Democracia Viva, fundación investigada por posible tráfico de influencia y otros delitos, habría utilizado recursos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta para desplegar su trabajo territorial en la zona, según reveló Ciper.

El reportaje explica que los tres convenios, que suman $426 millones, tenían relación con uno de los tres proyectos que llevaba adelante Democracia Viva. Se trataba de “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta”, que para llevar a cabo su tarea en la región realizaba “asambleas, mesas de trabajo, mapeos y talleres, e instancias de vinculación como los puerta a puerta y el uso de medios digitales para una comunicación directa con las y los vecinos”, según señala la fundación en redes sociales. De hecho, en este marco se efectuaron mesas con líderes de ocho campamentos de la ciudad.

Incluso Ciper, que tuvo acceso a la documentación y rendiciones entregadas por el director de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade (exRD), sostiene que “todas estas actividades, salvo los convenios con el Minvu de Antofagasta, eran de carácter político, principalmente relacionadas con difusión del proceso constitucional y del estallido social”

Por ejemplo, realizar mesas de trabajo con presidentes de los comités, asistir a puerta a puerta y reuniones con dirigentes de Ecuachilepe e Irarrázabal Etapa I eran algunas de las funciones de Karina Meneses, cientista política que asesoró al concejal RD de San Miguel, Andrés Diván y encargada territorial para efecto de los convenios, aunque en la fundación era presentada como directora de formación e investigación. Figura con pagos de $1,1 millones.

Pero no es la única persona ligada al oficialismo que percibió honorarios del convenio por trabajar en la zona. En el listado publicado por el medio antes mencionado aparece Paulina Cabrera, exasesora de Maite Orsini (ganaba entre $1,5 millones y $2,3 millones) y Catalina Guzmán, actriz y parte de la campaña del Apruebo (entre $200 mil y $500 mil), entre otros.

Casi el 70% de los fondos en honorarios

El reportaje, además, aborda los argumentos que tuvo el Ministerio de Justicia para solicitar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la cancelación de la personalidad jurídica de la fundación.

“Los objetivos de los convenios tenidos a la vista dan cuenta de labores propias de construcción, habilitación de espacios salubres y seguros, mediante la construcción de determinadas obras de carácter transitorio, instalación de luminarias, señales de riesgo, instalaciones sanitarias, que se elijan de su objeto social que es en extremo difuso pero que parece más a la difusión de ideas”, consigna.

A su vez dice que según la información proporcionada por Democracia Viva el gasto en materiales “parece mínimo y desproporcionado” en relación a los gastos que debería realizar.

La cartera de Justicia, igualmente, precisa que se destinó un 66% de los fondos al pago de honorarios mientras que solo el 33% se gastó en obras para los campamentos.

“La estructura de gastos está concentrada especialmente en el pago de honorarios de diversas especies, alcanzando un orden del 70% aproximadamente y un 30% restante se destinaba básicamente para el objeto del convenio. Dos de los tres convenios eran de carácter operativos, de hacer cosas materiales. Entonces, llama la atención precisamente que en esos convenios también pasara lo mismo, que había pocos materiales y mucha más plata para los honorarios”, explicó Carlos Aguilar, jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia a Ciper.

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