A pesar de que aprobaron en general el proyecto “Escuelas Protegidas” como medida de corto plazo para enfrentar la violencia escolar, diputados de Antofagasta advirtieron que la iniciativa no cuenta recursos adicionales para los establecimientos; acusaron que el oficialismo rechazó la indicación para capacitar a quienes tendrán que revisar las mochilas y señalaron que no hay ninguna acción para tratar la crisis de salud mental en el alumnado. También expresaron que no hay indicaciones para un enfoque de inclusión psicosocial para estudiantes neurodivergentes. El diputado Fabián Ossandón (PDG) votó en contra del texto al considerar que existen vacíos que no está dispuesto a respaldar y que el cuerpo legal no recogió ninguna propuesta de las que levantó junto a la comunidad en Calama.
La iniciativa fue presentada por el gobierno el pasado siete de abril luego de que un estudiante calameño atacara a funcionarios de su establecimiento, hecho que dejó una víctima fatal. El proyecto “Escuelas Protegidas” que firmó el presidente consistía en la revisión de mochilas, el empoderamiento de los docentes, sanciones por interrupción de clases, la pérdida de gratuidad por cierto tipo de condenas judiciales y la prohibición de capuchas y apología a la violencia. El documento fue votado ayer en la Cámara y tuvo 103 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. Ahora, pasará a segundo trámite en el Senado.
“LA DERECHA NO HA ESCUCHADO INDICACIONES”
La diputada Marcela Hernando (Partido Radical) manifestó que hay un acuerdo general en que el orden y la disciplina tienen que volver a las aulas en este clima de violencia escolar, lo cual se reflejó durante la votación en sala. Sin embargo, la parlamentaria sostuvo que el proyecto que salió de la comisión de educación llegó con muchas dificultades y ripios que querían corregir a través de indicaciones.
“La verdad es que la derecha ha estado muy obtusa, no ha escuchado ninguna de las indicaciones, ni por más racional que esta pareciera. Por ejemplo, que los niños fueran acompañados por algún representante del PIE o de los programas de inclusión escolar, que cuando tienen algún trastorno de aprendizaje que fueran acompañados por algún adulto de su confianza. Esas cosas estaban propuestas por la oposición, pero la derecha se opuso y finalmente se rechazaron todas esas formas para mejorar el proyecto”, lamentó Hernando.
La exintendenta de Antofagasta recalcó que el proyecto es necesario, pero que, así como está, sin aportar mayores fondos, se está cargando todo el peso a que con los mismos recursos y docentes en los establecimientos se ejecute la revisión de las mochilas y se asuma esa tarea que es tremendamente compleja.
EL PROYECTO PUEDE QUEDAR INCOMPLETO
El diputado Sebastián Videla (IND-PPD) explicó su voto a favor en general porque cree la iniciativa sí es un avance en materia de seguridad. “No es la solución, porque se necesita un proyecto que vaya en apoyo psicosocial y otras áreas, pero es un avance tener esta herramienta para entregar más seguridad a los estudiantes, apoderados y profesores”, puntualizó.
Al mismo tiempo, Videla declaró que debe apoyarse el bienestar de los estudiantes, especialmente de aquellos que son neurodivergentes con una persona adecuada. “Sin embargo, pienso que todavía falta un enfoque más claro e inclusivo hacia sus necesidades específicas. Muchas veces estos estudiantes requieren estrategias distintas, mayor acompañamiento y comprensión por parte de la comunidad escolar. Si el proyecto no considera bien esta diversidad, puede quedarse incompleto”, adelantó.
NI UN PESO PARA SALUD MENTAL
Jaime Araya (IND-PPD) expuso que votó a favor del proyecto en general y en contra de las indicaciones que hizo la comisión de educación de la Cámara, porque a su juicio, desnaturalizaron la iniciativa original del gobierno. Por ello, espera que en el segundo trámite el texto vuelva al proyecto original, el que estimó como útil, a diferencia de lo aprobado en la comisión. El diputado criticó que el cuerpo que llegó ayer a votación es “algo que no se entiende, que no tiene presentación, que no tiene bordes, que está mal redactado y que generará más problemas que soluciones”.
