Luego de que el Gobierno Regional de Antofagasta pusiera término anticipado al proyecto “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica”, ProCultura emitió un comunicado en el que se desmarca de los cuestionamientos y lanza los dardos hacia el organismo encabezado por Ricardo Díaz, asegurando que se trató de “una decisión unilateral remitida sin fundamento legal ni fáctico”.
“El Gobierno Regional de Antofagasta intentó dar término de mutuo acuerdo al proyecto lo cual Fundación ProCultura no aceptó abogando por la convicción que nos asiste de que la mejor opción era cumplir con el contrato en función del compromiso adquirido con la comunidad”, parte señalando la fundación.
Asegura, asimismo, que cumplió con todos los compromisos asumidos con el Gore, pero que “fue dicha autoridad la que no permitió seguir ejecutándolo”.
En este sentido, la fundación dirigida por Alberto Larraín, sostiene que siempre tuvo la intención de ejecutar el proyecto y, por lo mismo, realizó los ajustes solicitados por la autoridad “en tiempo y forma”. Sin embargo, afirma que “por múltiples razones y continuos reparos por parte del Gobierno Regional este proceso concluye en el término unilateral por parte de ellos”.
“A pesar de que se logró cumplir con TODO (sic) lo requerido por el GORE, cada vez que se cumplió, apareció un nuevo requerimiento. Esto anticipaba la intención real antes de materializarla en la decisión unilateral remitida sin fundamento legal ni fáctico”, complementa.
Al mismo tiempo, ProCultura hace hincapié en que “la decisión del Gobierno Regional de poner término anticipado al convenio no reconoce ni se hace cargo del trabajo realizado hasta la fecha. Entendiendo que el Gobierno Regional tiene facultades de interrumpir unilateralmente el acuerdo, confiamos que se haga en norma y considerando todos los informes técnicos y financieros que se deben presentar, es decir, hasta septiembre de 2023”.
Así también hace referencia al comunicado del Gore, donde señala que la decisión del término unilateral se toma “considerando además que la percepción social y la cooperación de la comunidad son esenciales para el éxito del programa”. Ante esta afirmación, la fundación señala: “ Este impacto reputacional, abanderado por el caso Democracia Viva, ha causado no solo en Fundación ProCultura, sino que en muchas otras organizaciones que actúan como aliados del Estado para la ejecución de distintas políticas públicas que buscan el bienestar de las personas, una pérdida sino irreparable y no puede llevar a las autoridades a tomar decisiones arbitrarias”.
Finalmente, manifiesta que se encuentran analizando las acciones legales para asegurar que “el proceso de término anticipado del convenio se realice de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes y considerando todos los antecedentes que respaldan nuestro trabajo”.
