Unos 167 millones de dólares anuales le cuesta al Fisco de Chile mantener a los poco más de 11 mil privados de libertad por delitos asociados a la Ley de Drogas.

Se trata de una cifra en aumento, según lo explicita la Base de datos del Sistema de Internos de Gendarmería de Chile; realidad que va en directa relación con el incremento del tráfico de estupefacientes en el país.

Y hay otro dato interesante: hay 5.093 extranjeros reclusos, lo que implica que en este ítem el costo estatal ascendería a unos 77 millones de dólares anuales, de acuerdo a los antecedentes entregados por Gendarmería y el Ministerio de Justicia, vía Transparencia Activa, a Timeline.

En la actualidad, bien puede decirse que una de cada cuatro personas privadas de libertad en el país está ligada a delitos vinculados con la Ley 20.000 y todo indica que son números crecientes.

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Gasto en aumento

Según Gendarmería, el gasto por interno promedio para el año 2021 en el sistema penitenciario llegó a $810.946 ($386 mil millones de ejercicio presupuestario de enero a diciembre), considerando un total de 39.676 personas de población penal.

Pero hay diferencias entre los subsistemas “cerrado tradicional” y “cerrado concesionado”. El primero registró 23.968 reclusos en 2021 y el costo promedio mensual por cada persona alcanzó $1 millón 16 mil 245, lo que equivale a poco más de $12 millones anuales.

En tanto, el subsistema cerrado concesionado suma 15.708 reos, con un costo de $497.691, considerando solo el gasto efectuado por Gendarmería. A esto debe sumarse el desembolso realizado por Ia Subsecretaría de Justicia en el Programa de Concesiones, el cual asciende a $403.358 por reo. De esta forma, el costo promedio en este subsistema llega a los $901.049 mensuales, precisan las respuestas entregadas por el Ministerio de Justicia.

Por esta razón, cada preso le cuesta al país casi un millón de pesos al mes, es decir, cinco veces más que la pensión promedio de una mujer y 3,5 veces más que la pensión de un hombre. Con esta información, considerando la totalidad de la población carcelaria estimada de casi 40 mil personas, el gasto fiscal anual podría superar levemente los US$ 600 millones cada año.

El subsistema más costoso es el semi abierto y alcanza un costo promedio de $1.683.211 mensuales (664 personas en esa condición) y los más baratos son los subsistemas Abiertos, por un costo per cápita de $193.987 (población de 44.921) y el subsistema Postpenitenciario, por un valor promedio de $161.108 mensuales (población de 18.186).

Respecto de las cárceles privadas, la Concesión Programa Penitenciario Grupo 1 considera los recintos de La Serena, de mediana seguridad, en tanto que en Alto Hospicio y Rancagua se emplazan los de alta seguridad. La Serena tiene una capacidad para 2.318 detenidos, Alto Hospicio para 2.351 y Rancagua de 2.365.

La Concesión Programa Penitenciario Grupo 2 considera los recintos de Antofagasta (mediana seguridad) y Concepción (alta seguridad): Antofagasta tiene capacidad para 1.160 detenidos mientras que Concepción para 1.189.

La Concesión Programa Penitenciario Grupo 3 considera el Establecimiento Penitenciario Valdivia (mediana seguridad) con una capacidad de 1.747 internos, Puerto Montt (mediana seguridad) para 1.743 internos y Santiago (alta seguridad) para 4.000 detenidos, detalla la información de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.

El problema o dilema es que el aumento de la población carcelaria no parece ser la solución. De acuerdo a datos de la Fundación Kalen, la población penitenciaria aumentó en un 15% entre 2021 y 2022. Y del total, casi un 40% se encuentra en calidad de imputada, es decir, su causa se encuentra en investigación.

El sistema carcelario chileno cuenta con 83 unidades y según el Instituto de Derechos Humanos, 45 tienen un nivel de ocupación que excede su capacidad (datos de 2022) y uno de los casos más graves es Taltal (los otros recintos regionales están en Calama y Tocopilla, además de la Antofagasta).

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