Un importante triunfo judicial obtuvo la Comunidad Atacameña de Peine luego que el Primer Juzgado de Letras de Calama desestimara el millonario cobro que dos abogados pretendían obtener tras representar a la organización en el juicio por daño ambiental contra Minera Escondida, Albemarle y Minera Zaldívar.
La demanda, presentada por los abogados Marcel Didier y Ronald Sanhueza, buscaba que la comunidad pagara más de US$4,1 millones en honorarios variables asociados al acuerdo conciliatorio alcanzado en el Primer Tribunal Ambiental, además de 120 UF pendientes por servicios profesionales.
Sin embargo, la sentencia concluyó que el único monto actualmente exigible corresponde a las 120 UF pactadas a todo evento, deuda que incluso había sido reconocida por la propia Comunidad Atacameña de Peine durante el juicio. Por ello, el tribunal ordenó su pago junto con los intereses correspondientes una vez que el fallo quede firme.
Respecto de los más de US$4 millones reclamados, el tribunal recordó que el acuerdo de honorarios establecía expresamente que dichos pagos variables sólo procederían en caso de existir fondos o transferencias de libre disposición para la comunidad. La sentencia señala que esa condición era parte esencial del pacto suscrito entre las partes y debía ser analizada antes de cualquier cobro.
Los abogados sostenían que el acuerdo ambiental les daba derecho a percibir un 5% sobre la oferta inicial de compensación y un 15% sobre los incrementos obtenidos durante la negociación, cálculo que elevó su reclamación a US$4.149.602,25.
No obstante, el fallo no acogió esa pretensión en los términos planteados por los demandantes, transformando la sentencia en un importante alivio para la comunidad indígena, que durante el juicio sostuvo que el cobro era desproporcionado frente a los recursos efectivamente recibidos tras la conciliación ambiental.
La controversia se originó luego del histórico acuerdo alcanzado en 2024 para poner término a las demandas por daño ambiental en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, pacto que comprometió medidas valorizadas en más de US$90 millones y que contempló beneficios directos para la Comunidad Atacameña de Peine.
