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miércoles, 29 mayo, 2024
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También fue formalizada lavado de activos

Caso Convenios: directora de TomArte quedó en prisión preventiva por fraude al fisco

Por la misma causa, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, volvió el lunes a la cárcel de Antofagasta.

Al igual que el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, la directora de la fundación TomArte, Kelly Betancourt, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizada este jueves por cuatro delitos de fraude al fisco y uno de lavado de activos.

Esto por los cuatro convenios que alcanzan los $456 millones firmados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la entidad, entre el 20 de septiembre y 25 de octubre de 2022, cuando esta última contaba con menos de un año de funcionamiento, es decir, no tenía la experiencia necesaria para convertirse en receptora de los fondos.

En la audiencia de Conteras, el Ministerio Público expuso que Betancourt tomó un vale vista por la suma de $330 millones a nombre de la fundación en plena vigencia de los convenios. Una vez conocido el caso, el ente persecutor quiso incautar los fondos, pero descubrió que no estaban, es más, la cuenta se encontraba cerrada. Posteriormente, los recursos fueron incautados por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI con autorización judicial.

Asimismo, Fiscalía sostuvo que la fundación no gastó ni un solo peso en obras de habitabilidad primaria de los campamentos, sino que todo se gastó en honorarios.

Nota relacionada l Fundación TomArte retiró millonarios fondos de la cuenta corriente habilitada para el convenio pero fiscalía logró incautar los recursos

“Acá el legislador ha establecido un criterio objetivo que el tribunal debe considerar para estimar si la libertad de un imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Algunos de ellos son: gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos, el carácter de los mismos y si se actuado en grupo o pandilla. En este caso, esta juez estima prácticamente se dan todos aquellos criterios objetivos establecidos por nuestro legislador”, señaló la magistrada Claudia Campusano.

El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 75 días de investigación.

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