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martes, 6 diciembre, 2022

Victimización al comercio y desafíos pendientes

"Antofagasta es la ciudad que registra el mayor porcentaje de victimización al comercio con el 64% de los locales victimizados", Pedro Araya, Senador de la República

Los altos índices delictuales que presenta hoy nuestra sociedad han generado un cambio importante en la ruta original que se había trazado el gobierno en cuanto a prioridades, ello porque sin duda esta situación de mayor criminalidad ha venido aparejada de una enorme preocupación y alarma entre los ciudadanos que ven deteriorada su calidad de vida. Lo anterior, no obedece necesariamente a un incremento radical en las tasas de delincuencia, sino más bien a un fenómeno criminal que se ha tornado cada vez más violento y con un incremento importante en el uso de armas.

En este contexto, se ha dado a conocer recientemente la encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio que se realiza hace ya 23 años. De acuerdo con sus últimos resultados, la victimización promedio de dicho periodo es de 49,1, a instancias que hoy la victimización llega al 59%.

Respecto de nuestra región, la encuesta evidencia la triste realidad que para muchos ya no reviste sorpresa: Antofagasta es la ciudad que registra el mayor porcentaje de victimización al comercio con el 64% de los locales victimizados.

La realidad y características de la región de Antofagasta determina, entre otras cosas, la mayor prevalencia de ciertos tipos de delitos que la diferencia de otros territorios; de esta manera, destaca en Antofagasta la alta prevalencia del delito de robo de mercancía en ruta, asociado al hecho de la alta frecuencia de transporte que se desarrolla en esta región a partir del mercado principalmente de la minería.

Justamente, nos ha tocado ser testigos recientemente del importante robo al Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) quienes incluso suspendieron transporte de cobre tras los reiterados hechos delictuales de los que son víctimas, incluyendo el último robo de cerca de 3.500 kilos de cátodos de cobre.

También, destaca entre los resultados de la encuesta el alto porcentaje de no denuncia de quienes han sido víctimas de delitos y ello, respondiendo a la falta de confianza en el sistema de justicia penal, lo que ha sido una constante en las mediciones de criminalidad de los últimos años.

Otro de los aspectos que aparecen en el estudio mencionado se refiere a la percepción de violencia con que actúan los delincuentes. Nuevamente la ciudad de Antofagasta destaca entre el resto de las ciudades encuestadas por el aumento que registra en este indicador: mientras en el segundo semestre del año 2021 la percepción de mayor violencia en el accionar de los infractores era de 44%, el segundo semestre del año 2022 llegaba al 56,2%, esto es, un aumento de 12 puntos porcentuales en solo 6 meses.

Frente a esta compleja realidad es posible mencionar al menos dos temas que deben ser tomados en cuenta al momento de proponer e implementar políticas públicas en seguridad.

Intervenciones barriales

La primera de ellas dice relación con la necesidad de retomar y analizar cuál ha sido el impacto que han tenido distintas iniciativas impulsadas en distintos gobiernos específicamente para hacer frente a la realidad delictiva que ataca a comercio y, en particular, a los barrios donde se emplazan dichos locales y dependencias.

En este sentido es posible recordar el programa Barrio en Paz Comercial, Berrio Seguro, Quiero MI Barrio, que, si bien en algunos casos se concentraban en problemas de barrios residenciales, obviamente incidían en el entorno en que se desarrollaban los comercios locales. Actualmente sigue vigente el programa Barrios Comerciales Protegidos, iniciado el año 2020 en el gobierno anterior y que figura dentro de los programas vigentes del actual gobierno según la página web de la subsecretaría de prevención del delito, sin embargo, se desconocen los efectos e impactos que dicho programa ha tenido desde su creación, así como los recursos que éste ha implicado.

Persecución Penal

En momentos en que se cumplen más de dos décadas de implementada la Reforma Procesal Penal en nuestro país, y justamente cuando el país enfrenta el desafío de elegir a su próximo fiscal nacional, podemos decir que ésta se encuentra muy al debe en cuanto al objetivo de perseguir eficiente y eficazmente la delincuencia. Hoy nos enfrentamos a procesos que se extienden más allá de los deseado y con magros resultados en términos de salidas de calidad. Se trata de una persecución que se torna altamente ineficaz cuando se trata de delitos con imputados desconocidos, que es justamente cuando se justifica el mayor trabajo investigativo. Y finalmente, se observa que a pesar del proyecto de fortalecimiento al Ministerio Público que entregó nuevos recursos a la fiscalía nacional, aún no es posible observar cambios, por ejemplo, en la manera de enfrentar la delincuencia, cual es verla como un todo y no un caso a caso.

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