Fortalecer el trabajo de Carabineros no significa debilitar los Derechos Humanos, manifestó la senadora Paulina Núñez (RN), quien apuntó que los derechos que hoy están siendo vulnerados son los de las víctimas de la delincuencia. En la Comisión de Seguridad del Senado está en plena discusión el llamado proyecto de Ley Naín-Retamal, normativa con la que se pretende entregar una mayor protección a la labor policial contemplando elementos como el uso de armas, la legítima defensa privilegiada y mayores sanciones por agredir a los funcionarios.

La semana pasada, la Cámara Alta aprobó la idea de legislar sobre este proyecto, acuerdo en el que la senadora dijo que es “acá donde vemos que lamentablemente todavía hay sesgos políticos, ideologías que no permiten ver más allá de una idea de cómo actuar. Creo profundamente que las personas pueden cambiar de opinión y reflexionar su actuar pasado, pero eso no puede quedar en el fuero interno, tiene que reflejarse en las decisiones que se tomen y, el caso del presidente, que lidera un sector político, en ordenar a sus parlamentarios”.

Núñez apuntó a las ideologías del oficialismo como el principal factor que impide consensos para el nuevo cuerpo legal. Además, cuestionó las palabras de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, asegurando que el gatillo fácil está en los homicidios y que la única manera de hacer frente a esto es dar herramientas a las policías. “Como dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, si es necesario que un policía ocupe su arma, tiene que hacerlo”, enfatizó la senadora.

• ¿Qué debería esperar el país en la tramitación de esta ley y su resultado?

Lo primero que la ciudadanía debe esperar de sus parlamentarios es que se apruebe y se abran a lograr un acuerdo, lo más fácil, es negarse y que opere la ideología. Lo difícil es abrirse a la discusión, lograr acuerdos y dejar una ley que nos permita fortalecer el trabajo de la policía y obviamente si es necesario disparar para resguardar el orden público, que lo hagan y se sientan respaldados en esa labor. ­

A esta altura y después de todo lo que ha pasado, me parece impresentable que tengamos parlamentarios que no quieran avanzar en esta ley. Podrán opinar sobre modificarla, dejarla fortalecida o debilitada, pero lo que no puede ocurrir es que no se entienda que para resguardar la seguridad ciudadana se requiere de una policía con mayores atribuciones y evidentemente eso hoy no lo tenemos.

• Hay críticas que consideran que la propuesta es “manga ancha” para las policías.  

En las últimas intervenciones del gobierno vemos que al final del día no han dejado la ideología, la reflexión que el presidente manifestó hace unos días no se traduce en los dichos de su vocera (Camila Vallejo) ni el actuar de sus parlamentarios en el Congreso. Cuando la ministra habla del gatillo fácil se olvida de que hoy ese gatillo fácil está en los delincuentes. Lo que no puede pasar es que después de toda esta discusión y de lo que hemos visto, se crea que estamos dejando una ley para poner en riesgo a la ciudadanía, como dijo la vocera, y no una ley que busca proteger a la comunidad. Ella olvida que el gatillo fácil está en los delincuentes, en los homicidios y que la única manera de hacer frente a esto es dar herramientas a las policías. Como dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, si es necesario que un policía ocupe su arma, tiene que hacerlo, porque es irrisorio tener a policías sin utilizar su armamento o que sean investigados cada vez que lo ocupan. Ahí entramos a la legítima defensa privilegiada, que la carga de la prueba quede en quien fue alcanzado por la policía, pero no en el funcionario, porque de lo contrario difícilmente podremos avanzar en fortalecer la tarea de quienes tienen la exclusividad del resguardo del orden público.

• ¿La ley tiene algún corazón que de modificarse de manera sustancial afectaría su espíritu?

Es importante entregar a las policías, con mucha claridad y en virtud de las reglas del uso de la fuerza, la posibilidad de que usen su arma si es necesario. Hoy eso no está establecido, porque tenemos una policía que se siente desprotegida, que termina con la carga de la prueba en ella cuando utilizan su arma. Y en esto quiero ser rigurosa porque obviamente que, si la policía va más allá de las atribuciones que se les entrega, será lógico que iniciarán procedimientos para sancionar como corresponde, por algo existen las reglas del uso de la fuerza. De no permitir que utilicen sus armas de fuego tendremos a quien resguarda el orden público de manera desproporcionada frente al delincuente que sí aprieta el gatillo fácilmente y termina en la impunidad total. A modo de ejemplo, aquellos sicarios que se van caminando luego de cometer un delito porque están armados y nadie se atreve a enfrentarlos (homicidio en pleno centro de Antofagasta el 26 de marzo). Eso es clave en este proyecto, como también la sanción frente a quien atenta contra la vida de un carabinero. No olvidemos que así surgen estas leyes, a propósito de dos funcionarios que murieron cumpliendo sus labores, porque si la muerte de un carabinero tiene una sanción débil, no se está enviando una señal clara respecto de restablecer el orden público.

