En el caso Adaro, se condenó por Fraude a Fisco a personas que, simulando labores falsas para el Directorio de la CMDS, eran activistas políticos que desempeñaban sus funciones en dependencias de la I. Municipalidad de Antofagasta, hasta con correos institucionales. En el Caso Rojo, Los tribunales fueron más allá. Declararon que no era relevante la ejecución de los trabajos (que se acreditaron) ni existencia de una simulación, sino que la “finalidad” de tales labores. Hoy, los autodenominados guardianes de la superioridad moral y ética van al banquillo, sobre la base de imputaciones que aumentan día a día conforme se descubren nuevos antecedentes. Es deber de la Fiscalía investigar todas las circunstancias de estos hechos, y si hay mérito, presentar un caso a la Justicia para su debido juzgamiento, sea que éste fuere fraude al Fisco, malversación, negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho u otros tipos penales.

Sin embargo, lo que no debe pasar inadvertido, es el mecanismo por el cual se desencadena este escándalo. Una denuncia interna de una asociación de funcionarios, que nadie quiso oírla. Los únicos que le dieron la seriedad que corresponde fue este medio, quien realizó un trabajo de pesquisa y la presentó a la opinión pública. Llama poderosamente la atención que ningún mecanismo de “control” formal interno de la administración del Estado haya alertado sobre esta situación, cuestión que resulta altamente preocupante si se tiene presente que en cada repartición existen los profesionales que están para alertar de estos hechos. Tampoco a la Contraloría le llamó la atención esto “convenios”, que deben pasar por un trámite de “Toma de Razón”, es decir, de examen legalidad. En términos simples, todos los obligados a fiscalizar miraban al techo, mientras se suscribían estos convenios.

Hoy estamos en el frenesí. Todos se disputan la bandera de la probidad, transparencia y pro actividad para “perseguir” estas prácticas. El MINVU envió “equipos” de investigación, la Contraloría “congeló” tramitaciones administrativas para “revisar”, el SERVEL comenzará procesos de fiscalización, etc., todo lo cual parece más una batalla comunicacional, que una genuina vocación de probidad. Nadie hizo nada, a pesar que hay antecedentes desde el año 2014 de convenios con Fundaciones que derivaron en fraude al Fisco en la región de Valparaíso, por ejemplo.

Una H. Senadora aparece emplazando a una H. Diputada para que renuncie a su fuero, pero nada dijo cuando su amigo, SEREMI, Intendente y luego Subsecretario estuvo en entredicho por sus actuaciones como funcionario público, por su relación con un empresario que, al igual que la Fundación, tenía habilidades para ser contratista de Obras Públicas, y luego proveedor de mascarillas, lo que lleva sin duda a preguntar, más allá de lo legal, que si es aceptable -en momentos que morían decenas de personas diariamente en Chile por la pandemia-, si se pueden hacer negocios y por montos suficientemente relevantes como para pensar que hubo tráfico de influencias. No recuerdo que haya realizado un punto comunicacional, anunciando que renunciaba a su fuero para que la pudieran investigar libremente.

Hoy la H. Diputada, vestida de blanco, en vez de concurrir a declarar ante el Fiscal, manda un video con su versión, presentando su teoría alternativa, que cada vez es más frecuente: “Nosotros no cometemos delitos, cometemos errores”.

En medio de este torbellino, en un caso de alto impacto comunicacional, (salvo el CDE, que tiene razones legales), comenzarán a aparecer “querellantes” de un lado y otro, con un amplio despliegue comunicacional, invocando nobles razones para participar de este caso y buscar las máximas sanciones para los responsables. Pues bien, dichos sujetos, más que pretender ser unos verdaderos intervinientes en el proceso penal y ayudar a la Fiscalía, regularmente se transforman en elementos que entorpecen investigaciones, filtran información, concurren a matinales, etc. buscando protagonismo político, pues resulta muy frecuente constatar que una vez obtenidos sus designios, dejan las causas “botadas” o simplemente cuentan mal los plazos y quedan fuera de los juicios por ineptitud.

Esperemos que la investigación que desarrolle y conduzca la Fiscalía sea la que pueda desentrañar si en estos hechos hay un verdadero esquema de recaudación para pago de activistas que se despliegan “en el territorio” con fines políticos y pagados con fondos del Estado, o si como dicen los que enarbolaron las banderas de la superioridad moral, está todo en regla y sólo fue un “des criterio” político.

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