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martes, 7 febrero, 2023
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Óscar Clavería

“Calama y Antofagasta enfrentan una nueva criminalidad que, lamentablemente, se ha consolidado en la región”: vocero de la Corte de Apelaciones

Óscar Clavería manifestó que ante las nuevas formas delictuales debe abandonarse el paradigma del caso a caso para pasar a investigar fenómenos y mercados criminales. El ministro también habló sobre el impacto de la pandemia en la tramitación de los juzgados, detallando que Familia recibe cerca de 850 escritos diarios y sostuvo que la instalación de un tribunal mixto para San Pedro de Atacama depende más de una gestión que de la incorporación de recursos importantes para su funcionamiento.

No hay una mayor cantidad de delitos que antes, pero estos sí son mucho más graves, explicó el vocero de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Óscar Clavería. El abogado ejerció durante una década como juez del crimen y luego como ministro del tribunal de alzada pudo observar la evolución que registran los ilícitos. Los homicidios y los casos de droga que tienen como eje central el crimen organizado son los hechos de mayor preocupación y señaló que será trabajo del próximo fiscal regional incluir técnicas modernas para investigar cómo están operando los delincuentes en la zona.

“Y por esta razón hay que dejar el paradigma del caso a caso para pasar a investigar fenómenos y mercados criminales. Para eso se necesitan mayores recursos, más profesionalismo y conexiones con las policías extranjeras, porque con el aumento de la comunicación, el crimen organizado no está exclusivamente en una región o una ciudad, sino en Latinoamérica”, manifestó.

En entrevista realizada en “El resto es música”, programa de Timeline.cl en Radio Sol, Clavería habló sobre los desafíos del próximo fiscal regional y los elementos que la Corte de Apelaciones evaluará en los candidatos que se presenten a este cargo. También detalló el proceso para la instalación del juzgado mixto de San Pedro de Atacama, el impacto de la pandemia sobre todo en causas de Familia y la migración relacionada con delitos de alta connotación pública.

  • Los fiscales en su movilización reclaman que para ellos el reajuste es de una proporción mucho menor para sueldos desde determinado rango. ¿Ese es el problema de fondo?

Hablando no como vocero, sino como persona, porque son asuntos gremiales que no tienen relación directa con el trabajo que realizamos en términos de las aspiraciones de los fiscales, esto es un enfoque más global. Lo que reclaman y que en parte nos toca a nosotros y a otros profesionales, es que el porcentaje para protegerse de la inflación, que tiene que ver con mantener incólume el valor de las remuneraciones, no se extiende a los sueldos altos. Por simple matemática significa que los sueldos altos comenzarán a bajar en el Estado y en un país subdesarrollado, cuando los profesionales tienen trato desmejorado, obviamente tienden a irse al área privada y disminuye la calidad, la eficiencia en el trabajo que requiere el Estado de los profesionales. No me refiero exclusivamente a los fiscales, también jueces, defensores, médicos, profesores de universidades estatales que no tienen el reajuste. Es un error, porque desde que se creó la reforma procesal penal y cinco años antes para el Poder Judicial, se consideró la intensidad de las remuneraciones como una importancia para que estos profesionales tengan un buen desempeño y trabajen acorde al resto, pensemos que los parlamentarios tienen el doble de esto y disculpen, horarios muchos menores, menores exigencias. Por lo tanto, no es un regalo que se le está haciendo a un profesional y en el área privada, en el caso de los abogados, pueden ganar tres o cuatro veces más. Aquí sí que hay una vocación pública, de manera que los fiscales se adelantaron en las reivindicaciones, pero todos los profesionales del Estado deberían reclamar, porque no es posible que se disminuya el sueldo por el solo hecho de tener un remuneración más alta. Esa no es una manera de hacer el desarrollo integral de un país.

  • Cuando se abre un cupo, ¿el mundo judicial es atractivo para un profesional juez o fiscal?

El legislador tuvo cuidado de tener sueldos atractivos para llevar buenos profesionales y tuvo cuidado en términos de que los sueldos de la fiscalía son similares al Poder Judicial, las escalas de jueces y fiscales son muy parecida y los defensores, en general, también son parecidos. Ahora, los concursos, a mí entender, son todos muy estrictos. Los jueces tienen que pasar por la Academia Judicial a la que postulan más de mil personas, aprobar el curso y luego pueden llegar a ser jueces, son siete categorías y comienzan en la séptima, sexta o quinta, los ministros tienen segunda categoría y la Corte Suprema, primera categoría, de manera que para llegar ahí necesitas 15 años de trabajo.