Otra importancia de la ley, para mí, es la sanción que se establezca de cadena perpetua calificada para quien atente contra la vida de un carabinero, es relevante porque no solo hace justifica respecto de la vida que se terminó, sino que también restablece el orden público porque se atentó contra quien debe mantenerlo. Con esto lo que se hará es decir a toda la ciudadanía que quien atenta contra quien detenta la exclusividad del uso de la fuerza para resguardar el orden público, recibirá la máxima sanción del ordenamiento jurídico.

• ¿Por qué fue complejo aprobar la idea de legislar en el Senado?

Acá es donde vemos que lamentablemente todavía hay sesgos políticos, ideologías que no permiten ver más allá de una idea de cómo actuar. Creo profundamente que las personas pueden cambiar de opinión y reflexionar su actuar pasado, pero eso no puede quedar en el fuero interno, tiene que reflejarse en las decisiones que se tomen y, en el caso del presidente, que lidera un sector político, en ordenar a sus parlamentarios. No tengo ninguna duda de que fortalecer la labor de Carabineros no significa debilitar los Derechos Humanos, porque hoy los derechos que están siendo vulnerados son precisamente los de aquellas personas que cumplen con las normas, salen a trabajar y quieren transitar sin temor a ser víctimas de la delincuencia. Este es el equilibrio que no alcanzamos cuando quien detenta con exclusividad el uso no está con las atribuciones necesarias para lograr ese objetivo.

• ¿Cómo ve la disposición del gobierno para avanzar en este tema?

El gobierno se ha equivocado profundamente en esto, lo he visto con poca disposición, con una disputa interna que no le sirve al país ni al objetivo que todos buscamos, tener un país más seguro. Los dichos de los ministros, principalmente de la vocera, lo único que hacen es exacerbar más los ánimos. Hoy tenemos a las viudas y las familias de los mártires pidiendo al gobierno y los parlamentarios que aprobemos esta ley y lógicamente nosotros no aprobaremos algo que termine siendo perjudicial para la ciudadanía desde el punto de vista del resguardo de los Derechos Humanos. Estamos buscando aprobar algo que dé más resguardo a la comunidad fortaleciendo el trabajo de quienes cuidan de ella y lógicamente también con reglas claras sobre el uso de la fuerza, porque si alguien pasa más allá de las atribuciones legales, tendrá que someterse a un procedimiento sancionatorio como corresponde. En esto no veo ninguna duda ni creo que alguien desee que la policía el día de mañana pueda hacer y deshacer, pero hoy, estamos en el otro extremo, no tienen armas, piensan dos veces antes de usarla y cuando lo hacen tienen que explicar en la justicia por qué lo hicieron. Si seguimos con esas señales erradas no vamos a recuperar la seguridad pública.

• ¿Qué le parece la forma en que el oficialismo, en general, enfrenta esta discusión?

El oficialismo se está mostrando en cuerpo y alma, no le gusta el fortalecimiento de las policías ni que se incorporen a las Fuerzas Armadas, pero cuando tienen que pedir que resguarden la frontera, sí se acuerdan de ellas. Lamentablemente, a un año de asumir el gobierno, todavía veo una falta de conciencia de los cargos que se detentan. No es lo mismo ser un diputado representante de un territorio o un partido político que ser un ministro de Estado o el presidente de la República. Este es un tema que evidentemente les incomoda, sin embargo, no han sido capaces de poner al país por delante y ordenar a su gente con tal de que volvamos a retomar la agenda en materia de seguridad con propuestas concretas y no solo con bonitos discursos. Si para ellos avanzar en esto significa una vulneración a los Derechos Humanos, hay un sesgo, porque de lo que no se dan cuenta es de que los derechos que hoy son vulnerados son los de las personas que salen a trabajar y son víctimas de delitos. El oficialismo no está consciente del peso que recae sobre ellos y están disponibles a seguir atrincherando al país en lugar de lograr acuerdos, lo que es más difícil, pero nos permitirá avanzar.

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