Con la alerta sobre el alto riesgo de reincidencia señalado en los informes técnicos y la necesidad de proteger a las víctimas, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) ingresó en el Ministerio de Justicia una solicitud de invalidación administrativa para dejar sin efecto de forma inmediata los 56 decretos que permitieron la rebaja de condenas a imputados por delitos sexuales contra menores.
El documento busca revocar la decisión dictada autónomamente por el ministro de la cartera, Fernando Rabat, y exigir el reingreso a la cárcel de los beneficiados para resguardar la seguridad e integridad de las víctimas. Además, el legislador dijo que las bancadas de oposición ya iniciaron la tarea de redactar la acusación constitucional contra el secretario de Estado.
Araya manifestó que ingresaron el documento ayer en la mañana a las oficinas del Ministerio de Justicia. En el texto requieren la invalidación administrativa para revocar los 56 decretos firmados por Rabat. El legislador explicó que los decretos que dicta autónomamente el Ministerio de Justicia y que no corresponden a las resoluciones judiciales, son actos administrativos que, de acuerdo con la ley de base de procedimientos administrativos, pueden ser revocados por la misma autoridad que los dictó.
“Pedimos al ministro que considerando la gravedad de los hechos, que los informes técnicos señalan que hay altísimo riesgo de reincidencia y que las víctimas no saben quiénes son ni dónde están los pedófilos, violadores y abusadores de niños que han sido liberados, tome las medidas para dejar sin efecto el decreto y que estas personas inmediatamente vuelvan a la cárcel”, indicó Araya.
El diputado precisó que esta es una de las alternativas que tiene el gobierno para dejar casi inmediatamente sin efecto los decretos. En paralelo, agregó, también pidieron al presidente de la República la creación de una comisión especial para visualizar a quienes fueron beneficiados y tener una estrategia de protección de las víctimas.
Según el legislador, los informes técnicos dicen que se trata de condenados que no reconocieron responsabilidad en los hechos y que prácticamente atribuyeron provocación a las víctimas.
“Más allá de la disputa política, lo importante es garantizar la protección de las víctimas y cuando se trata de abusadores sexuales infantiles y violadores de niños. La tasa de reincidencia y lo que dicen los propios informes técnicos es que la probabilidad de que ellos vuelvan a cometer el mismo delito respecto a las mismas víctimas u otras es alta. La preocupación central del gobierno tiene que ser la seguridad de quienes fueron víctimas de estos delitos. Y esto se hace dejando sin efecto los decretos, poniendo tras las rejas a estas personas y si ellos creen que sus derechos han sido afectados, pueden recurrir como cualquiera ante los tribunales de justicia”, emplazó el diputado.
SESIÓN ESPECIAL EN LA CÁMARA
Jaime Araya detalló que la Cámara tuvo ayer una sesión especial a petición de los comités del Frente Amplio y el Partido Comunista. En la instancia, ambos bloques partieron justificando la solicitud y luego el ministro tuvo quince minutos para responder lo expuesto, para posteriormente proceder con las intervenciones por bancada.
“Una vez que terminó la sesión se votaron los proyectos de acuerdo que se envían al presidente de la República y uno de ellos, que presentamos nosotros como bancada, pide la renuncia al ministro y a los dos subsecretarios. Después, las bancadas de oposición conjuntamente comunicaron que inicia la redacción de la acusación constitucional”, puntualizó el parlamentario.
Luego de escuchar al ministro, agregó Araya, las bancadas de oposición acordaron avanzar en la redacción de la acusación constitucional.
“El ministro vino a mentir al Congreso, le faltó el respeto a las víctimas y a sus familias. No dijo una palabra de cómo protegerá a las víctimas de esta situación. Inventó que esto era un problema jurídico, que lo había hecho en cumplimiento de resoluciones judiciales en circunstancias de que sabe que está mintiendo”, criticó el diputado antofagastino.
Sobre el descargo de Rabat, el parlamentario subrayó que hubo cinco decretos dictados en enero de 2025 por el exministro de Gajardo que otorgaron reducción de condena, pero “lo que no dijo (Rabat) es que eso fue en cumplimiento de una resolución judicial. Nadie está cuestionando los decretos dictados por cumplimiento de una resolución judicial, el cuestionamiento es que son 56 que él firmó autónomamente”, concluyó Jaime Araya.
