Fue a través de un oficio parlamentario que la diputada Marcela Hernando (PRSD) solicitó al subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, designar como unidad responsable de licitar y ejecutar el proyecto del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Chaqueta Blanca al Gobierno Regional o una unidad técnica del Ejecutivo en Antofagasta. Lo anterior tras el vencimiento de la recomendación Social (RS) y los problemas legales que mantiene el municipio para iniciar las obras de futuro relleno sanitario de la comuna.
“Considero necesario, por el bien de la comunidad antofagastina que el Gobierno a través de la SUBDERE, mantenga el financiamiento para este proyecto que es urgente y fundamental, en la solución a la problemática que genera el tener en la comuna el vertedero de La Chimba”, señala la congresista del Cuarto Distrito en el oficio enviado desde el Congreso Nacional.
Atribuciones legales
La petición es fundamentada en las atribuciones legales con que cuenta la Subdere y sus funciones relativas al desarrollo regional, provincial y comunal a través del DFL Nº 18.359, las que están especificadas en su Artículo 2º, en sus letras a); b); C); D); E); F) y G), donde se destaca la responsabilidad del organismo de Ejercer las funciones que realiza el Ministerio del Interior en materias de evaluación y supervigilancia de la gestión municipal, “incluida la administración directa de servicios traspasados y proposición de los ajustes y correcciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las políticas de desarrollo local”.
“En base a esas atribuciones, sugiero que la unidad técnica responsable de licitar y ejecutar las obras en Chaqueta Blanca, sea el Gobierno Regional y que luego, el nuevo relleno sanitario sea entregado en administración al municipio, el que por disposición legal es el encargado de administrar la basura en la comuna”, expresó.
Recordar que fue durante la administración de Marcela Hernando como alcaldesa de Antofagasta que se inicio el proceso de creación del proyecto de Chaqueta Blanca, encabezando las gestiones en Santiago con el ex ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, las que permitieron dar celeridad al proceso de obtención de la Recomendación Social, la cual fue entregada en mayo de 2012 y finalmente venciéndose en diciembre pasado.
