El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, realizó un duro análisis sobre la situación de seguridad en la comuna y la respuesta entregada por el Gobierno tras el violento hecho ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde un estudiante atacó a un compañero al interior del establecimiento.
En conversación con el podcast “Un Día Menos”, el jefe comunal valoró la presencia de autoridades de Gobierno en la ciudad, pero cuestionó que las medidas anunciadas se concentraran principalmente en coordinación y capacitaciones.
“Creo que acotar el trabajo solamente a un plan de capacitación, orientación y apoyo territorial en cuanto a la seguridad en el corto plazo es poco”, afirmó Chamorro.
Según explicó, la situación requiere una estrategia multisectorial que involucre no solo seguridad, sino también intervención urbana, infraestructura, apoyo psicológico y medidas especiales para las comunidades educativas afectadas.
“No era prudente volver inmediatamente a clases”
El alcalde sostuvo que el establecimiento afectado debió contar con medidas de contención más profundas antes del retorno de estudiantes, asegurando que incluso se propuso trasladar cursos completos a otros sectores del recinto.
“No era prudente volver a clases en forma inmediata”, señaló, agregando que muchas familias no cuentan con cobertura de salud mental pese a tener sistemas privados de salud.
En esa línea, planteó que el Ministerio de Educación debiese impulsar decretos de excepcionalidad que permitan activar apoyos especiales desde el sistema público de salud para alumnos y apoderados afectados por situaciones de violencia escolar.
Además, Chamorro propuso integrar cámaras de vigilancia de establecimientos particulares subvencionados a un sistema único de monitoreo comunal, similar al que actualmente opera en escuelas públicas y centros de salud administrados por la Corporación Municipal.
Críticas por recursos de patentes mineras
Durante la entrevista, el alcalde también cuestionó la distribución de recursos provenientes de la Ley de Patentes Mineras, asegurando que las comunas productoras no están recibiendo una compensación acorde al aporte que realizan al país.
“Las comunas mineras desarrollan al país, pero la reciprocidad es mucho menor al crecimiento industrial minero”, sostuvo.
Chamorro afirmó que actualmente existe un tope máximo de distribución cercano a los 80 millones de dólares, de los cuales solo una parte llega directamente a las comunas mineras, mientras el resto se destina a gobiernos regionales y otros fines nacionales como el financiamiento de la PGU.
El jefe comunal advirtió además que aún no existiría claridad respecto de los montos que recibirán las comunas durante este año, situación que podría generar dificultades financieras en algunos municipios del norte del país.
“Calama puede transformarse en una Chuquicamata 2.0”
Uno de los puntos más extensos de la conversación estuvo centrado en el futuro urbano de Calama y el impacto que tendrá la expansión minera proyectada hasta 2060.
Chamorro manifestó preocupación por la baja inversión inmobiliaria privada y aseguró que el modelo de conmutación minera está transformando la ciudad.
“El negocio al final va a ser colocar hospedajes de servicios de acuerdo a turnos mineros”, afirmó, advirtiendo una eventual caída futura en la valorización residencial de la comuna.
Incluso sostuvo que la capital loína podría transformarse en una “Chuquicamata 2.0”, debido a la expansión de proyectos mineros y depósitos industriales asociados a nuevas faenas.
Pese a ello, destacó la cartera de inversiones públicas actualmente en ejecución o proyectadas para Calama, mencionando iniciativas como la nueva cárcel, la ampliación del aeropuerto, el futuro edificio consistorial y proyectos de pavimentación y salud.
“Entre el 2026 y 2031 tenemos un apalancamiento cercano a 760 millones de dólares”, indicó el alcalde.
