La propuesta de ley denominada “Javiera Jiménez” plantea una serie de modificaciones para fortalecer la investigación temprana de personas desaparecidas, sancionar la obstrucción dolosa de las búsquedas y reforzar la evaluación de medidas cautelares durante las investigaciones penales.
Entre las principales medidas, el proyecto establece que, dentro de las primeras 24 horas desde la recepción de una denuncia, las policías, bajo la dirección del Ministerio Público, deberán procurar identificar a la última persona o personas que tuvieron contacto directo con quien se encuentra desaparecido, siempre que existan antecedentes verificables.
Además, contempla la recopilación y preservación de información sobre el último lugar conocido de permanencia, trayectos, vehículos y otros elementos que puedan contribuir a establecer el paradero. También se deberá informar al fiscal sobre antecedentes objetivos que permitan sospechar la comisión de un delito, la pérdida de evidencia, amenazas a testigos o riesgo de fuga.
La iniciativa incorpora, asimismo, un nuevo delito para quienes, con la intención de obstaculizar gravemente la búsqueda, oculten, alteren o destruyan evidencias relevantes, o entreguen información deliberadamente falsa que desvíe diligencias importantes. Estas conductas podrían ser sancionadas con presidio menor en su grado medio, salvo que constituyan un delito más grave.
En materia de medidas cautelares, el texto propone que los tribunales consideren expresamente determinadas restricciones cuando una persona desaparecida no cuente con un imputado en prisión preventiva. También establece criterios para revisar esta última medida, entre ellos el avance de la búsqueda, las diligencias realizadas, la colaboración del imputado y la persistencia de los riesgos procesales.
Donde nace esta propuesta
La propuesta surge a partir del caso de Javiera Jiménez, joven de 23 años que desapareció en Antofagasta el 26 de agosto de 2022. Su búsqueda se extendió por cerca de 17 meses, hasta que sus restos fueron encontrados el 12 de enero de 2024 en un sector desértico próximo a la ruta B-400.
La investigación estableció que fue asesinada por su pareja y conviviente, Andrés Sutar Araya, quien posteriormente ocultó sus restos y salió del país. Fue detenido en Bolivia en enero de 2024 y, el 5 de octubre de 2026, recibió una condena de presidio perpetuo calificado por femicidio íntimo, cuya firmeza debía verificarse tras el plazo legal para recurrir.
El proyecto busca que experiencias como esta impulsen una respuesta estatal más oportuna ante las desapariciones, sin presumir la culpabilidad de quien haya mantenido el último contacto con la víctima, sino fortaleciendo la recopilación temprana de antecedentes y la evaluación fundada de los riesgos durante la investigación.