  • Están avanzando las conversaciones para instalar un tribunal mixto en San Pedro de Atacama. ¿Qué significa un juzgado de estas características y a qué responde esa necesidad?

Es importante que la justicia esté cerca de la ciudadanía y no es posible que alguien tenga un problema deba viajar cien o doscientos kilómetros y alojar para resolver un hurto, un contrato de arriendo o asuntos familiares. Desde que se creó el Estado el fin era un juzgado por comuna, obviamente en áreas extensas como el norte no se ha podido, aquí están los tribunales más alejados de la comunidad. Hace cinco años Mejillones no tenía juzgado y costó 11 años de esfuerzo, porque generar uno significa que después viene una notaría, un Banco del Estado, la fiscalía y la Defensoría y la gente tiene mayor acceso a la justicia. Hoy para un problema en Caspana tienen que viajar unos 90 kilómetros a San Pedro de Atacama y unos doscientos a Calama.

Si tenemos un juzgado en María Elena, que es el jardín de una empresa, que no tiene causas, se está proponiendo hace más de nueve años el traslado de éste a San Pedro de Atacama. Y hubo oposición, porque uno de los diputados era de María Elena, pero no se trata de intereses personales ni del cariño del diputado por su pueblo, aquí debemos ser justos con la ciudadanía, tenemos mucha población en San Pedro de Atacama y por problemas sencillos deben viajar a Calama. La idea es trasladar el juzgado y transformarlo en mixto. Esto significa que son dos jueces que atienden asuntos laborales, de familia, criminales, mineros y se resuelven allí todos los problemas en primera instancia. Nos dijeron que Mejillones no era necesario y hoy se ha comprobado que tiene más trabajo que Taltal.

  • ¿Hay una proyección de cuánto podría tardar?

El problema siempre es el presupuesto y hoy no sería un gran monto ni cambio porque están los funcionarios y el alcalde está proponiendo un local, de hecho, el que ocupamos en Mejillones todavía es de la municipalidad, no hemos gastado en construir porque hemos tenido muchas dificultades al respecto. Por lo tanto, no son grandes gastos, es la incorporación de dos o tres cargos más y eso significa que la implementación es solo gestión y lo hemos dicho a todos los gobiernos.

  • ¿Sigue el impacto de la pandemia en el agendamiento de causas?     

Mucho. Familia en Calama está un poco más atrasada que Antofagasta, pero son cientos de causas y a propósito de causas pendientes, se están recibiendo aproximadamente 850 escritos diarios, y hay un pool de personas que está tratando de resolver si no hay un cambio legislativo luego. Una persona puede hacer una solicitud en la página y si la misma solicitud la hace cinco veces, genera cinco resoluciones necesarias para resolver.

Esas 850 solicitudes diarias son para pedir que una audiencia se adelante, acompañan documentos, cambios de horarios de visita o de curador, adopciones, medidas de protección, todo lo que es Familia. Hemos tenido que hacer esfuerzos y trasladar personas para ayudar a proveer, se toman medidas como tratar de hacer resoluciones masivas para quienes acompañan documentos que no proceden sino en la audiencia.

  • Cuando uno compara las instituciones con el uso de tecnologías, Impuestos Internos es una de las más avanzadas. ¿Está el Poder Judicial muy lejos de esos estándares?

Hay dos versiones encontradas. La primera es que se incorporó toda la digitalización y los conocimientos informáticos en procedimientos antiguos. Esto significó que la computación tiene que adaptarse y ese proceso antiguo no tenía por qué estar reconociendo el trabajo que se haría telemático. De manera que se armó una hecatombe tremenda, al punto de que se incorporó la informática al Poder Judicial y se dobló la cantidad de personal, la Corte antes tenía 22 funcionarios y hoy tiene 48. Por otro lado, aumentaron exorbitantemente algunos recursos como los de protección, amparo y las demandas de arriendo, de alimento. Si se modifican los procedimientos y la ley se adapta a establecer formas de juicio más cercana al conocimiento telemático y lo que ofrece la digitalización, podríamos mejorar. Pero es difícil conseguir el cambio del sistema, porque se había equivocado, nos demoramos tres años.

Es un impacto del que debe tomar conciencia el gobierno, pero hay una dificultad, porque para establecer los nuevos procedimientos, más cercanos a lo digital, se requieren expertos y la gente nacional no tiene esa experiencia. Recuerde que cuando se hizo la reforma procesal penal se incorporó gente que venía llegando del extranjero con los estudios en derecho penal alemán, belga, norteamericano, inglés. O se pueden utilizar expertos que puedan crear, pero para eso se necesita dotarlos de un poder que no tienen, porque un catedrático tendrá que ir a explicar al Parlamento, que no se pone de acuerdo para el fiscal nacional, es muy complejo. Lo que hay que hacer siempre es una comisión de expertos y eso cuesta dinero, mucho tiempo y dedicación.

