Esta semana, el senador Pedro Araya Guerrero se reunió con el Sindicato de Artes Escénicas (Sidarte) de Chile, que agrupa a casi 60 socios y socias en la región de Antofagasta, en virtud de los reparos que tiene el gremio con respecto a la llamada Circular 20.
“Entendemos que tras el caso convenios, que involucra a militantes y exmilitantes de RD, el Gobierno haya optado por modificar ciertos mecanismos para acceder a los fondos que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las artes. No obstante, esto no puede conllevar un perjuicio o a entorpecer el trabajo que, con mucho esfuerzo y durante varios años, efectúan, de manera ordenada, transparente y responsable actores, actrices, audiovisuales, productores y todos quienes efectúan una labor impecable para el desarrollo de la cultura”, indicó el legislador, quien se comprometió a exponer y defender la postura del gremio en la discusión del presupuesto 2024 en la Cámara Alta.
En este sentido, durante la reunión con el senador y los representantes de Sidarte expusieron que algunas de las observaciones tienen que ver con el retroceso en materia de financiamiento de iniciativas plurianuales. Asimismo, se hizo hincapié en que el nuevo instrumento del gobierno pondría fin a la glosa que permitía la asignación de hasta un 8% del presupuesto regional para el respaldo económico de proyectos culturales, deportivos, de seguridad, entre otros.
Al respecto, la presidenta nacional de Sidarte, Paola Lattus, señaló que la Circular 20 genera una serie de restricciones a los programas y fondos que ejecuta el Ministerio de las Culturas y las Artes, estableciendo un sistema de garantías que supera la capacidad de la mayoría de las organizaciones. “Establece otra serie de trabas que desconocen las características y condiciones en que se desarrolla la actividad artística y cultural del país”, manifestó la actriz antofagastina.
En este contexto, según Sidarte, otros de los problemas se generarían por un doble estatuto en la regulación de transferencia, en atención a que son varias las líneas de concurso a las que pueden postular, no solo personas jurídicas, sino también naturales, a las cuales les resulta imposible aplicar algunos de los nuevos requisitos.
