Cerca de una década atrás y en su etapa como persecutor de homicidios, el fiscal regional Juan Castro Bekios notó estadísticamente que las manifestaciones de la criminalidad comenzaban a experimentar un cambio. En Antofagasta lo habitual era registrar entre diez y 12 homicidios al año, sin embargo, esas cifras crecieron hasta llegar a los 30 crímenes. Junto con ello observó que aumentaba la participación de las armas de fuego en los homicidios. En ese momento se utilizaban en uno de cada cuatro de delitos ese tipo y, ahora, la participación subió hasta el 37%.
“Para quienes conocemos un poco la dinámica criminal del país, sí hubo algunas señales”, afirmó el fiscal regional sobre la presencia del crimen organizado y su incremento sostenido.
Este año, el Ministerio Público ejecutó dos grandes operativos en campamentos de la ciudad, procedimientos en los que desarticularon dos bandas compuestas por extranjeros que extorsionaban a los vecinos de los asentamientos, además de cobrar por los servicios básicos, cometían otros ilícitos como homicidios, secuestros, torturas y tráfico de drogas.
En todo este contexto, la gran preocupación de Castro Bekios es la corrupción vinculada al crimen organizado y dijo que lejos de exagerar, lo que está en peligro son las bases de la institucionalidad. “Por eso el combate al crimen organizado es tan importante, porque tiene por objetivo para funcionar permear las instituciones del Estado y cuando se permean las instituciones, ante la ciudadanía pierde legitimidad. Si las instituciones pierden legitimidad, nuestro sistema democrático también la pierde”, advirtió.
El nuevo elemento que uno puede observar ahora es la presencia en Antofagasta de organizaciones de origen venezolano. En Calama ya había organizaciones de origen venezolano, la ciudad fue más permeable porque la presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana no era tan fuerte como acá. En Calama empezaron a operar a lo menos notoriamente y ejerciendo violencia antes que en Antofagasta.
Es un trabajo bastante complejo que requiere mucho tiempo y que por lo tanto necesita que luego de eso, las demás instituciones del Estado en sus distintas áreas se reapropian nuevamente de esos territorios para que no vuelvan a ser tomados por la organización criminal que está en el cerro al lado. Las hay, que es lo peor de todo y a algunas las tenemos identificadas y trabajamos con cada una de ellas, porque no podemos ir detrás de todas a la vez, porque los recursos son escasos.
Se veía venir
Castro Bekios asegura que al menos hace 10 años habían señales de un cambio en la nueva criminalidad, impulsada principalmente por delincuentes que replicaron en territorio nacional las formas de organización que tenían en sus países de origen.
«Si uno lo ve desde la perspectiva de quienes hemos trabajado unos buenos años en el país y en distintas regiones con manifestaciones del crimen organizado, que se manifestaban solo a través del tráfico de droga, sino que también el tráfico de armas, algunos homicidios vinculado, creo que uno pudo observar ciertas señales de alerta de que la situación iba empeorando para llegar a lo que tenemos hoy. Y cuando digo ciertas señales, uno podría remontarse a unos diez años, cuando las manifestaciones de la criminalidad comenzaron a modificarse. Y eso, al menos en mi experiencia, es algo que pude observar alrededor de los años 2014, 2015 y eso se fue incrementando con el paso del tiempo».
Al respecto, cuenta el persecutor que el año 2005, la realidad criminal era muy distinta a lo que vemos hoy, cuando la mayoría de las organizaciones criminales tenían una conformación mayoritariamente de nacionales.
«Las más grande ubicadas en los centros urbanos más importante del país y eran dos fenómenos los que uno más podía observar, el tráfico de drogas y los robos a gran escala. Pero si uno veía la estructura de estas organizaciones eran todos ciudadanos chilenos. En el tráfico de drogas lo que se veía habitualmente era una organización que distribuía grandes cantidades de droga en la Región Metropolitana. Su sede estaba en alguna parte de esa región, en el sector sur, algunas partes del sector norte de Santiago y algunas otras en Santiago centro», señala.
Además, agrega que «las situaciones de violencia, si bien existían, no eran tan comunes, evidentemente que se producían quitadas de droga, algunos delitos de homicidio, pero normalmente vinculados en el fondo negocios ilícitos que terminaron mal. Tenían alguna razón dentro de la lógica criminal, pero esta situación fue modificándose bastante, lamentablemente y, que esto que en ningún minuto se piense que tiene que ver con una cuestión discriminatoria. No es posible el restarle importancia a las distintas oleadas migratorias que tuvimos como país. Ese fenómeno, querámoslo o no, tiene una parte importante en la modificación de la actuación de la actuación de las organizaciones criminales».
