A partir del sábado recién pasado empezó a regir un plan de contingencia en Antofagasta luego de que finalizara el último trato directo -que no tuvo que pasar por concejo al ser un monto menor- para la limpieza y barrido de la ciudad. Este trabajo se ha realizado exclusivamente en “puntos críticos” como el centro, el Balneario Municipal, el Terminal Pesquero y la Vega Central. De allí la importancia que adquiere para el municipio aprobar un nuevo contrato para el referido servicio; sin embargo, este martes el cuerpo de ediles se terminó absteniendo y dejando la decisión en las manos del alcalde Jonathan Velásquez, quien puede aprobar una vez transcurran 20 días o convocar a una nueva sesión.

Marcelo Pizarro, director de Jurídica, explicó que una vez más este contrato fue presentado bajo la causal de emergencia, urgencia o imprevisto. Detalló, al mismo tiempo, que cuenta con un plazo de ocho meses a partir del 15 de septiembre y un monto mensual de $330 millones (impuestos incluídos), es decir, un total de $2.640 millones.

La administradora municipal, Yessael Leiva, contó que en el proceso hubo cinco oferentes, pero que la empresa Solo Verde fue finalmente la que cumplió todos con los requerimientos, según estableció la mesa técnica integrada por la Dirección de Aseo, Secretaría Comunal de Planificación (Secoplan), la Dirección de Jurídica y la Administración Municipal.

Esto último, señaló, porque la empresa cuenta con el personal necesario con uno de los sueldos base más altos para los trabajadores y tiene las maquinarias del año 2023 y/o similar. Aunque concejales como Ignacio Pozo o Paz Fuica han planteado dudas sobre las remuneraciones de los funcionarios, específicamente en torno a las gratificaciones.

Votaciones

Pozo dijo que, en principio, su postura “era rechazar el trato directo”, pero finalmente se abstuvo por “el bienestar de la comuna”.

Fuica se abstuvo para que “el alcalde apruebe de manera individual este servicio”.

Karina Guzmán derechamente rechazó porque considera que este contrato no entra en las causales planteadas por Jurídica (emergencia, urgencia o imprevisto) y porque cree que la ciudad está constantemente en una emergencia.

Waldo Valderrama señaló que están “en el ojo de Contraloría” porque las “cosas se han hecho mal”. Esto, apuntó, hace difícil aprobar el nuevo trato directo, así que terminó rechazando.

Luis Aguilera dijo que tiene que ser consecuente con el trabajo de fiscalización que ha realizado, sobre todo por las solicitudes que ha enviado a Contraloría. Agregó que bajo la administración del alcalde Jonathan Velásquez la municipalidad ha firmado más de $23 mil millones vía trato directo. Aun así se abstuvo.

Roberto Jorquera dijo que “es lamentable” pero igualmente se abstuvo porque quiere que el proceso se lleve a cabo por el bien de la comunidad

Gabriel Alvial también se abstuvo para dejar en manos del jefe comunal la aprobación.

Al igual que sus pares, Norma Leiva se abstuvo argumentando el trabajo que se encuentra realizando Contraloría en la casa consistorial.

Natalia Sánchez rechazó asegurando que ha empeorado el servicio toda vez que se ha finalizado el contrato de 27 funcionarios en una ciudad que sigue creciendo. “Se empieza a cortar el personal y aumentar los millones a la empresa”, cuestionó.

El único voto a favor fue del alcalde.

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