Para dar a conocer los principales hallazgos y propuestas que las personas hicieron en el proceso de Participación Ciudadana se realizó el seminario regional, que congregó a autoridades y académicos en dependencias de la Universidad de Antofagasta.
Este seminario es parte de las vistas a regiones que está desarrollando la Secretaría de Participación Ciudadana. Al respecto, Carlos Rilling, secretario ejecutivo, sostuvo que en el diseño del proceso “fue muy importante considerar un trabajo descentralizado donde todos los territorios pudiesen expresar su opinión hacia el Consejo Constitucional”. Agregó, “nos interesa mucho que las y los ciudadanos que participaron puedan conocer cuáles fueron las opiniones que se recogieron, cómo se transmitieron y cuáles son los pasos que restan”.
Marinka Varas, vicerrectora académica de la Universidad de Antofagasta, dio la bienvenida a nombre del rector Marcos Cikutovic. “Estamos aquí para aprender, para reflexionar y para avanzar juntos en este proceso histórico. Escucharemos lo que la ciudadanía ha dicho sobre el anteproyecto y, más importante aún, buscaremos entender lo que eso significa para nuestro país”.
Participación de la región
Sobre la participación regional se dio a conocer que hubo 4.126 apoyos para Iniciativas Populares de Norma, 15 Audiencias Públicas solicitadas, 44 personas integrando Diálogos Convocados y 323 en diálogos autoconvocados, más 592 Consultas virtuales respondidas.
Valentina Rosas, coordinadora de la Secretaría, describió que las temáticas más frecuentes en el informe fueron las relativas a derechos sociales como “la seguridad social, la educación, la vivienda, los cuidados y el trabajo”. También hay una preocupación importante sobre grupos como la infancia, los adultos mayores y los pueblos indígenas.
Participación, ¿para qué?
El académico de la Universidad de Antofagasta, Jorge Molina, reflexionó sobre el rol de las universidades en el proceso Constitucional en curso. “Este proceso tiene la particularidad de que quienes pertenecemos a la élite, que vivimos encerrados en nuestro desarrollo académico, se nos encarga la relación entre la ciudadanía y la institucionalidad.
Cuarenta y nueve universidades salimos a la calle, nos insertamos, recogimos y vimos experiencias”. A su juicio, el sentido de este ejercicio fue “para que se tome razonadamente una decisión” respecto al anteproyecto. Continuó: “Es un compromiso continuo adecuar la democracia para satisfacer las necesidades del pueblo de Chile y es también la misión central de lo que estamos haciendo como universidades”.
Cristóbal Caviedes, académico de la Universidad Católica del Norte, en su análisis sobre el informe, fue claro al decir que “los mecanismos de la democracia participativa tienen que ser complementarios a los de la democracia representativa y no la pueden reemplazar”. Esto ya que quienes mayoritariamente participan de los procesos son las personas de mayores ingresos socioeconómicos, culturales o quiénes están mejor organizados políticamente. Sin embargo, la democracia representativa, a través del voto obligatorio, contrarrestar este sesgo”, puntualizó.
Podemos incidir
En torno a la reflexión sobre la incidencia, Valentina Rosas destacó que “en este proceso hemos tenido una calidad cualitativa de incidencia mucho mayor que en el anterior; por ejemplo, quienes cumplieron con 10 mil firmas en las Iniciativas Populares de Norma, fueron a presentarlas ante el Consejo, esos fueron espacios que no existieron el año pasado”. Sostuvo que queda pendiente “cuánto de eso queda en el texto, pero ya hay espacios de escucha que no habíamos tenido en procesos constitucionales anteriores”.
Añadió que el proceso generó información documentada que es relevante para el país y que esperamos “que nos sirva a todos: a la sociedad civil, a la academia, a las Juntas de Vecinos… hay mucho material ahí para que todos sigamos utilizando sabiendo cuáles son las prioridades del país en medio ambiente, en derechos sociales, etc.”.
