Cinco denuncias por maltrato de padres, madres o apoderados hacia el personal docente recibió el año pasado la Superintendencia de Educación en toda la región de Antofagasta. La cifra contiene tres casos más que los registrados el 2022 por el organismo fiscalizador, periodo en el que al mismo tiempo contabilizaron una denuncia por maltrato de estudiante hacia el personal docente, concepto que incluye a todos los adultos de un establecimiento y no solamente a quienes ejercen la docencia.

Los datos de la Superintendencia de Educación muestran que las denuncias totales en el país experimentaron un aumento sostenido desde el 2021. Ese año, al organismo ingresaron 3.961; en el 2022 fueron 16.159 y el 2023 llegaron a 17.526. De este último total, 12.637 casos corresponden al ámbito de convivencia escolar, que marcó 585 casos más que el periodo anterior.

En convivencia escolar hubo 466 denuncias por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa. En este ítem, Antofagasta registró 13 denuncias el año pasado, cifra que representa el 2,8% de las recibidas a nivel nacional en esta categoría. Estos números contemplan las cinco denuncias por maltrato de maltrato de padres, madres o apoderados hacia el personal docente. Esta clase de maltrato también exhibe un aumento, ya en el 2022 hubo solo dos denuncias.

Las situaciones de maltrato de estudiantes al personal docente el 2023 tuvieron solo un registro, mientras que en el 2022 hubo dos en la región.

En otras categorías, el maltrato de personal de una unidad educativa hacia apoderados quedó en dos denuncias tanto en el 2022 como en el 2023 y, el maltrato entre personal docente también consignó un incremento, pasando de un caso en el 2022, a cinco el año pasado.

Exigir protocolos

La directora regional de la Superintendencia de Educación, Lidia Julio Torres, explicó que, ante hechos de agresión a cualquier integrante de la comunidad educativa, la normativa indica que los establecimientos educacionales deben activar el protocolo de actuación ante maltrato dispuesto en su Reglamento Interno, para proteger a las víctimas y tomar medidas formativas y disciplinarias en el caso de que haya estudiantes que resulten responsables de las agresiones.

“El rol de la Superintendencia de Educación consiste en fiscalizar que los establecimientos cumplan con la normativa, por lo que llevamos adelante un Plan Anual de Fiscalización y, además, recibimos denuncias de la ciudadanía y fiscalizamos en los casos que corresponda”, manifestó la directora regional. Si dentro del trabajo de fiscalización la Superintendencia detecta que un establecimiento no cumplió con la normativa, no contaba con protocolos de actuación en su Reglamento Interno o no los aplicó correctamente ante un caso de maltrato, pueden instruir un proceso administrativo en contra de la entidad sostenedora, lo que podría derivar en sanciones que van desde amonestaciones a multas en UTM, la inhabilitación del sostenedor o la pérdida del reconocimiento oficial para las situaciones más graves.

“La recomendación que siempre entregamos desde la Superintendencia de Educación a las comunidades educativas es a estar alerta a cualquier situación de maltrato o violencia física o psicológica que puede ocurrir en el establecimiento. En este sentido, lo que podemos decir a los docentes es que deben denunciar cualquier situación ante la dirección del establecimiento, estar informados sobre el Reglamento Interno, los protocolos a seguir y exigir su cumplimiento”, detalló Lidia Julio.

La directora regional también indicó que en el caso de que existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, los establecimientos tienen el deber de denunciar ante el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones o un tribunal con competencia penal, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que toman conocimiento del hecho.

“Si no encuentran respuestas en los establecimientos, los docentes pueden acudir a la Superintendencia de Educación, para ello contamos con un servicio de mediación y un fono de consultas y orientación para las comunidades educativas: 600 3600 390. Además, pueden realizar denuncias en cualquiera de nuestras direcciones regionales a lo largo de todo el país o a través del banner de atención ciudadana disponible en www.supereduc.cl”, precisó la jefa regional de la Superintendencia.

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