José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión investigadora de la Cámara del llamado Caso Convenios, que comenzó en Antofagasta, manifestó que no cuentan con ninguna potestad para invitar o citar a autoridades a la instancia fiscalizadora que pesquisa transferencias desde el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda hacia fundaciones. El diputado declaró esto luego de que algunos nombres invitados a exponer en la comisión finalmente no acudieran al Congreso. Y entre ellos se encuentra Catalina Pérez, parlamentaria quien consultó con la secretaría de la Cámara si existe alguna obligación de acudir al llamado de sus pares, por lo cual una eventual participación queda sometida estrictamente a la voluntad de la diputada por Antofagasta. Castro espera que acuda para que sea un aporte a la investigación, ya que Pérez era pareja del presidente de la fundación que firmó convenios por 426 millones de pesos con el exseremi de Vivienda, quien además fue su exjefe de gabinete, todos a esa fecha militantes de Revolución Democrática.

La comisión se reunirá nuevamente este lunes y su presidente adelantó que expondrá el contralor general Jorge Bermúdez, a quien solicitará durante esta semana que el enfoque de su presentación sirva para conocer los avances de la investigación y si ya existen materias resueltas. Sobre la presencia de Catalina Pérez, Castro detalló que “con la diputada pasó lo siguiente, queríamos invitarla, pero ella conversó con el secretario de la Cámara y él le dijo que nosotros no teníamos la potestad para invitar ni citar a una parlamentaria. Por lo tanto, simplemente queda a la buena fe de que, si uno tiene algo que aportar podría hacerse presente, pero la verdad es que es difícil que esté disponible”.

El diputado también señaló el motivo por el que la sesión de ayer se mantuvo en secreto durante 40 minutos, a petición del ministro de Vivienda Carlos Montes, apuntando a que con ello se respetó la presunción de inocencia de personas que fueron identificadas con nombre y apellido.

“A mí parecer, no es lo que quiero para la comisión en ningún caso y fue de manera excepcionalísima. Esto debido a que las comisiones investigadoras la gracia que tienen es que son para toda la ciudadanía”, advirtió. Sobre la información expuesta en esos 40 minutos, Castro solo declaró que está relacionada con Antofagasta, otras regiones y que todos los antecedentes fueron presentados al Ministerio Público.

“El problema es que uno va sabiendo cada vez nuevos antecedentes, lo que conlleva que esta madeja se siga agrandando y no pare de sorprendernos. Todavía ni siquiera hemos tocado los casos de los gobierno regionales, que pueden ser mucho más grandes que lo del Minvu y también de las municipalidades. Estamos frente a algo que todavía no podemos decir que ha terminado para que puedan enjuiciarse a las personas, no, vamos descubriendo cada vez más antecedentes lo que para mí es sumamente grave”, subrayó.

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, también fue invitado a la comisión y el parlamentario indicó que siguiendo el mismo camino de la diputada Pérez, podría excusarse de participar. “Pero el que nada hace nada y esperamos que se haga presente, porque somos varios quienes queremos hacer algunas preguntas. A diferencia del Minvu, que está generando todo un proceso para no caer de nuevo en los mismos problemas, los gores a nivel nacional y en Antofagasta, no están tomando en cuenta todo lo que se ha criticado a estas fundaciones”, enfatizó.

El proyecto de ProCultura con el Gobierno Regional está en proceso de análisis por esta última parte que podría conceder una prórroga de cuatro meses para se ejecución. “Me daría vergüenza ajena prorrogar, primero por el tipo de programa, se adelantó el dinero y ha pasado casi un año y todavía no son capaces de hacer el trabajo. Por otro lado, la fundación está cuestionada en muchas otras partes de Chile y creo que sería una muy mala señal. No sé si existe algún otro gore a nivel nacional que esté dando esa posibilidad y espero que Antofagasta no sea la primera y la única región”, emplazó Castro.

«Al menos hay voluntad»

La diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile), quien integra la comisión, dijo que durante la sesión de ayer se hablaron aspectos generales de la investigación y que de alguna manera se reconocía el fraude al fisco con el tema de los recursos de parte de Democracia Viva y la forma en que se articuló la entrega de los dineros. También se puntualizó la fragilidad, la falta de control en el detalle de los requisitos, el tiempo de antigüedad, la fiscalización y control de recursos.

“Esto es el inicio, estamos recién partiendo, en la sesión de hoy (ayer) el ministro Montes fue el único que pudo intervenir porque el tiempo no dio para más. Hice una consulta por las platas de Democracia Viva, si podrán recuperarse como se dijo en el principio y debería ser así. Aparte de los montos retenidos, están exigiendo el resto, están peleando una rendición que pudiera quizás de los 90 millones de pesos justificar algo para bajar el monto, pero es algo que está en veremos”, expresó Ahumada.

La conclusión de la diputada tras la sesión es que al menos hay voluntad de entregar información, se reconoce la fragilidad y debilidad de cómo funciona el sistema, la necesidad de realizar cambios, ser mucho más exigentes y que existan controles para evitar el mal uso de los recursos.

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