Por el delito consumado de tráfico de migrantes de carácter reiterado fue condenado un hombre de iniciales S.E.R.O de nacionalidad boliviana, delitos perpetrados entre el 23 y 25 de junio del 2021 en la comuna de Tocopilla. con una pena de 800 días de reclusión menor en su grado medio además de la expulsión del territorio nacional con un plazo de 60 días para su ejecución correspondiente.
Desde la Fiscalía de Tocopilla indicaron que el acusado «daba instrucciones a los migrantes acerca de lo que tenían que decir y hacer si los sorprendían las autoridades chilenas, todo esto con la finalidad que ellos trabajaran en Copiapó, específicamente, en la cosecha de uvas. Por este traslado el imputado les cobraba 790 pesos bolivianos a los migrantes”.
Detención
Una vez captados los migrantes ya en territorio chileno, los miembros de la organización instruían a los extranjeros para llegar principalmente a Iquique, desde donde buscarían transporte hacia Copiapó. Sin embargo, fueron fiscalizados en el trayecto hacia Tocopilla por parte de la BICRIM.
El 24 de junio del 2021, alrededor de las 04:00 horas «las víctimas, los ciudadanos bolivianos (6 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad), salieron desde Pisiga (Bolivia) hacia Chile, motivados por la oferta de trabajo que le habían hecho el condenado y otro ciudadano chileno, quienes le habían ofrecido campamento y alimentación gratuita y un sueldo de 250 a 600 pesos bolivianos (entre $28.000 y $68.000 pesos chilenos aproximadamente), para desempeñarse como cosechadores de uva. Para ingresar lo hicieron según instrucciones del acusado, quien además les cobró 790 pesos bolivianos (aproximadamente $90.000 pesos chilenos)» señalaron.
Investigación
La investigación del caso, dirigida por el Fiscal Subrogante de Tocopilla, Pablo Araos Cerda, con colaboración de la Brianco de la PDI pudo acreditar que el acusado concertado con un chileno, captaban a trabajadores en Bolivia y luego los trasladaban a Chile eludiendo el control Fronterizo, vía sector Colchane. Cabe señalar además que el acusado tiene una pena adicional de prohibición de reingreso al país por un periodo de 10 años.
El sentenciado fue condenado también a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para postular a cargos y oficios públicos y ejercer derechos políticos y suspensión de cargos y oficios públicos, mientras transcurra la condena.
