Hace unas semanas, el desahucio de Maricarmen Abascal sacudió a España y la noticia trascendió a América, llegando a la prensa chilena y desatando múltiples debates en torno a la crisis de vivienda que, como vemos, no es un problema exclusivo de Chile. Apenas 15 días después, el caso da un giro lamentable con el fallecimiento de Maricarmen.
Y aunque son casos distintos, es imposible no encontrar cierto paralelismo con la lamentable historia que vivimos en Antofagasta hace poco menos de 3 años, terminando con la partida de Sara Levancini el mismo día en el que se cumplía el plazo pactado para el desalojo del hogar que había construído en la Meseta Norte de Coloso.
Dos mujeres dentro del rango etario que las define como adulto mayor. Dos sentencias que dictaban la salida del lugar que habían hecho su hogar. Dos casos diametralmente distintos en cuanto a lo jurídico y lamentablemente similares respecto a su desenlace. Dos despedidas que abren la puerta a muchos cuestionamientos sobre cómo estamos haciendo las cosas.
En contextos como el que vive actualmente Antofagasta, donde la institucionalidad promueve activamente los desalojos, estos casos no pasan inadvertidos y nos recuerdan que ante la dignidad humana la indiferencia es inadmisible.
No pretendo negar el legítimo derecho que tiene el propietario de un inmueble de hacer uso de él como lo estime conveniente, pero me gustaría invitarles a reflexionar sobre dónde termina la ley y donde empieza la humanidad. Si lo jurídico protege el fondo, ¿qué garantiza las formas?
“Sin destino fijo” un trabajo publicado por el Centro de Estudios de TECHO-Chile en agosto, analizó la trayectoria habitacional del 30 familias desalojadas de cinco campamentos de la Región Metropolitana y nos entrega resultados reveladores: cerca del 80% de los hogares volvieron a situaciones de precariedad habitacional tras el desalojo, como campamentos, arriendo sin contrato y allegamiento.
No se trata de demonizar los desalojos, porque es muchos casos son la única forma de proteger la vida de familias y comunidades instaladas en zonas de potencial riesgo, lo que urge es robustecer el acompañamiento previo y posterior a los hogares para que exista una solución habitacional y no solo un desplazamiento de la necesidad.
Las soluciones y garantías de un debido y digno proceso deben discutirse antes de ejecutar las sentencias y no después de que las familias quedan en la calle porque esto, como hemos visto, puede impactar en el bienestar de las personas y si estamos dispuestos a sacrificar a unos para que prevalezcan los derechos de otros, no somos diferentes a algunos personajes que nos ha dejado la historia.
En la región tenemos ejemplo de una muy buena práctica alternativa que está funcionando y que vale la pena mirar. Me refiero a los barrios transitorios en La Chimba, que ofrecen una opción intermedia a las familias y permite que el vínculo comunitario se sostenga mientras enfrentan un desalojo y se instalan temporalmente hasta conseguir una solución habitacional.
Según la última alocución del Presidente Kast tras el paso del niño en la región, el estado cuenta con una gran superficie de terrenos y la voluntad de sacar a las familias de los asentamientos expuestos a riesgos con soluciones habitacionales definitivas. Entonces, ¿qué falta para que avancemos?
Un Plan Integral de Vivienda y Urbanismo con una meta 40% por debajo de lo proyectado en el plan anterior para la región, no parece ir en esa línea. No basta con reconocer la urgencia de la crisis habitacional si, al mismo tiempo, reducimos las metas con las que pretendemos enfrentarla. Antofagasta necesita una política habitacional que entienda que detrás de cada desalojo hay una pregunta que no puede seguir siendo eludida: ¿dónde va a vivir esa familia después?
