La Sala del Senado aprobó ayer por casi unanimidad el proyecto de royaly minero presentado en 2018 por el senador calameño Esteban Velásquez (Regionalista), el cual pasará ahora a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Recordemos que se trata de un proyecto que busca alcanzar una mayor distribución de recursos hacia las regiones mediante el aumento de impuestos a empresas dedicadas a la gran minería. Esto, según el ministro de Hacienda Mario Marcel, «generará alrededor de 1.500 millones de dólares de recaudación en régimen y de los cuales 1/3 irán a distribuirse a las regiones y comunas del país».
Para el legislador y autor de la iniciativa, Esteban Velásquez, «se trata de hacer justicia territorial».
«No es un desincentivo a la inversión como dicen algunos republicanos. Al contrario, le estamos dando certeza a los inversionistas extranjeros que si quieren explotar nuestros recursos naturales existe un marco jurídico sólido y que tienen que poner recursos para los territorios, especialmente en las comunas mineras», ahondó.
En la misma línea, expresó: «Esperamos que en la Cámara se ratifiquen los cambios y si no, que se apruebe en la Comisión Mixta para que pronto nuestros ciudadanos, nuestros territorios del norte especialmente reciban los recursos para un verdadero desarrollo».
En tanto, la senadora de RN, Paulina Núñez aseguró que «este es un triunfo de las comunas mineras. Fuimos escuchados porque nos estaban castigando. Logramos que a nuestras comunas sean las que más recursos reciban«.
«El proyecto de Royalty estaba recaudando, pero distribuyendo sin lograr el objetivo que es compensar comunas mineras a propósito de las externalidades negativas de la industria, luego de la exigencia que le hicimos al gobierno este consideró nuevos criterios como la calificación de zonas latentes o saturadas y se habían planes de descontaminación en los territorios, lo que evidentemente hizo que nuestras comunas aumentaran en la recaudación de recursos», señaló.
Mayor compensación
En su intervención, el congresista Pedro Araya Guerrero indicó que «apoyaré esta iniciativa, pero creo que debe existir un margen para corregir, que exista una mayor compensación a las zonas productoras, creemos que la minería debe tener este nuevo acuerdo, debe volver a ser un vecino que sea parte de las comunidades, que se haga cargo de sus externalidades negativas”.
«Quiero hacer presente al señor ministro de Hacienda -continuó- que los recursos asignados al fondo para las comunas mineras son completamente insuficientes en función de las múltiples externalidades negativas que deben asumir los habitantes de estas localidades«.
Agregando que «no es razonable que los “Fondos de Equidad Territorial” tripliquen el monto del “Fondo para las Comunas Mineras”, al menos en la transición, las comunidades que experimentan directamente el costo social del desarrollo de esta actividad industrial, como Calama, Sierra Gorda, Tocopilla, Antofagasta y Taltal, que beneficia a todo el país, merecen de una mayor compensación, la minería necesita un nuevo trato con las comunidades».
Proyecto
El proyecto de royalty contempla una carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80 mil toneladas métricas y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF). En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA).
Además, se crean tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares (Fondo a Comunas Mineras, Fondo de Apoyo de Equidad Territorial y Fondo Regional de Producción y Desarrollo). Para las comunas mineras se desglosan un total de 55 millones de dólares que se distribuirá entre los gobiernos regionales y municipios del país.
También se dispone un impuesto ad valorem de un 1% a aquellos productores de más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año. En tanto, la recaudación total estimada equivale a 0,45% del PIB.
