Uno de los asuntos más preocupantes para las policías chilenas es el incremento y arribo de mafias extranjeras en el negocio de la venta de drogas.

A modo de ejemplo, hay certeza en el Ministerio Público y el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (Dipolmar) de la Armada, de que el Cartel mexicano Jalisco Nueva Generación ya opera en Chile.

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Colombia, Bolivia y Perú aparecen como los principales países abastecedores de sustancias ilícitas.

Si bien, la Región Metropolitana es la zona con la mayor cantidad de detenidos por Ley de Drogas: 3.414, son las regiones nortinas las que tienen los mayores indicadores proporcionales. Arica y Parinacota suma 938 reclusos; Tarapacá, 1.386; Antofagasta, 905. Valparaíso, en tanto, suma 1.103.

Por nacionalidad, los chilenos y chilenas son amplia mayoría con 8.261 reos (73,6%). Le siguen los bolivianos con 1.218 (10,8%); colombianos con 799 casos (7,1%) y peruanos con 235 (2%), de acuerdo a los datos entregados por Gendarmería a Timeline (Noviembre 2022).

Como fue publicado en una nota de este mismo medio, en Chile hay 5.093 extranjeros reclusos por delitos asociados a la Ley 20.000, lo que implica un gasto anual para el Fisco de unos 77 millones de dólares anuales.

Como fue dicho, se trata de un problema creciente. El aumento del tráfico y los decomisos queda en evidencia con las estadísticas disponibles en el VII Informe Anual Observatorio del Narcotráfico elaborado por el Ministerio Público.

Por ello es inquietante el aumento en el número de extranjeros detenidos, buena parte de los cuales se vincula a estos ilícitos. En enero de 2019 había 3.379 internos en las cárceles nacionales, en enero de 2022 la cifra creció a 3.941 y en octubre de 2022 alcanzó los 5.093 reclusos.

Los ejemplos abundan. Hay un pronunciado aumento en las incautaciones de dinero a las organizaciones para el narcotráfico, incluyendo a grandes, pequeñas, o simples agrupaciones, las que pasaron en apenas un quinquenio, de $1.600 millones en 2016, a casi $4.810 millones en 2021(U$1,8 millones a U$5,8 millones).

El comportamiento es similar en lo referido a incautación de automóviles del narcotráfico. En un año, la captura de vehículos, pasó de 666 unidades en 2020 a 914 en 2021.

Asimismo, la incautación de Ketamina subió de 133,285 kilos a 276,820 kilos entre 2020 y 2021, mismo fenómeno que se ha repetido con otras drogas como la cocaína, pasta base y marihuana.

Fuentes consultadas en el Ministerio Público y la Policía Marítima dan cuenta que la complejización del tráfico es uno de los fenómenos más llamativos del último tiempo. Un caso es lo que ocurre con la marihuana cripy (de mayor poder alucinógeno que la natural), que es exportada desde Colombia, pero en operaciones dirigidas desde México por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Lo que hasta ahora se sabe, es que Colombia provee la droga, los carteles mexicanos la compran o se asocian en el negocio y se encargan de la exportación. Asimismo, son traficantes mexicanos o colombianos quienes reciben la droga en Chile. Los “dealers” o vendedores nacionales recién aparecen en los negocios de venta final, es decir, no están en el corazón de estos delitos.

¿Pero por qué Chile se ha vuelto tan atractivo? La principal razón tiene que ver con que el país se ha consolidado como uno de los principales países consumidores de drogas y el precio pagado por la misma es el más alto de Latinoamérica. A modo de ejemplo, las utilidades en Chile de una tonelada de marihuana cripy, proveniente de Colombia, equivalen a cinco o seis veces lo que se paga, por ejemplo, en el mercado de Brasil.

Otro fenómeno es que el país se está volviendo más interesante para la exportación de estupefacientes a Europa. Hasta ahora, esa labor es realizada desde Perú, en especial de los puertos de Ilo y Callao. Sin embargo, se ha observado que traficantes incaicos están robando parte de la mercancía a los grupos colombianos y mexicanos. De allí que estas mafias comienzan a mirar con cada vez más interés usar los terminales marítimos nacionales para concretar los envíos al Viejo Continente, citaron fuentes consultadas de la Dipolmar.

Reacciones dispares

El diputado (RN) José Miguel Castro ha analizado el asunto y presentó un proyecto de modificación del Código Penal, para obligar a los reclusos a su manutención en los establecimientos penitenciarios, es decir, obligarlos a trabajar para reducir la carga fiscal que significan para el resto del país, considerando que hasta hoy ello no es obligatorio.

En concreto, Castro pide modificar el artículo 32 por lo siguiente: “Las penas de presidio, prisión y reclusión llevan aparejada la obligación del condenado de contribuir con su manutención en el establecimiento penitenciario en el que se encuentre interno…”.

Castro también estima que de esta forma también se contribuiría a la resocialización de los condenados.

El diputado (IND.) Jaime Araya también estimó que el “enorme costo fiscal que tiene el cumplimiento efectivo de penas de cárcel en delitos de la Ley 20.000, obliga a repensar estrategias de mediano y largo plazo, para prevenir el ingreso de nuevas personas a dicho mundo”.

“Es una reflexión pendiente, pero también se necesita una agenda de medidas inmediatas para impedir la deserción escolar, teniendo presente que la desescolarización es un factor de riesgo de ingreso al mundo del delito. En tal sentido, el Estado debiera invertir de manera espejo, en medidas de prevención y rehabilitación, la misma cantidad que le cuestan las personas privadas de libertad”, detalló el parlamentario.

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