida. Gravitará lo inmediato, que nos atormenta, la inseguridad, la inmigración irregular, la violencia, o lo que nos angustia, casi de modo atemporal, pues son varios lustros que buscamos una solución para la salud, la educación, la previsión y la vivienda, de carácter técnico, justa y duradera.

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