En una sola cuota, la Seremi de Vivienda estableció el pago de cada convenio que esa repartición y la Fundación Democracia Viva suscribieron los últimos meses del año pasado para ejecutar trabajos en campamentos de Antofagasta. De esta manera, la “plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada” en octubre formalizó el contrato para una transferencia única y total por 200 millones de pesos. Ese mismo mes percibió una segunda en los mismos términos por 170 millones de pesos y en noviembre la última por otros 56 millones de pesos. En los tres documentos elaborados por la sección jurídica de la Seremi de Vivienda “constan firmas de Carlos Contreras, secretario ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta; Paulina Vallejos, directora (s) del Serviu y Daniel Andrade, presidente de la fundación”.

La relación entre este último y el titular de Vivienda en Antofagasta durante la celebración de los convenios fue objeto de cuestionamientos incluso en el oficialismo. Se trata de los vínculos políticos que rodean este caso y que involucran a los siguientes militantes de Revolución Democrática (RD): Contreras, quien el sábado presentó su renuncia como seremi, trabajó como asesor de la diputada Catalina Pérez. Andrade es pareja de la parlamentaria y en el momento de firmar al menos el último de los documentos ya ejercía como asesor de la Subsecretaría de Defensa, cargo que dejó el lunes.

Tras el reportaje de este medio que expuso las cercanías entre todos estos actores, los principales reproches apuntaron a un plano ético y político. A través de un comunicado de prensa publicado en su perfil de Facebook, en el punto seis, Democracia Viva realizó una precisión sobre el rol de Daniel Andrade, subrayando que “es importante informar que en octubre de 2022 el mismo presentó su renuncia al cargo de director ejecutivo y comenzó su desvinculación legal con la Fundación. El procedimiento de formalización de este acto se encuentra aún en proceso”. Sin embargo, tal como consta en los documentos de jurídica, todos los contratos fueron firmados por Andrade como presidente de la organización.

Según fuentes consultadas en el Serviu, la transferencia en una sola cuota a convenios de esta magnitud no es lo habitual. Una de las formas más utilizadas sería el pago de un 30% para luego esperar una primera rendición. Con un avance del 50% se entregaría un 60% de los recursos y saldo contra rendición con el programa ejecutado al 90%.

El viernes pasado, un día antes de que el seremi de Vivienda Carlos Contreras renunciara a su cargo por estos hechos, TL realizó la siguiente consulta a su equipo de prensa. ¿Los tres convenios adjudicados a esta fundación se pagaron a través de una sola transferencia o con estados de pago? La respuesta textual fue la siguiente: “Entre agosto y diciembre de 2022 se materializaron 48 convenios con una duración de 16 meses, de conformidad a la programación heredada de la administración anterior, los tres convenios firmados con democracia viva son parte de este proceso. Con las 10 fundaciones vinculadas a nuestro programa de ‘Asentamientos Precarios’ se trabaja con la modalidad de transferencia de recursos, presupuesto validado previamente por nivel central, los cuales son transferidos a la fundación una vez aprobado el convenio y verificado que la fundación se encuentre habilitada para recibir nuevos recursos, esto es, que no tenga rendiciones pendientes a nivel nacional”.

Detalle de los convenios

Con fecha 3 de octubre del 2022, se firmó el Convenio de Transferencia de Recursos entre la Seremi de Vivienda, Serviu y Democracia Viva para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en el campamento EcuaChilePe. Dentro del primer considerando -junto con explicar de la política del ministerio y su programa de solución habitacional para campamentos, se detalla que la Fundación Democracia Viva busca “radicalizar la democracia, contribuir a la cocreación de un país más justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos”.

“El presente convenio tiene por objeto, disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades, para elevar el umbral mínimo humanitario, en base a los siguientes conceptos salubridad y seguridad”, dice el documento.

Por salubridad se entiende la infraestructura e instalaciones sanitarias individuales y comunitarias adecuadas, puntos limpios para remoción de basura o de reciclaje y cualquier obra que permita mejorar las condiciones de salubridad de las familias y su territorio. Mientras que la seguridad contempla iluminación de espacios comunitarios exteriores mediante energía solar u otra solución, mejoramiento de circulaciones comunes, conexión segura de energía para alumbrado, materiales e infraestructura básica para la prevención de riesgos, señaléticas y otras obras de equipamiento comunitario.

El detalle de las actividades a ejecutar indica que desarrollarán instalación de luminarias solares, soluciones para enfrentar controlar o mitigar la amenaza de incendios, soluciones para abordar microbasurales, ejecución de cierros, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejoras de espacios comunitarios, entre otras. Esto, además de todo el proceso administrativo y de socialización que requieren estas tareas.

“Las acciones en cada campamento se definirán a partir del análisis de los resultados obtenidos en: a) la implementación del plan campamento preparado, b) documento diagnóstico socio territorial y c) evaluación técnica que realice el ejecutor. Deberá presentar una propuesta denominada ‘proyecto de habitabilidad primaria’ por cada campamento la cual deberá contar con la debida aprobación por parte del Programa de Asentamientos Precarios de Serviu. Será obligación ejecutar el kit de red húmeda y el kit estación segura el cual se incorpora como anexo”, exige el convenio.

