Cecilia Aqueveque, Directora de Control de la Municipalidad de Antofagasta, emitió un oficio donde solicita un sumario administrativo en contra de 10 de los funcionarios de confianza del alcalde Jonathan Velásquez quienes participaron, junto con la propia autoridad, en dos grupos de whatsapp cuyo polémico contenido fue filtrado a la opinión pública a raíz de un juicio laboral de un exasesor del recinto.
La medida solicitada por el departamento de Control dice relación con el artículo 58 de la Ley 18.883 que dispone que «serán obligaciones de cada funcionario (b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; (c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad; y (g) Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº18.575 y demás disposiciones especiales».
Además, Aqueveque señaló en la solicitud sumarial que otro artículo plantea que el funcionario está afecto a prohibiciones como (I) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación.
A raíz del contenido de los mensajes, es que la autoridad de control plantea que se vulneran estos principios previamente descritos, y más encima, «presumiblemente ocupando equipos celulares proporcionados por la municipalidad».
Es por lo anterior, que el oficio pide la instrucción de sumario administrativo contra 10 de los involucrados: Felipe Guzmán, Cary Pena, Yamilé Guzmán, Rodrigo Silva, Diego Yáñez, Carolina Alvarado, Luis Pizarro, Yessenia Collao, Ximena Reyes y Valentina Ottensen.
