Apuntando sus dardos a la decisión de La Moneda de mantenerlo en el cargo, los parlamentarios de oposición en Antofagasta respaldaron la idea de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia Fernando Rabat.
El secretario de Estado enfrenta críticas por firmar los decretos que permitieron rebajar las sanciones de 56 condenados por delitos sexuales. El presidente José Antonio Kast reconoció ayer que la medida tomada por Justicia fue un error, sin embargo, por el momento no mencionó la posibilidad de remover al ministro y enfocó el tema en la manera legal de resolver la controversia.
Los legisladores antofagastinos esperaban que el mandatario sacara del gabinete a Rabat como una primera señal del mea culpa del Ejecutivo, lo cual no ocurrió durante la jornada del lunes. Y como consecuencia de ello, coinciden en que respaldarán una acusación constitucional contra el titular de Justicia que articulen los partidos de oposición.
“SI EXISTEN FUNDAMENTOS, HAY QUE AVANZAR”
El diputado Sebastián Videla (IND-PL) manifestó que lo ocurrido “es gravísimo» y que no basta con que el presidente reconozca un error y al mismo tiempo mantenga al ministro en su cargo. En esa línea, dijo que tienen que asumir sus responsabilidades todos los involucrados, caiga quien caiga.
“Nadie puede quedar protegido por su cargo ni por su cercanía con el gobierno. Si existen fundamentos para una acusación constitucional, hay que avanzar sin titubeos. Con la seguridad de nuestros niños y la justicia para las víctimas no se juega”, aseguró Videla.
“TENGO LA CONVICCIÓN DE QUE DEBE PRESENTARSE”
Jaime Araya, diputado independiente por el PPD, sostuvo que reducir las condenas de violadores de niños y abusadores sexuales infantiles es un hecho de la máxima gravedad, considerando que la autoridad tiene las herramientas para negar los decretos. “El instrumento de la acusación constitucional es lo que procede utilizar para perseguir la responsabilidad que cabe por estas 56 decisiones”, subrayó.
Araya cuestionó que el gobierno no puede escudarse en una supuesta ausencia de norma legal para amparar sus actos, ya que todos los gobiernos anteriores se negaron a conceder estos beneficios. “No son derechos, por lo tanto, tengo la convicción que debe presentarse una acusación constitucional, sin embargo, por la naturaleza de la acción es necesario actuar coordinadamente con las bancadas que compartan esta posición”, puntualizó.
NO DEJAN OTRO CAMINO A LA OPOSICIÓN
La diputada Marcela Hernando (Partido Radical) lamentó lo sucedido con el ministro Rabat, a quien identificó como el secretario de Estado más dialogante y con quien mayor entendimiento habían logrado en la Cámara.
“Dicho eso, si es que no se toman medidas por parte del gobierno no dejan más remedio a la oposición que presentar una interpelación o una acusación constitucional. Pediría que ellos mismos (el gobierno) tomaran las medidas para que no llegara la sangre al río”, adelantó Hernando.
“NO DESCARTAMOS LA ACUSACIÓN”
Fabián Ossandón, diputado del Partido de la Gente quien no se identifica como oposición automática al gobierno, pero tampoco actúa complaciente con el oficialismo, dijo que “no descartamos ninguna herramienta fiscalizadora, incluida la acusación constitucional, porque aquí se le falló gravemente a las víctimas”.
El parlamentario remarcó que no bastan las disculpas del gobierno, por ello exigen apoyo concreto a los afectados y reformar con rigurosidad el sistema penitenciario para que esto no vuelva a repetirse.