El cambio de las olas migratorias
El Fiscal Regional explica que las primeras oleadas migratorias que fueron muy marcadas en la región de Antofagasta habrán partido el año 2005, pero no generaron mayores problemas de criminalidad, porque eran personas que buscaban nuevas oportunidades y que lograron insertarse laboralmente de buena manera en la región. Pero el 2015 ese perfil cambió.
«La mayoría venía de una zona particular de Colombia, la región del Valle del Cauca y para ser más precisos de una ciudad puerto que se llama Buenaventura, que en la historia de la narcocriminalidad de Colombia siempre fue conocida como puerto de salida de droga a mercados internacionales y, por lo tanto, donde estaban instaladas organizaciones criminales desde hace mucho tiempo», agregó.
Castro Bekios asegura que cuando hablaba sobre estos temas en esa época en diversos medios de comunicación, estos no lograban imponerse en la agenda pública, y que incluso «se miraba como afirmaciones que podrían entenderse como discriminatorias, cuando jamás evidentemente había sido la intención. Uno cuando ve un fenómeno criminal tiene que observarlo de manera objetiva, podrían haber sido personas de cualquier parte o que incluso que nuestros propios nacionales hubiesen modificado su conducta criminal. Todos estos datos que, en ese minuto, si bien eran objetivos, estadísticas básicas, pude confirmarlas cuando me hago cargo de la Unidad de Análisis Criminal y comienzo a trabajar con profesionales que se dedican a la estadística e ingenieros que pudieron ir confirmando esos datos que fuimos develando a través de análisis y entrevistas».
Enfrentamiento de bandas en Antofagasta
Ante el riesgo que las bandas comiencen a enfrentarse en la ciudad por el dominio territorial, el Fiscal Regional asegura que «Antofagasta es una ciudad muy grande, sobre todo en términos de extensión, tiene a lo menos 30 km de largo, por lo tanto, lo que uno puede observar es que hay territorio suficiente para que, al menos por ahora, puedan “convivir” y ejercer dominio en territorios donde aún no están chocando las bandas de origen colombiano con las de origen venezolano. Las de origen colombiano ya han tenido sus propios conflictos y si uno recuerda, los aumentos de los delitos de homicidio que tuvimos en la ciudad de Antofagasta, la mayoría estaban vinculados al crimen organizado y normalmente recaían víctimas o victimarios de origen colombiano».
La Fiscalía analizó los homicidios ocurridos el 2022 detectando que las víctimas también eran de nacionalidad extranjera donde una proporción relevante tenían antecedentes por delitos vinculados a la ley 20.000 de drogas.
«Todos estos indicios permitían a lo menos tener una hipótesis razonable de que estaban vinculados al crimen organizado», indicó la autoridad.
La democracia está en juego
«El gran riesgo que podría hacer que Chile empiece a derivar a situaciones más complejas es la corrupción vinculada con el crimen organizado. El crimen organizado desde que existe y pensemos en las primeras organizaciones mafiosas en Italia, ni siquiera se dedicaban al tráfico de droga, sino a la extorsión o hacerse de ciertos mercados, siempre funcionó sobre la base de la corrupción. Esa siempre fue su herramienta para permanecer en el tiempo, la corrupción en principio de funcionarios de menor rango para garantizar pequeños espacios de impunidad, pero luego la corrupción a permear distintos niveles de la administración del Estado en general hasta llegar a los más altos niveles políticos», reflexiona el fiscal.
Además, destaca que «ese es el gran riesgo con el que debemos tener extremo cuidado, ahí es donde no podemos perderlo. Si la corrupción producto de la actividad de las organizaciones criminales llega al Estado, estamos realmente en riesgo de pasar a ese otro lamentable camino. Por eso el combate al crimen organizado es tan importante, porque tiene por objetivo para funcionar permear las instituciones del Estado y cuando se permean las instituciones del Estado, ante la ciudadanía pierde legitimidad. Si las instituciones pierden legitimidad, nuestro sistema democrático también la pierde y, por lo tanto, las bases de nuestra institucionalidad se ponen en riesgo, empiezan a tambalearse y terminamos o podríamos terminar como otros estados. Por eso es tan relevante y prioritaria la persecución del crimen organizado, no es porque uno quiera exagerar, es porque lo que está en peligro es la estabilidad de nuestras propias instituciones democrática».
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