El Presidente Sebastián Piñera ya nos tiene acostumbrados a guardar silencio en temas que le incomodan. Por ejemplo, ¿cuál es el plan de largo plazo en materia de Litio?, aparte del Instituto del Litio que venía desde el gobierno anterior no hemos escuchado una palabra al respecto. El tiempo sigue pasando y la ventana de oportunidades se irá cerrando si no tomamos un camino concreto que nos permita aprovechar ese recurso y dar un salto sobre todo en materia de valor agregado para un mineral con amplias ventajas comparativas en nuestro país.
De la misma manera, el silencio y la ausencia de señales concretas en materia de descentralización ya es intolerable, ahora vemos algunos parlamentarios oficialistas de regiones que se prestan “como carne de cañón” para presentar un proyecto que busca aplazar la elección de gobernadores regionales del 2020 al 2021. Es un golpe duro a quienes creemos en la regionalización. La excusa, “está muy atrasada la entrega de competencias”, ¿acaso mis colegas olvidaron sus facultades fiscalizadoras?.
Más indignante y hasta vergonzoso, es que el Ejecutivo, a través de una entrevista en La Tercera al Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, reconozca que recién en septiembre pasado iniciaron formalmente el proceso para sacar adelante los reglamentos para la implementación de la ley que fortalece la regionalización. ¿Y qué hizo desde marzo, sabiendo que la implementación de la ley es una tarea de este gobierno?¿Por qué no lo hizo antes?¿qué lo detuvo? ¿qué dice su jefe al respecto?, más aún cuando una de las características que siempre se destaca del mandatario es lo “trabajólico” que es, ¿qué pasó en este caso?.
Esta lentitud es intencional. No tiene otra explicación. Al gobierno no le interesa la descentralización, al presidente Piñera le incomoda la descentralización, ¿por qué?; ¿a quién no le conviene?; ¿serán motivos económicos o políticos?¿Cuáles son los cálculos electorales que está sacando Chile Vamos al respecto?.
Son muchas las preguntas y el gobierno tiene que empezar a responder, más aún cuando hay una ciudadanía que ampliamente apoyó en el 2013 la promesa de un intendente regional electo con voto popular. Quiero recordar que cuatro años se demoró la tramitación de la ley que nos permitirá en octubre de 2020, elegir por primera vez en nuestra historia al Gobernador Regional. Figura ejecutiva de la región, que presidirá el Consejo Regional y que además se deberá coordinar con los organismos y servicios públicos, para sacar adelante su gestión.
No fue fácil alcanzar este logro. Del Congreso fue despachado el mensaje en diciembre de 2017, cumpliendo así la promesa presidencial de Michelle Bachelet y que contó con el apoyo de los parlamentarios de los diferentes sectores políticos que conformaban el Senado y la Cámara en ese momento.
Coincido con que el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, quien señala que existe un cinismo transversal sobre la entrega de atribuciones a las nuevas autoridades regionales y que se dio durante la tramitación del proyecto. Pero ese cinismo hoy viene desde el propio Ejecutivo, el que tiene que sincerar hoy su posición en una materia en la que el presidente Sebastián Piñera –insisto- le incomoda, ya cuando era candidato había voces que señalaban que nunca le gustó el proyecto. Una vez electo y al confirmar el nulo avance en los primeros seis meses, queda más que clara su postura.
Según publicaciones de prensa, el Gobierno no tiene en carpeta aplazar la elección. Pero la estrategia habitual del Ejecutivo en materia legislativa es actuar a través de sus parlamentarios. Así es por ejemplo en el caso del reglamento de Objeción de Conciencia: al gobierno le incomoda la Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, pero como ya es ley y ante el pronunciamiento de Contraloría que ordenó un nuevo reglamento – que ya está en vigencia – son los parlamentarios oficialistas los que toman las banderas que el Ejecutivo no puede llevar y quieren modificar la ley a través del Tribunal Constitucional. En el caso de la Ley que fortalece la regionalización es igual. El mismo actuar, envía a parlamentarios para ver si hay agua en la piscina.
Y no la habrá. La descentralización de Chile y el empoderamiento de las regiones es algo que nos une como oposición, pero también une a los verdaderos regionalistas de centro y de derecha. Por lo tanto, defenderemos y exigiremos que estén los recursos en la Ley de Presupuesto 2019 para el pleno funcionamiento de la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización y de la Ley Orgánica Constitucional que regula la elección de los Gobernadores Regionales, promulgadas en febrero de este año. De manera que quien gane la elección en octubre de 2020 y asuma el 06 de enero de 2021, tenga poder de gestión real. En la discusión y votación deberá quedar claro quienes están comprometidos realmente con el tema.
Creo que es importante recordar que para el funcionamiento de esta nueva institucionalidad, se crean tres nuevas divisiones en los gobiernos regionales: Fomento Productivo e Industria; Desarrollo Social y Humano; e Infraestructura y Transporte. Lo preocupante, es que incluso en las discusiones de las comisiones mixtas de presupuesto, los recursos para estas divisiones no estaban asegurados. Las próximas dos semanas serán claves, y el gobierno tiene que responder por las dudas que nos deja su actuar.
