El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, comunicó directamente al ministro de Vivienda una decisión unilateral del Serviu durante la adjudicación de un convenio entre esa entidad y el Gobierno Regional (Gore). Díaz explicó que el organismo licitó la construcción de casas por un valor sobre lo acordado entre ambas reparticiones, lo que en la práctica significará un recorte de cinco mil viviendas en la planificación inicial.
El jefe regional indicó que puso al tanto de la situación al ministro Iván Poduje y le manifestó que “era muy irregular. Él está pidiendo la información, porque quien tendrá que explicar a las familias que se están sacando del convenio y que no podrán acceder a estos beneficios será el Serviu”.
Díaz detalló que existe un convenio de programación entre el Gore y el Serviu para la construcción de 8.733 soluciones habitacionales, trabajo pactado en el documento “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”. Como todo convenio, agregó el gobernador, necesita un acuerdo de las partes para adjudicar, porque en él se establece un monto máximo en que el Gore concurrirá con recursos y un monto máximo con que el Serviu entregará subsidios.
“En la conversación con el Serviu se nos comunicó (ayer) que ellos habrían aceptado una licitación por un valor tres veces superior al que habíamos establecido en el convenio. Eso no corresponde, puesto que significa un incumplimiento del convenio al adjudicar a un precio mayor las viviendas en el sector de La Chimba, sin considerar si estábamos dispuestos o no a aceptar ese valor”, cuestionó el jefe regional.
Lo complejo, agregó, es que esa adjudicación encarece enormemente el costo de las viviendas y hace que, finalmente, no sea posible acceder a las 8.733 viviendas esperadas, sino que simplemente a 3.268. El gobernador llevará estos antecedentes a la Contraloría, ya que se trata de un acto que perjudica las pretensiones del Gore, que era acceder a la mayor cantidad de cobertura con este convenio.
“Contraloría tendrá que levantar una investigación respecto a lo que ocurrió. En general, responde a los 15 días hábiles, pero aquí va a tener que pedir antecedentes a Serviu respecto de cómo adjudicó, ya que es bastante extraño que se haya hecho a un valor por sobre lo previsto”, señaló Ricardo Díaz.
¿Esperaba conocer una decisión de este tipo en la presentación de la adenda del convenio? ¿Lo lógico no habría sido socializar mucho antes lo que estaba pasando con el convenio?
Obviamente, porque al firmar un convenio, si se tomará una decisión sobre un aspecto u otro, la idea es que sea en acuerdo con la unidad que está pagando. Y eso es lo que a nuestro juicio no ocurre. Aquí se hace una adjudicación sin consensuar el valor del costo final de las viviendas, y eso es lo complejo.
A pesar del cambio de gobierno y de autoridades regionales, los equipos técnicos que levantan los proyectos son los mismos. La diferencia es menos de la mitad de lo proyectado en el convenio. ¿Quién debe hacerse responsable o entregar una solución a las familias que esperaban estas viviendas?
El ente encargado de resolver el tema de vivienda es el Serviu. Si concurrimos con un convenio sobre la base de la información que nos entregaron sobre los valores previstos que costarían las viviendas, es porque ellos son el ente técnico que valida y autoriza esos precios. Sin embargo, aquí llega el gobierno con el mismo discurso, culpando al gobierno anterior, pero finalmente son cinco mil viviendas menos que se estarían entregando. Por lo mismo, exigimos al Serviu que nos dé garantías. Si estiman que el valor de vivienda es mayor, debieran hacerse cargo de esas cinco mil viviendas comprometidas en el convenio y que hoy no se cumplirán.
Serviu ya concretó una licitación antes de comunicárselo al Gobierno Regional que aportó casi 90 mil millones de pesos. ¿Qué impresión le deja la manera con la que se maneja esta situación?
Lo que se está planteando es que cuando se adjudica el convenio, en el fondo va en detrimento de los valores máximos que el Gore estaba dispuesto a pagar por vivienda. Y pretende el Serviu que aceptemos reducir la cantidad de viviendas que serán financiadas con este convenio. Nos propone seguir pagando lo mismo, 90.000 millones de pesos, pero construir menos viviendas, unas tres mil viviendas en lugar de 8.900 y eso claramente no lo aceptaremos.
Por convenio, el Gobierno Regional tenía que ser informado de este tipo de situaciones. ¿Cree que de alguna manera esto altera la confianza o la buena fe entre las instituciones?
Obviamente, y es por eso por lo que llevamos el convenio a Contraloría, puesto que es una transferencia de fondos auditada y autorizada por Contraloría. Entonces, lo que hay que hacer es transparentar si corresponde o no que el Serviu unilateralmente pretenda reducir la cantidad de beneficiarios del convenio.
Probablemente la discusión se reducirá a la presentación de planillas de costos. En ese contexto, ¿espera que la autoridad central presente una solución para las familias?
Me comuniqué con el ministro de Vivienda, lo puse al tanto de la situación y le manifesté que era muy irregular. Él está pidiendo la información, porque quien tendrá que explicar a las familias que se están sacando del convenio y que no podrán acceder a estos beneficios será el Serviu. Ellos son los que tomaron la decisión unilateral de adjudicar unos precios de vivienda por sobre el costo que tenía por el convenio.
