Desde el 2019 a la fecha, el Ministerio Público en Antofagasta ha logrado la detención de tres sujetos que contaban con talleres dedicados a la fabricación de armas de fuego y la modificación de pistolas de fantasía para disparar munición real. “Lo más preocupante es que el tema de las armas está relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes y las bandas”, manifestó el fiscal regional, Alberto Ayala. El persecutor explicó que, si bien el número de causas asociadas a estos hechos no aumentaron producto de la pandemia, sí es posible apreciar un incremento de la violencia en estos ilícitos lo que, a su juicio, “requiere de un apoyo sustancial en recurso humano, tanto para las fiscalías como las policías”.
El viernes pasado, el Ministerio Público junto a la Brigada de Robo de la PDI detuvo a 12 personas durante una investigación que tenía como objetivo arrestar a un individuo dedicado a la fabricación y modificación de pistolas de diferentes calibres. Durante los allanamientos encontraron armamento, municiones, dinero en efectivo y varios kilos de droga. En octubre del año pasado, el OS9 de Carabineros realizó un procedimiento similar al detener a un sujeto que modificaba pistolas de fogueo para disparar balas reales, instancia en la que también encontraron droga. En el 2019, una investigación del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo (Sacfi) de la Fiscalía en Antofagasta, concretó la detención de un armero, quien poseía un arsenal de armas y un sofisticado taller para adaptar armas de fantasía a munición convencional. Todas las pesquisas revelaron que los detenidos se dedicaban a la venta de pistolas a terceros que ejecutaban delitos de droga o que involucraban violencia.
Frente a estos casos que se registraron en la ciudad, el fiscal regional Alberto Ayala expresó que se trata de una cuestión alarmante, aunque no solo a nivel de Antofagasta. “Además, lo más preocupante es que este tema de las armas está relacionado con otros ilícitos penales, como el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y las bandas. La fiscalía de Sacfi está trabajando en especial estos temas y claramente la policía requiere de más recursos”, advirtió.
Ayala sostuvo que acaba de publicarse la nueva ley de control de armas, lo que constituirá un instrumento más eficaz, ya sea para tareas preventivas por parte de la autoridad administrativa, como para hacer una labor más persecutora por parte del Ministerio Público. “Es evidente que no podemos soslayar el tema y las nuevas autoridades tendrán que darle un tiempo especial, junto con la regularización migrante, porque tenemos a muchos de ellos asociados a la tenencia de armas y la comisión de delitos graves”, detalló.
- El Ministerio Público en la región hace en los últimos años, con el fiscal de Sacfi Juan Castro Bekios, comenzó a advertir el aumento de la presencia de armas de fuego, tanto en tenencia, en participación de delitos y casos donde existen fabricantes. Frente a este nivel de coordinación, ¿tienen todos los recursos humanos y técnicos o requieren de más ayuda para perseguir estos ilícitos?
Nosotros tenemos lo mínimo para investigar en este y otros delitos. El número de causas y la complejidad de los ilícitos penales y las modalidades con las que se están cometiendo -que tal vez no aumentaron en número producto de la pandemia- pero sí en el grado de violencia, requieren de un apoyo sustancial en recurso humano, tanto para las fiscalías como las policías. Este es un hecho objetivo y que también requiere, y lo señalé en mi cuenta pública, una policía no solamente más numerosa, necesitamos restructurarlas en su proceso formativo para especializar a los funcionarios en la investigación de hechos criminales de mayor complejidad. No podemos seguir trabajando con técnicas de investigación que no están acorde con los tiempos y con poco personal.
- ¿Ha tenido la oportunidad de manifestar estas inquietudes a la autoridad política local y nacional?
Esto lo manifesté al fiscal nacional (Jorge Abbott) tratando de conseguir recursos, pero éstos vienen por ley y estoy intentando conseguir un par de abogados a honorarios para Sacfi. No ha sido posible conseguir esos recursos desde el nivel central, ahora todo tiene que venir con proyectos que tendremos que desarrollar de forma especial, aunque eso tampoco garantiza que vamos a tener más gente.
Tuve una muy buena reunión con el gobernador regional, Ricardo Díaz, quien me pidió una audiencia y quedamos de analizar esto con mayor detención una vez que asuma el nuevo delegado presidencial, que todavía no sabemos quién es, para comenzar un trabajo en conjunto. También tuve una reunión vía Zoom con el gobernador regional, el general de Carabineros de la zona, el prefecto de la PDI y también estuvo la presidenta del Senado (Ximena Rincón), para hacer un análisis de los delitos más graves en la región y ella estaba muy preocupada y quería saber qué modificaciones legales podían efectuar desde el Congreso para que la labor persecutora sea más efectiva. Quedamos de entregar un informe durante las próximas semanas.
Esperamos a las nuevas autoridades que sean nombradas, porque si bien somos autónomos e independientes, por nuestra experiencia de más de 20 años persiguiendo delitos, estamos a disposición, como también lo hemos estado con las actuales autoridades, para todas aquellas políticas que vayan en beneficio de la sociedad.
- Sacfi fue creada para investigar esta clase de delitos, pero ¿cree que con la evolución de cómo se cometen los hechos, estas unidades van quedando pequeñas, que requieren de más herramientas?
Absolutamente, necesitamos abogados, analistas, eso es una realidad, pero lamentablemente las dotaciones del servicio público se establecen por ley y es lo que tenemos. Además de esto, tenemos el problema de la pandemia que afecta a todos y a los funcionarios públicos, por eso tenemos a la mitad de la gente como contacto estrecho u otros derechamente con licencia. El trabajo se nos resiente, sin embargo, el compromiso se mantiene y esperamos que pase el periodo estival para ver cómo enfrentamos los desafíos del 2022.
