El 27% de la población penal en Antofagasta es extranjera. La cifra corresponde a 639 inmigrantes que permanecen en las cárceles de la región en calidad de imputados o cumpliendo condena, grupo que está recluido en dos módulos del centro penitenciario concesionado de la Ruta 5 y en un pabellón en Calama.
Los datos de Gendarmería fueron presentados por el diputado Sebastián Videla (IND-PL), quien detalló que, de este grupo, 251 internos son condenados que cumplen sanción en el módulo 46 de la cárcel concesionada. En el módulo 45 están los 388 imputados y ambos sectores fueron apartados para colombianos y venezolanos, aunque también existen inmigrantes en otros módulos debido a solicitudes que presentan los mismos reclusos.
En Calama, el pabellón 7 es para la población boliviana en ambas calidades procesales, mientras que, en Tocopilla, Taltal y la cárcel femenina de Antofagasta, los extranjeros comparten con el resto de los internos.
El parlamentario explicó que en las reuniones con el Ministerio Público se informa que existe un aumento considerable de bandas de crimen organizado, lo que se traduce en la comisión de delitos que antes no se veían en la región. “Denuncié hace poco que una familia está siendo amenazada, supuestamente por el Tren Aragua, y me reúno con ellos de nuevo porque la situación continúa mientras avanza la investigación. Hablamos de delitos graves, con tipos que están dispuestos a matar para conseguir lo que desean”, dijo.
Este escenario, agregó Videla, lo llevó a tomar medidas como presentar un proyecto de resolución para trabajar una modificación en la Ley de Extranjería que permita ejecutar expulsiones de inmigrantes que cometan delitos relacionados con la Ley 20.000.
“El proyecto busca expulsar a extranjeros que cometen delitos de la ley de drogas. Según lo que conversé con la fiscalía, la mayoría de los ilícitos que vemos hoy están vinculados a esta ley. En el caso de quienes están en prisión preventiva, un 50% compuesto por extranjeros, para que también podamos expulsarlos. Y si intentan regresar, las penas serán mucho mayores”, aseguró el diputado.
Videla sostuvo que la cárcel concesionada está en un 94% de su capacidad y que la solicitud elevada al Ejecutivo no solo es para Antofagasta, ya que ha conversado con parlamentarios de Iquique, Arica y de manera transversal apoyan la iniciativa. “Es un tema de la macrozona norte”, advierte.
El parlamentario afirmó que los vecinos están preocupados con la situación de seguridad pública en Antofagasta y que recibe apoyo en cualquier iniciativa que apunte en ese sentido, como la expulsión de extranjeros que cometan delitos, la ley anti amenazas para bandas organizadas o la ley anti coyote para la trata de personas, junto con aumentar las penas.
Y añadió que en la región faltan recursos para enfrentar el crimen organizado y que precisamente eso anunció la exministra Siches en Antofagasta, ofrecimiento que nunca se concretó y que contemplaba cerca de cuatro mil millones de pesos. “Sin embargo, quiero destacar la labor del general de Carabineros y el prefecto de la PDI. Estoy en contacto con ellos de forma permanente, a altas horas de la noche por hechos de alta connotación pública”, destacó.
Videla expuso que, si bien la ministra del Interior Carolina Tohá asumió recientemente en su cargo, tuvo la oportunidad de hablar con ella y manifestar su preocupación por estos temas. “Si viene (la ministra a Antofagasta) tiene que ser con acciones concretas que sean de beneficio para la región, recursos o expulsiones para los extranjeros que cometan delitos. El panorama de lo que vivimos ya lo sabemos”, dijo.
Reponer las expulsiones
Sobre la idea del diputado de expulsar a migrantes relacionados con delitos de la Ley 20.000, el seremi de Justicia, Cristóbal Orellana, señaló que como parte del poder legislativo el diputado está en su libertad de proponer los proyectos que estime pertinentes para la nación y la región.
“Por nuestra parte, como Poder Ejecutivo tenemos también una responsabilidad con la seguridad de la población para lo cual el Ministerio de Justicia y DDHH y su titular Marcela Ríos Tobar, ya ha tomado cartas en el asunto, anunciando el pasado 22 de agosto en Iquique junto al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, el proyecto de ley que busca reponer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas”, declaró el seremi.
La presentación realizada por el diputado Videla, continuó, solicita al Presidente de la República ingresar a la brevedad un proyecto de ley que modifique la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, para facilitar el proceso de expulsión de los inmigrantes que comentan delitos en Chile, simplificando los procesos de notificación de los delitos de la Ley 20.000.
Orellana precisó que los principales contenidos de la propuesta del ministerio buscarán dos objetivos: La consagración de una pena mixta, con posibilidad de expulsión, lo que permite al tribunal interrumpir el cumplimiento de la pena privativa de libertad para reemplazarla por la pena sustitutiva de expulsión. Y lo segunda es la eliminación de la prohibición de expulsión para los casos de drogas y delitos aduaneros, modificando el artículo 34 de la Ley N°18.216, con el fin de suprimir la prohibición para acceder a la pena sustitutiva de expulsión incorporada por la ley N°21.325, en lo que respecta a las personas extranjeras condenadas por los delitos de la ley 20.000.
“Me parece que ambos proyectos deberían contrastarse y, previo análisis de constitucionalidad, fundirse en un mismo cuerpo legal, pues van en el mismo sentido, más allá del tecnicismo, de facilitar y agilizar la expulsión de extranjeros que comentan delitos de ley de drogas y aduaneros, tanto el Presidente como el diputado han aquilatado correctamente la necesidad de una reforma legal en este sentido”, enfatizó el seremi de Justicia.
En cuanto a la incidencia del proyecto en la situación carcelaría, Orellana afirmó que podría actuar como un efecto secundario o terciario, pero no es lo principal efecto, que es ampliar las facultades de los tribunales para abordar el problema de la delincuencia asociada a las drogas.
“Pero hay que tener presente que la capacidad de cada penal también depende de otros factores, pues el fenómeno del delito, intra y extra muros es multicausal, por lo cual no necesariamente una medida determinada va tener un efecto particular, pues la movilidad de la población penal (congestión o descongestión de los penales) también pasa por factores como cumplimiento de la pena, acceso a libertad condicional, movimientos internos de población. Por otro lado, respecto del penal de Calama, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha indicado a todos los servicios pertinentes su voluntad de concretar el inicio de las obras de construcción del nuevo penal dentro de nuestro mandato, actualmente el proceso se encuentra en proceso de adjudicación del diseño”, concluyó.
