Tras el dictamen de Contraloría que declaró ilegal la solicitud de información a la PDI por parte de la exministra Trinidad Steinert, el senador Esteban Velásquez (FRVS) descartó respaldar una acusación constitucional contra la exsecretaria de Estado. El legislador calificó la espiral de acusaciones que arrastra el país como medidas «irresponsables», sobre todo en medio de la propuesta del Ejecutivo para una reforma tributaria. Al mismo tiempo, Velásquez instó al presidente José Antonio Kast a adoptar una «mirada de estadista» y a reintegrar a la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, quien fue llamada a retiro en el contexto de las peticiones de información de Steinert.
Una vez rechazada la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau apareció el informe de Contraloría que determinó el actuar ilegal de Steinert en el Ministerio de Seguridad. Lo resuelto por el organismo de control ahora es analizado por la oposición que no descarta una acusación considerando la gravedad de lo constatado en la investigación.
La exfiscal regional, dos días después de asumir en el gobierno, solicitó datos a la Policía de Investigaciones a través de un oficio reservado, excediendo el ámbito de sus atribuciones y sin resguardar el deber de abstención, resolvió la Contraloría. Esto, ya que como persecutora tenía una relación previa con detectives de los que solicitó información. Además, en medio de estas gestiones ocurrió el llamado a retiro de la en ese momento subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.
- ¿Qué conclusiones deja el informe de Contraloría?
Nos damos cuenta de la responsabilidad del gobierno del presidente Kast, de no tener a las personas idóneas para un tema que fue centro de su campaña, la seguridad del país. Habló, intentó dar algunas lecciones durante la campaña y criticó el plan de seguridad del gobierno anterior, pero una vez instalado en la administración, a las 48 horas la exministra de Steinert pidió información a la PDI. Hubo un pronunciamiento contundente de la Contraloría que encontró una actuación ilegal por parte de la ministra, sobrepasando sus competencias, solicitando información respecto a personas determinadas de la PDI. Desarma una unidad estratégica que tenía la Policía de Investigaciones, es decir, invade competencias que no le correspondían y la Contraloría hizo una crítica muy fuerte en ese sentido.
Esto provoca bastante sazón y molestia, porque el gobierno no ha dado ninguna explicación, más allá que el ministro del Interior dijo que todos los ministros pueden equivocarse en algún momento. Pero acá hay una responsabilidad del presidente de la República porque finalmente no nombró a quienes correspondía y pareciera que con otras motivaciones ingresó la exministra de Seguridad.
- La intervención de la exsecretaria de Estado tuvo consecuencias, la salida de Consuelo Peña. ¿Cree que debería reconsiderarse la situación de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI?
Es el llamado que estamos haciendo, porque después del pronunciamiento de la Contraloría quedan muchas dudas. Uno se pregunta qué presión colocó en su instante la ministra Steinert a la Policía de Investigaciones y, particularmente, el director Cerna. Qué otras presiones hubo y que no tienen que ver con lo indicado Contraloría. Surgen las dudas sobre si efectivamente el director es el que finalmente tomó la decisión de pedir el retiro de Consuelo Peña o si hubo presiones indebidas y asumió responsabilidades, sin tenerlas, el director de la PDI. Por eso hacemos un llamado al gobierno del presidente Kast para que tenga una mirada de estadista y evalúe el llamado a integrar a las filas de Investigaciones a Consuelo Peña.
Chile no puede darse el lujo de perder “por secretaría” una mujer calificada, con un desempeño y una preparación para combatir el crimen organizado. Nadie que tenga conocimiento de seguridad, como es el caso de Consuelo Peña, sobra. Así como se han reintegrado funcionarios a las filas de Carabineros tras probarse su inocencia, ahora hacemos este llamado.
- El informe Contraloría abre otras posibilidades. ¿Debería la oposición analizar una posible acusación constitucional contra Steinert?
Más allá de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados de acusaciones constitucionales y comisiones de investigación, hoy no soy partidario de ninguna acusación constitucional. Y que tampoco sirva esto de motivo de distracción para algunas reformas económicas, tributarias que pueden prácticamente perjudicar al país y llevarlo a consecuencias insospechadas que dañen a cada ciudadano. Ya está bueno de acusaciones constitucionales irresponsables como la que hizo en su momento el Partido Republicano y Libertario. Francamente, provocan pérdida de tiempo en este tipo de temas que no son trascendentes. No soy partidario de acusaciones constitucionales, espero que no las presente ningún equipo de diputados en la Cámara.
- ¿Tendría que reformarse el sistema para elevar el estándar de una acusación?
Sí, eso me parece mucho más racional, espero que fructifique lo que algunos han planteado para elevar las condiciones. Que sea un número mayor, no solo diez diputados y tal vez superar ciertas etapas como una comisión investigadora e interpelaciones de por medio y, si eso no satisface, bienvenida la acusación. Pero con otros estándares y sobre todo con una actitud responsable, porque, lamentablemente, algunos parlamentarios solo buscan populismo político.
- ¿Cómo percibe la ciudadanía este espiral de acusaciones constitucionales durante los últimos años, con algunas de ellas sin ningún tipo de resultado?
La ciudadanía en algunos casos no entiende qué está pasando y, al contrario, lo que exige es atender sus problemas. Hay mucho sector político que no tiene sintonía, no tiene terreno, viven la política desde la teoría, desde sus oficinas. El impacto que produjo el elevadísimo costo de la bencina ha traído un daño increíble a las economías familiares. El alza de la UF lleva a que miles de familias no estén en buenas condiciones a fin de mes y, además, el gobierno ha colocado suma urgencia a una reforma que beneficiará a las grandes fortunas. Otro tipo de política menor, como la escalada de acusaciones constitucionales de lado y lado en el último tiempo lo que hacen más bien es ofender a la ciudadanía, por no hacer la política responsable que espera la comunidad.