“El proyecto es una medida de urgencia, pero hay que trabajar en dos líneas. Una de ellas es con acciones inmediatas y en eso la revisión de mochilas cumple. Sin embargo, la solución, que es más compleja, pasa por hacerse cargo de la grave crisis de salud mental en los colegios, ése es el tema de fondo. Y el gobierno no dice ni una palabra, ni pone un peso para salud mental que es lo más importante. Se está atacando un síntoma sin ir a la solución de fondo”, cuestionó Araya, agregando que no hay ninguna claridad respecto de quién va a financiar su ejecución.
Entre las indicaciones de la comisión que no respaldó, dijo el diputado, estuvieron los cambios a la propuesta del gobierno de castigar con la pérdida de gratuidad a condenados por atentar contra la vida o integridad de las personas y contra la propiedad o infraestructura pública. Sin embargo, subrayó, la comisión aprobó que fueran todos aquellos que cometieran delitos contra la propiedad y contra la vida. “El problema es que no se hace una distinción entre propiedad pública y privada, lo que podría llevar al absurdo de que una persona que genera daños en una propiedad privada termine perdiendo la gratuidad”, manifestó.
Además, remarcó que lo sorprendente para él es que los partidos del oficialismo desnaturalizaron la iniciativa que presentó el presidente y que tenía aceptación general. “Propusimos una serie de normas para hacer una adecuada distinción entre manifestaciones violentas y pacíficas, las que habitualmente se hacen en muchos establecimientos educacionales sin ningún problema, y con esto quedan prohibidas”, advirtió.
Araya criticó que el oficialismo votara en contra de la indicación para capacitar a las personas que estarán encargadas de la revisión de mochilas. En esa línea, añadió, la derecha está siendo irresponsable porque finalmente se aprueba una norma que será de difícil aplicación.
“Lejos de solucionar un problema, creará nuevos. El otro día se opusieron a la educación ambiental en el proyecto para frenar las quemas ilegales, es incomprensible lo que hace el partido de Kast. También planteamos una regulación distinta para los niños del espectro autista y se negaron”, acusó.
“VACÍOS QUE NO ESTOY DISPUESTO A RESPALDAR”
El diputado Fabián Ossandón (PDG) explicó su rechazo al proyecto en general, argumentando que tiene aspectos que van en la dirección correcta, reconociendo la necesidad de mejorar la seguridad en los establecimientos y de entregar herramientas a las comunidades educativas. Esto, lo considera un punto de partida necesario.
“Pero también hay vacíos importantes que no estoy dispuesto a respaldar, así como están. El proyecto no considera financiamiento claro para su implementación. No aborda con fuerza la salud mental, que es parte clave del problema. Y hay algo que no puedo dejar pasar. En Calama, junto a padres, apoderados y concejales, levantamos un documento serio con propuestas concretas que fue entregado a las ministras. Nada de eso fue considerado”, emplazó Ossandón.
Esa forma de manejar la tramitación genera decepción y molestia, continuó el diputado, porque cuando se trabaja en terreno, lo mínimo es que esas propuestas sean tomadas en cuenta.
“Este proyecto debe mejorar mucho. Chile necesita una ley que funcione en la práctica, no solo una señal política. A mi juicio, el diagnóstico es incompleto. La violencia en el entorno escolar no se resuelve solo con medidas de control. Aquí hay temas de prevención, salud mental, entorno social y coordinación institucional que no están bien abordados”, enumeró el parlamentario.
El exconsejero regional manifestó que, en todo este contexto, la iniciativa no será fácil de implementar, porque la revisión de mochilas abre preguntas concretas. Entre ellas, ejemplificó, como ¿Quién realizará la revisión? Inspectores, docentes, asistentes. ¿Con qué protocolos? ¿Con qué tiempo?. En establecimientos con mil o más alumnos, esto es prácticamente inviable sin afectar la jornada escolar. Y hay algo de fondo. Los profesores e inspectores no son guardias de seguridad. No se les puede cargar esa responsabilidad sin preparación, sin respaldo y sin recursos. Además, el proyecto no entrega más recursos a los municipios ni a los establecimientos, lo que hace aún más difícil llevarlo a la práctica de manera efectiva”, finalizó Fabián Ossandón.