Para la Etapa II, ejecución de las obras, deben levantar acta entrega terreno, el registro (libro de obras), preparación de la superficie en la que se instalarán las obras de habitabilidad primaria, ejecución de las obras de habitabilidad primaria de acuerdo con el plan aprobado por Serivu, participar en reuniones que sean requeridas por parte del Programa Asentamientos Precarios. La tercera etapa consiste en la evaluación y el seguimiento.

Para el logro de los objetivos, la Seremi de Vivienda comprometió una transferencia por el 100% de los recursos, 200 millones de pesos en una cuota. El control financiero y administrativo quedó en manos de la misma Secretaría Regional Ministerial y la rendición de cuentas tiene que ser presentada a la Seremi mensualmente, con documentación original que precise cada gasto.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaró la mañana de ayer que “hasta el momento tenemos rendición solamente del 3%, porque el gasto que se ha hecho del proyecto es bajo. ¿Cuánto es? No sabemos exactamente, es parte de la información que nos tienen que entregar y eso ocurrirá cuando regrese la delegación que tenemos allá”.

En términos administrativos, el segundo convenio formalizado el 27 de octubre con Democracia Viva no presenta diferencias, la transferencia ocurrió en una cuota de 170 millones de pesos para ejecutar el “proyecto de habitabilidad primaria Campamento Irarrázabal Etapa I”. Los objetivos son iguales al anterior convenio, aspectos de salubridad y seguridad con instalación de luminaria solar, mitigar la amenaza de incendios, contenedores de basura, extintores, entre otros.

Diagnósticos socio territoriales

El 29 de noviembre la fundación y Vivienda suscribieron el último convenio por 56 millones de pesos transferidos en una cuota para “Diagnósticos socio territoriales – planes de intervención, plan de campamento preparado y acciones sociales y comunitarias en diversos campamentos de la región” en siete asentamientos de Antofagasta y uno de Calama. El documento establece que habrá un trabajo para desarrollar estudios previos mediante análisis de los instrumentos de planificación territorial, además, análisis de riesgos, propiedad de los terrenos, factibilidades sanitarias en base al radio operacional de empresa sanitaria, factibilidad eléctrica y servidumbres. En cuanto a participación ciudadana, la labor será levantar información de las problemáticas comunitarias, incluyendo ámbitos de habitabilidad residencial y comunitaria. “La información obtenida debe ser analizada, con lo cual se deberán realizar planes de intervención para cada campamento que incluya el desarrollo de acciones hacia la consecución de la estrategia de solución a la condición de vivir en campamentos. Implicando la ejecución de las acciones que contemplan los planes de intervención para cada campamento”, estipuló el contrato.

El tercer objetivo es realizar intervenciones tendientes a fortalecer la organización comunitaria en especial con grupos prioritarios tales como infancia, migrantes, género, acciones para la organización de la demanda habitacional, con el fin de aportar a que las familias de campamentos superen su situación de vulnerabilidad social y habitacional, a través de estudios previos y participación ciudadana, hoy que determinan las condiciones de los campamentos orientando a la estrategia habitacional del campamento y a sus familias.

Para concretar todo esto listaron una serie de actividades que van desde la caracterización de los hogares de los ocho campamentos, requisitos para postular a una vivienda, análisis de datos cuantitativos que “serán proporcionados por el Programa de Asentamientos Precarios de Serviu”, junto con determinar las superficies de terreno, la propiedad de los mismos, factibilidad de servicios, identificación de riesgos, una interpretación de los indicadores de pobreza multidimensional, un mapa que describa a la posición, intereses e influencia de los actores de los campamentos y entregar información para postular a soluciones habitacionales.

“A partir de los lineamientos y objetivos antes explicados, la fundación deberá presentar en un plazo máximo de 30 días corridos contados a partir de la transferencia de recursos del presente convenio, un plan de trabajo por cada campamento identificado. Dichos planes de trabajo deberán ser revisados y aprobados por Serviu en un plazo de 30 días corridos contados a partir de la recepción de las propuestas de planes de trabajo”, señaló el convenio.

Respecto del estado de avance de los proyectos, el viernes pasado Democracia Viva manifestó que actualmente tienen “cerca de un 45% de avance del trabajo, basado en unos convenios que tienen duración hasta fin del año en curso. Cabe mencionar que los mismos están sujetos a término anticipado y devolución en caso de incumplimiento de lo acordado. En específico, en el marco de uno de los convenios la fundación está llevando a cabo levantamientos de diagnóstico en 8 campamentos; y en el marco los otros dos está desarrollando proyectos de habitabilidad primaria en un campamento, con el objeto de mejorar sus estándares en el corto tiempo, por medio de obras básicas y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades”. También sostuvieron que realizaron la construcción de cinco kits de emergencia para contribuir al combate de los incendios en territorios de difícil acceso para Bomberos.

Revisa los tres convenios a continuación.

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