  • El próximo año, la Corte de Apelaciones tendrá que establecer al nuevo fiscal regional.

Primero quiero aclarar que en esta Corte hemos tratado de ser lo más imparcial posible. Antofagasta, en el año 1998 fue la primera que hizo concursos públicos para traer funcionarios, se publicaron en el diario y eso fue pagados por los jueces, porque la Corporación Administrativa no quería pagar, querían todo cerrado y decían que no había dinero para hacerlo público. Quien era juez y secretario de esa época, que hoy son ministros, Juan Opazo y Dinko Franulic, de su bolsillo pagaron a El Mercurio el aviso para conseguir nuevos funcionarios. Postularon más de 500 personas, más de 270 profesionales, porque en esa época se necesitaba cuatro medio y después ocupamos ese mismo concurso para incorporar gente en distintos estamentos y son ellos que quienes hoy manejan mucho mejor la parte administrativa y de gestión.

Y es lo mismo que queremos hacer con el fiscal regional, abrir un concurso, que presenten un proyecto, entregarles un tiempo para explicarlo y que toda la población lo pueda conocer y saber cuando los ministros voten por uno u otro qué es lo que tratan de decidir. No un discurso genérico de cinco o diez minutos, es la presentación de un proyecto con anticipación para que pueda analizarse y estudiar.

Crimen organizado

  • ¿Cuál cree que será principal desafío que enfrentará el próximo fiscal regional?

El nuevo fiscal regional se encontrará con una realidad criminal muy diversa a lo que existía hace ocho años. La región y las comunas más grandes como Calama y Antofagasta se han enfrentado a una nueva forma de criminalidad que, lamentablemente, se ha consolidado en la región. ¿Cuál es la nueva forma? Los fenómenos donde el eje central es la instalación del crimen organizado en la ciudad, aumento de los delitos de homicidio, donde puede observarse un incremento de la participación de ciudadanos extranjeros en delitos más graves en un contexto de ajuste de cuentas que casi no existían. En mi época de juez del crimen conocí un solo caso en el Tercer Juzgado. En este mismo delito se observa un aumento de los homicidios cometidos con armas de fuego, hoy tenemos armas modificadas provenientes de países que es muy difícil identificar. Hay dificultades en la pesquisa de estas organizaciones de crimen organizado con un aumento exponencial de imputados.

  • ¿Cuál es la definición de crimen organizado?

Las infracciones que son más graves en un Estado de derecho son los delitos, que se clasifican en faltas, simple delito y crimen, estos últimos, son los más graves y que tienen penas de cinco años hacia arriba. Cuando hablamos de crimen organizado es porque el delito no se generó espontáneamente o producto de una pelea, sino que se efectuó como consecuencia de la reflexión y organización de más de una persona y va concatenado a otras situaciones ilícitas, normalmente tráfico de drogas, manejo de inmigraciones, estafas. En la prensa vimos que logró desbaratarse una organización que atacaba las personas cuando salían de los bancos y ese es un crimen organizado.

  • Con su experiencia como juez del crimen, ¿tenemos más delitos que antes o los que se cometen hoy son más graves?

No hay una estadística en Chile sobre el número de delitos versus población con relación a años anteriores. Pero en términos genéricos, como consecuencia del tribunal que vigila las condenas, la libertad, la Corte de Apelaciones, sí se puede medir que el comportamiento delictual es mayor. Es decir, no hay más cantidad de delitos, pero sí son mucho más graves. En mi experiencia tenía un parricidio cada cuatro años, hoy tenemos cuatro por año. Los delitos hoy pueden ser los mismos, pero son más graves y normalmente está involucrado un extranjero, esa es la impresión que tengo.

  • Viendo algunos delitos queda la sensación de que no existe temor a ser detenido.

Hay una mayor sensación de impunidad por parte de los delincuentes. Ellos entienden que no van a ser procesados, a pesar de que por estadísticas este año tenemos más de mil personas presas y la cárcel está programada por un cierto número y hoy está en el tope de ingresos. Esto significa que en Chile, la delincuencia y el control de la misma no es exclusivamente de la fiscalía, el Poder Judicial y las sentencias, la solución tiene que ir por otro camino. La mitad rescatarlos en la resocialización y eso se hace con una ley de penas sustitutivas, a los menores alejarlos y llevarlos a una verdadera resocialización y apoyo para distinguir el crimen organizado y las personas que cometen delitos permanentemente. Esto, en términos judiciales, se está logrando, pero es un tema que va más allá del Poder Judicial, pasa por la educación, las formas de vida, la posibilidad de un trabajo remunerado.

  • ¿Qué hechos de connotación pública le preocupan?

El homicidio y la droga. Hay que implementar nuevos procesos de investigación y eso le tocará al nuevo fiscal regional, incluir técnicas más modernas, tanto para identificar al imputado, ya que hoy muchos no tienen ni huellas porque son extranjeros.

  • ¿Eso pasa por gestión, por recursos o una suma de ambos?

Fundamentalmente es gestión, profesionalizar a los policías, enseñarles que actúen de una u otra manera y que entiendan que el proceso criminal no termina con la pesquisa del momento sino cuando la persona está condenada como consecuencia de la información que entrega. La policía entiende que esa no es su función, pero sí lo es. Hay policías que van al juicio oral y se olvidan de lo que pasó, porque tienen casos tan similares y no hacen una reflexión dos días antes para ver los detalles de la causa. Entonces dicen que no se acuerdan y no hay testigo. Profesionalizar al policía es fundamental.

  • ¿Las policías conversan lo suficiente al momento de realizar investigaciones? Acá tenemos el caso de una joven desaparecida que se cruza con el robo de cobre desde trenes, pero no fue hasta una decisión judicial que se compartió la información.

Es un problema que lo traemos desde el nacimiento mismo de la PDI. Lo paradójico es que en esta región no existe una unidad especializada para investigar el delito patrimonial, como el lavado de dinero y en particular, el lavado de activos. A partir de ahí nos damos cuenta de que falta una estrategia general regional en términos del trabajo que deben realizar las policías. Ambas han intentado coordinarse, pero no se ha logrado. Creo que necesitan unidades especializadas con bases de datos comunes, con eso se obliga a trabajar mancomunadamente y eso es un problema más de gestión. No es posible que tengamos paralelamente en un delitos dos unidades que están abocadas a lo mismo perdiendo personal en términos de eficiencia.

  • ¿Los fiscales también requiere alguna especialización?

El fiscal es el que más necesita especialización y manejo de personal. Me acuerdo como juez, cuando llegábamos a un homicidio, ya Carabineros tenía cercado y había hecho alguna investigación. Y a veces, si tocaba una buena sección, la investigación era buena, pero también podía entorpecer el sitio del suceso y había que acudir con la Brigada de Homicidios que no se hablaba con los Carabineros. Falta esa coherencia que requiere el trabajo conjunto de profesionales y eso depende exclusivamente de las direcciones.

  • ¿Cómo se puede abordar el tema de la migración en delitos graves desde la opinión pública y la operatividad de la frontera?

Me dicen que tenga cuidado con el tratamiento de los extranjeros, pero no es ese el problema, porque en Antofagasta siempre hemos vivido bien con migrantes. Hay que tomar conciencia de que somos una de las principales puertas de entrada al país de la droga no solo destinada al consumo interno, también externo. Se ha probado en San Antonio, en Antofagasta, Iquique, Arica que somos un pasadizo. Y por esta razón hay que dejar el paradigma del caso a caso para pasar a investigar fenómenos y mercados criminales. Para eso se necesitan mayores recursos, más profesionalismo y conexiones con las policías extranjeras, porque con el aumento de la comunicación, el crimen organizado no está exclusivamente en una región o una ciudad, sino en Latinoamérica. Recuerdo cuando tuvimos un caso de droga muy grande, venía el OS7 con la droga desde Arica y en Ollagüe no los dejaban pasar. Esto requiere profesionalismo y una gestión por órganos con una cabeza común.

  • ¿Tiene relación lo que se está legislando en materia criminal con lo que ocurre en tribunales y la fiscalía?

Hay un proyecto de ley sobre la restructuración de Carabineros, tal vez ahí algún parlamentario incorpore un párrafo que diga relación con la necesidad de la investigación científica del crimen organizado, los robos de vehículos, el tráfico de personas, de drogas y control de armas. Podría crearse una unidad nacional vertical.

Tenemos que estar mejor organizados como sociedad, en la misma NASA, el departamento de Estado norteamericano contrata empresas particulares para seguridad informática. No podemos entregarle a Investigaciones o Carabineros todo el control, tenemos que trabajar organizadamente en términos sistemáticos para cumplir nuestros fines, una mejor educación, un mejor control del crimen organizado y de la judicialización, porque a veces entorpece un conflicto jurídico que se puede resolver de otra forma.

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